Mi aporte en esta columna se constituye en una reflexión y un llamado a la clase política del país a continuar fortaleciendo los mecanismos y las formas de representación política–electoral en Guatemala con la inclusión de la voz, del pensamiento y de la presencia de las mujeres mayas en la discusión y los planteamientos de la reforma al sistema político–electoral.

La alta participación electoral de las mujeres guatemaltecas quedó reflejada en el padrón electoral que aumentó un 22.5% entre el 2007 y el 2011;  el crecimiento de hombres empadronados fue de 13.3% y el de mujeres fue de un 33%, según un informe recién publicado por Asies sobre la presencia y participación maya en las estructuras partidarias y candidaturas a diputaciones en el proceso electoral 2011.
Sin embargo, ese alto nivel de empadronamiento de mujeres no necesariamente se tradujo en mayor número de postulaciones y ocupación de puestos en el Congreso de la República, ya que únicamente tres diputadas mayas ocupan una curul de las 158, según el informe antes mencionado, lo que representa el 1.9% del total de diputados.
Lo anterior, es el resultado de un sistema político–electoral obsoleto, que requiere de una profunda reforma de Ley electoral y de partidos políticos que incluya medidas y acciones afirmativas para la equidad de género, específicamente dirigidas a elevar la representación cualitativa y cuantitativamente en cargos de decisión.
También la actual discusión, el debate y las decisiones en torno a la reforma de la Constitución Política de la República deben incluir la participación directa y la visión de las mujeres guatemaltecas y, de manera específica, a las mujeres mayas que representan una población empadronada y de votantes muy significativa. 
Los dos acontecimientos anteriormente citados han sido discutidos en diversas ocasiones desde la firma de los Acuerdos de Paz; en el caso de la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos en sus reformas de primera y segunda generación y la reforma constitucional impulsada mediante la consulta popular del año 1999, las cuales no representaron cambios transcendentales en la concepción política de una nación con significativa población de mujeres mayas.
La escasa elección de mujeres mayas para el Congreso de la República, las alcaldías municipales y en cargos del Ejecutivo, en este período de gobierno, expresan nuevamente ese rezago en la participación y representación de las mujeres mayas. 
El informe de los Diez Años después de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera mediante diálogos nacionales realizado por Asies, OEA e Inter-American Dialogue plantea que “se debe reformar la ley electoral para establecer cuotas en función de la composición étnica de los distritos electorales o departamentos e incluir formas de participar políticamente propias de los pueblos indígenas.”
La clase política involucrada en esta magna responsabilidad de las reformas mencionadas, encuentra aliados y propuestas importantes, la de Más Mujeres, Mejor Política, que en conjunto con otras organizaciones, impulsa la reforma al artículo 212 de la Ley Electoral que plantea la paridad étnica y de género en la conformación de los listados a cargos de elección popular, la alternabilidad y la sanción, en caso los partidos no respeten la norma a la hora de presentar las listas de candidaturas.  Y en el Colectivo Pro Derechos de los Pueblos Indígenas, que discute y propone reformas a la Constitución Política de la República.
En las manos de los políticos del Congreso de la República y de los partidos políticos se encuentra hoy la oportunidad de diseñar el futuro de nuestra nación, incluyendo a mujeres mayas en el debate y en las decisiones que se tomen sobre dichas reformas transcendentales para la nación guatemalteca pluricultural, multicultural y plurilingüe, reconocida en los Acuerdos de Paz.