El 7 de febrero el pleno del Legislativo conoció la iniciativa de ley 4328 propuesta por el gobierno del ex presidente Álvaro Colom en 2011 que busca reformar la Ley de Acceso a la Información referente a los temas de la información confidencial y reservada, suscitando la protesta de organizaciones como Acción Ciudadana, Seguridad en Democracia y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA).
La reforma busca agregar al capítulo quinto de la Ley el Artículo 22 bis, el cual define los asuntos militares y diplomáticos como información confidencial de seguridad nacional y suprimir los numerales 1 y 2 del artículo 23 de la normativa, que contemplaban la información relacionada con asuntos militares y diplomáticos como información reservada.
Por ahora la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ente regulador de dicha Ley, no se pronunciará en contra de la reforma pero estará atenta a cualquier intento de modificación que no cumpla con los estándares en materia de acceso a la información, dijo el secretario ejecutivo de esa dependencia Alfonso Godínez.
Directivos de Acción Ciudadana manifestaron que en ningún país del mundo existe una reserva como la que busca la reforma, que es la confidencialidad de los asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional; incluir información generada por el Estado bajo el carácter de confidencial resulta violatorio a lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política, por lo que su aprobación sería inconstitucional.
El artículo 30 literalmente dice que “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.
SEDEM y UDEFEGUA también emitieron un comunicado en el que señalaron que las reformas promovidas por el anterior gobierno, desde la Comisión de Desclasificación de Archivos Militares, son un retroceso al avance que se logró desde que la normativa cobró vigencia; los cambios que se proponen a los artículos 22 y 23 buscan aniquilar los principios, indicaron.
Ante las reacciones, el secretario ejecutivo de la PDH dijo que la postura actual de la entidad es no especular sobre las intenciones que hay detrás de la iniciativa pero que si no se cumplen con los lineamientos sobre el cumplimiento del derecho al a acceso a la información se pronunciarán.
El experto de la PDH hizo notar que el alcance del artículo 3 de la iniciativa que se discute en el Congreso, referente a la derogatoria de las disposiciones legales que contravengan a la Ley de Acceso a la Información es bastante “amplio”; si las derogatorias son muy amplias no podrían alcanzar los estándares que rigen el derecho al acceso a la información y la Ley misma, dijo.