Pese a la férrea oposición de la empresa privada, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Código Tributario, que exime de esa obligación a miles de asalariados y carga con más gravámenes a los grandes contribuyentes.
Las reformas fueron aprobadas anoche con los votos de 66 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, a excepción de los representantes de la exgobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que votaron en contra.
La poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara de Comercio lamentaron la decisión de los diputados y los responsabilizaron del «deterioro económico y social que el país pueda enfrentar el próximo año como consecuencia de los impuestos».
Las reformas establecen que las personas con ingresos mensuales menores a 503,01 dólares, sin descuento, no pagarán renta, mientras que aquellas personas con ingresos mensuales en un rango que va de los 503,01 dólares hasta los 6.200 dólares mensuales mantendrán los montos actuales.
Según esta reforma, 262.815 asalariados no pagarán impuesto.
A las personas que ganan más de 6.200 dólares al mes se les incrementará el pago del ISR de un 25% a 30%. Según el Ministerio de Hacienda, este grupo no supera las 3 mil personas.
Además, la reforma tributaria aumenta a 30% el ISR para las empresas con rentas gravadas mayores a 150 mil dólares. Aquellas debajo de ese rango seguirán pagando 25%.
Otro de los cambios aprobados por el Congreso unicameral establece que se aplique 5% de impuesto a las utilidades que las empresas transfieren a sus socios. Antes no pagaban ningún tipo de impuesto.
La reforma al ISR también establece que se aplicará un 5% de retención a los socios no domiciliados en el país.
También se acordó que las personas con ingresos de hasta 9.100 dólares anuales tendrán derecho de deducir automáticamente 1.600 dólares en concepto de gastos de salud y educación.
El resto de los contribuyentes siempre podrán deducírselos, pero tendrán que respaldarlo con facturas o comprobantes de estos gastos y presentar la declaración de renta.
Los asalariados con ingresos anuales de hasta 60 mil dólares no deberán presentar la declaración a menos que se trate de personas con rentas diversas, es decir, ingresos diferentes a su salario.
«Este nuevo impuesto lo pagaremos todos a través de menos oportunidades de empleo, costo de la vida y más pobreza», advirtió la ANEP en un comunicado de prensa.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Cardenal, sostuvo que «hay más impuestos, pero eso no resolverá la crisis fiscal que tiene el país. Es solo un parche, no una solución».
Las reformas que según la ley deberán ser sancionadas, observadas o vetadas por el presidente Mauricio Funes, entrarán en vigencia el 1 de enero de 2012 y el Ministerio de Hacienda estima una recaudación adicional de unos 150 millones de dólares.