Las órdenes del presidente Barack Obama de cambiar algunas de las prácticas de vigilancia del gobierno federal significan una mayor presión sobre el Congreso para que haga frente a una controversia de seguridad nacional que ha alarmado a los estadounidenses y molestado a los aliados internacionales.
Pero no ha tomado ninguna decisión importante sobre la práctica de recopilar información de miles de millones de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto de todo el mundo.
En un discurso ayer en el Departamento de Justicia, Obama dijo que limitará la forma en que los funcionarios de inteligencia tienen acceso a los registros telefónicos de cientos de millones de personas en Estados Unidos y que más adelante sacará la recolección de esta información de manos del gobierno.
Su promesa de poner fin a que el gobierno almacene la información sobre las llamadas telefónicas de los ciudadanos del país, y la exigencia de una revisión judicial para estudiar esa información, fue recibida con escepticismo por defensores de la privacidad y algunos legisladores.
Pero Obama ha hecho casi imposible que líderes legislativos se nieguen a hacer cambios en la vigilancia telefónica que han apoyado desde hace años. Obama reconoció que estaba indeciso entre cómo proteger el derecho a la privacidad y cómo proteger a Estados Unidos de ataques terroristas, que según los funcionarios es el principal propósito de los programas de espionaje. «El reto es afinar bien los detalles, y eso no es sencillo», dijo.
El discurso se había anticipado desde que Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se llevó unos 1,7 millones de documentos relacionados con la vigilancia y otras operaciones de la NSA y se los entregó a varios periodistas en todo el mundo. Las revelaciones provocaron un debate público sobre si los ciudadanos están dispuestos a hacer dejación de parte de su privacidad a cambio de la recopilación de información de inteligencia sobre sospechosos de terrorismo.
El presidente dijo que sus propuestas «deben dar al pueblo estadounidense una mayor confianza en que sus derechos están protegidos mientras las organizaciones de inteligencia y policiales cuentan con las herramientas que necesitan para protegernos». Obama reconoció que queda más por hacer, pero dejó los detalles en manos del Congreso.
The NSA afirma que no escucha las llamadas telefónicas ni lee los mensajes electrónicos sin una orden judicial especial para cada caso. Pero las autoridades de inteligencia sí recopilan información específica sobre las llamadas y mensajes, como el tiempo de duración, para tratar de seguir la pista a la comunicación entre sospechosos de terrorismo.
«Es hora de que el Congreso dé el siguiente paso aprobando una ley que limite debidamente estos programas», dijo el representante Bobby Scott, demócrata por Virginia y miembro de la Comisión Judicial de la Cámara.
Los líderes de la comisiones de Inteligencia del Senado y la Cámara, que han propuesto leyes mucho menos abarcadoras, dijeron que la responsabilidad es del presidente.
«Alentamos a la Casa Blanca a que envíe al Congreso proyectos de ley con los cambios propuestos por el presidente para debatirlos debidamente», dijeron la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California, y el representante Mike Rogers, republicano por Michigan, en un comunicado.
Los defensores de la privacidad calificaron la propuesta de Obama de un timo, al asignar la recopilación a una nueva entidad, que todavía no existe, en vez de prohibirla. Y criticaron con más fuerza todavía la poca atención del discurso de Obama al programa de la NSA que intercepta miles de millones de mensajes y llamadas telefónicas en el extranjero.
El programa, autorizado a tenor con la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, permite al gobierno federal leer o escuchar los mensajes y conversaciones telefónicas en el extranjero mientras que no sean de ciudadanos estadounidenses.
Dada la enorme cantidad de comunicaciones en el extranjero que el gobierno de Estados Unidos vigila, las reformas ofrecidas el viernes fueron sólo un ligero respiro a los temores ante las actividades de vigilancia, dijo Matt Simons, director de Justicia Social y Económica de la compañía de software ThoughtWorks, de Chicago.