Julio Rivera Claverí­a

Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica CEESC

El desborde de las acciones de violencia y delincuencia que se vienen registrando a todo lo largo del paí­s, es una señal inequí­voca de que las polí­ticas, planes y acciones de seguridad y justicia que el Estado tiene en vigencia, no han sido exitosos. La delincuencia y la violencia en lugar de disminuir va en aumento, esto debe interpretarse como un fracaso de todas las instituciones de seguridad y justicia, principalmente de las autoridades del Ministerio de Gobernación, quienes son los responsables de la seguridad, del Organismo Judicial que presenta muchas fallas en el proceso de aplicación de la justicia, y del Ministerio Público que no ha podido establecer un proceso de trabajo efectivo y contundente en las investigaciones criminales.

Guatemala enfrenta la más grave crisis de seguridad y justicia desde la firma de los Acuerdos de Paz, ésta se ve reflejada en la desconfianza que la ciudadaní­a tiene de la Policí­a Nacional Civil, Ministerio Público, Sistema Penitenciario, Defensa Pública, Organismo Judicial. La crisis ha generado la percepción ciudadana de que en los temas de seguridad y justicia no existe al momento ningún norte que dé alguna esperanza que en el futuro cercano se pudiera mejorar la situación.

En los temas de seguridad y justicia, Guatemala se ha convertido en un laboratorio en el que algunos organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales ejercen presión a los gobernantes de turno para que se operen cambios en esos sectores, normalmente proponiendo figuras legales o instituciones que funcionan en otros paí­ses, pero que para la realidad guatemalteca no son apropiadas, en otras palabras se trabaja a prueba y error con escasos resultados. Aunado a lo anterior, el Estado está financieramente empobrecido, con instituciones muy debilitadas, penetradas por el crimen organizado y por la corrupción.

De esa cuenta resulta importante plantear una reforma policial que debe de constituirse en la principal estrategia para mejorar la seguridad pública en Guatemala, sin olvidar que es vital para el éxito de esta, iniciar paralelamente la reforma del sistema de justicia para lograr una reforma integrada y equilibrada, y que a la vez sea percibida por la sociedad como un bien público; es decir un bien que beneficie a toda la sociedad y no a un sector especí­ficamente.

Actualmente la PNC concentra varias funciones que la distraen de su objetivo principal, por lo que considero conveniente que ésta se dedique exclusivamente a la prevención y represión del delito para preservar el orden y la seguridad pública. Es recomendable permitir que la función de investigación criminal sea elevada de Subdirección a Dirección General para depender directamente del Ministerio de Gobernación, y realizar las funciones de auxiliar del Ministerio Publico, tal como lo especifica la ley; en igual forma se recomienda que la Secretarí­a de Análisis de Información Antinarcótica (SAIA) y la división de Puertos y Aeropuertos, se eleven a nivel de Dirección General, para quedar directamente bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación y no del Director de la PNC, es importante resaltar que las tres propuestas a Dirección General, tienen un eje transversal en común, la investigación criminal.

Pero para que el Ministerio de Gobernación pueda garantizar el buen funcionamiento y cumplimiento de las funciones de las Direcciones Generales propuestas, es necesario crear la Inspectorí­a General del Ministerio de Gobernación para jerarquizar las funciones de control, supervisión y fiscalización de los recursos de las diferentes dependencias del Ministerio; igualmente debe de fortalecer todo lo relativo a las actividades de planeación, por lo que se recomienda crear la Secretarí­a de Planeación del Ministerio de Gobernación, para integrar y centralizar la planeación, así­ como descentralizar la ejecución de los diferentes planes al facilitar la evaluación, supervisión y control.

Para darle consistencia y continuidad a la propuesta de reforma al sector seguridad, es de vital importancia la implementación del Sistema Nacional de Seguridad, que define el conjunto coherente de polí­ticas, estrategias, principios, objetivos, planes, procedimientos, organismos, responsabilidades y funciones de los componentes del Estado para contrarrestar en cualquier momento toda amenaza, riesgo, peligro o agresión de carácter interno o externo que comprometa la integridad territorial y el orden constitucional.

En el caso del sector justicia, resulta vital fortalecer la presencia geográfica del Ministerio Publico en todo el territorio nacional, conformando agencias fiscales con el recurso humano necesario y capaz para cumplir sus funciones; hacer énfasis en la necesidad de coordinar eficientemente la investigación operativa criminal que realiza la Policí­a Nacional Civil, bajo la supervisión de los fiscales a quienes les corresponde hacerlo de conformidad con la ley; y en el caso del Organismo Judicial que los Magistrados Electos a la Corte Suprema de Justicia elijan Presidente para un periodo de 5 años, ya que el resultado con la elección anual, ha sido contraproducente para los intereses de la justicia en el paí­s.

Por lo que resulta fundamental destacar y comprender que:

1. Los cambios que se implementen en los sectores de seguridad y justicia deben ser estudiados, analizados, meditados seria y responsablemente.

2. Se debe planificar al corto, mediano y largo plazo para evitar los desaciertos y fracasos que se han producido hasta ahora.

3. Se deben lograr acuerdos con las élites polí­ticas, empresariales, para darle continuidad y sostenibilidad en el tiempo a estas reformas.