El camino que debería seguir Guatemala para garantizar el desarrollo de la población, y combatir flagelos como la violencia, desigualdad y la corrupción, son el eje central de una férrea discusión entre los grupos que proponen reformas constitucionales, quienes defienden una revolución pacífica y los que apuestan al fortalecimiento del sistema vigente.
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La asociación civil Pro Reforma presentó al Congreso de la República, el pasado 27 de marzo, un proyecto que pretende reformar 72 artículos de la Constitución, con miras a reconfigurar el ordenamiento del poder público, la estructura y la organización del Estado, y la conformación de la Corte de Constitucionalidad.
La iniciativa estuvo acompañada por las firmas de más de 73 mil ciudadanos, que fueron colectadas con dos años y medio de anticipación, y que garantizan el apoyo legítimo del pueblo a la propuesta.
De acuerdo con la directiva de Pro Reforma, el proyecto surge como una alternativa que pretende garantizar el Estado de Derecho, mediante una reforma a la Constitución por enmienda, sin convocar a una Asamblea Constituyente, para garantizar la seguridad de las personas, bienes y contratos.
Entre la propuesta está la integración de un Congreso bicameral con funciones distintas para cada cámara. El Senado -independiente de la política partidista, y garante de la representatividad ciudadana- sería el responsable de las reglas generales de conducta justa de los ciudadanos, y la Cámara de Diputados, que vería la administración del Gobierno y el Senado.
Además, se plantea independizar política y económicamente al Organismo Judicial y reforzar el Régimen de Derecho. Bajo la premisa: «Es más importante la certeza del castigo que la severidad de la pena».
La elección apolítica de representantes del Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y Corte de Constitucionalidad, a fin de eliminar el poder discrecional de los funcionarios públicos, así como la posibilidad de revocatoria del mandato presidencial, serían parte de los cambios.
En la propuesta, se plantea que al existir el Estado de Derecho, «surge espontáneamente la economía de mercado, el cual consiste en la suma de todos los intercambios que ocurren libre y pacíficamente todos los días».
En suma, la idea del proyecto Pro Reforma, es que Guatemala sea un país de un riesgo bajo para invertir, donde se respeten los contratos y bienes, para atraer la inversión tanto nacional como extranjera y se generen fuentes de empleo que permitan el desarrollo económico.
«No se trata solamente que se respeten las disposiciones legales, pues esto está sobreentendido y no se cuestiona. Se trata que las disposiciones legales mismas no violen los derechos de las personas, y que todos vivamos bajo la misma ley. Se trata que bajo la misma ley, ninguna persona sea más importante que otra. Se trata que vivamos bajo reglas generales y abstractas de conducta justa», refiere
CRíTICAS
Desde la fundación de Pro Reforma, en el año 2005, la organización -en su mayoría compuesta por intelectuales y profesionales libertarios-, ha sido el blanco de críticas por distintos grupos sociales y políticos.
Jorge Murga Armas, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, sostiene que uno de los trasfondos del proyecto Pro Reforma es «eliminar por completo el papel rector del Estado en la economía».
«El Estado sería reducido a una especie de aparato accesorio de tipo caritativo, es decir, a un Estado mínimo, subsidiario y guardián de los intereses de las élites», explica el investigador, quien además, advierte de las consecuencias nocivas que ello supondría para el pueblo.
Se terminarían de privatizar los recursos naturales, las empresas estatales, los servicios como la salud y la educación, lo cual llevaría al aumento de tarifas a los consumidores, advierte Murga. «Como consecuencia, se concentrarían aún más los ingresos nacionales entre la minoría de los más ricos».
De la misma manera, Alfonso Bauer Paiz, líder de la Revolución de 1944, condena la propuesta de Pro Reforma, al tiempo que esta establece la creación de un Senado conformado por personas de entre 50 y 65 años, y electo gradualmente, cada año, por los ciudadanos que alcancen los 50 años.
«Será un senado de patricios, que en su mayoría por razones psico-biológicas de edad, conservadores y de hábitos incompatibles con cambios estructurales indispensables en una sociedad no desarrollada es obvio que va a responder a los intereses de la clase dominante y no los del pueblo», dice el ex ministro de Trabajo y Economía, en un estudio de la Universidad de San Carlos.
Entre otros señalamientos, el líder revolucionario refiere que Pro Reforma es un proyecto de la oligarquía (élite económica), que pretende perpetuarse en el poder, a través de cambios en las estructuras del Estado, con un marco legal que le «hace inmune de cualquier tipo de política social».
Alfonso Abril, miembro de Pro Reforma, refuta los señalamientos, al tiempo que asegura que de acuerdo con las propuestas de la organización cívica, «todos los ciudadanos podrán ejercer su derecho político de elegir o ser electo al cargo de Senadores» y en cuanto al acceso a la educación, salud, alimentación y vivienda «no se propone que estos derechos estén en manos de empresas privadas». «No toca estos aspectos».
REVOLUCIí“N
De acuerdo con Bauer Paiz, una revolución política, como la impulsada por el presidente Evo Morales en Bolivia, sería el modelo ideal para que Guatemala transforme las estructuras de «desigualdad» y exclusión social».
«Guatemala puede seguir modelo y a la vez determinar su propia receta para una democracia, que debe estar fundamentada en los principios de un Estado incluyente, participativo y protector del bien común», apunta el abogado Benito Morales, de la Fundación Rigoberta Menchú.
Por su parte, el analista Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala, coincide con el planteamiento del revolucionario, y determina como «necesario» y «urgente» una transformación en la distribución de las riquezas en el país, «pero principalmente en la distribución de la tierra».
Bauer Paiz enfatiza que lejos de establecer un Estado guardián «al estilo de «Pro Reforma», se necesita dotar al Estado de herramientas que le permitan intervenir en la economía, para contrarrestar los efectos negativos que devienen de las injusticias del mercado, como son la pobreza, desigualdad y la exclusión social
CAMBIOS
El abogado constituyente, Richard Shaw, opina que lejos de cambiar el marco legal erigido con la actual Constitución, los esfuerzos para encaminar al país «por la ruta del bien» deben estar dirigidos a respetar el actual marco legal.
«El problema no es el sistema sino la forma tan imperfecta en la que han operado los gobernantes» sostiene el ex diputado, quien es el actual impulsor de proyectos educativos sobre el contenido de la Constitución.
¿Es el momento de proponer un cambio?, se le pregunta al analista Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, quien responde «la coyuntura política, económica y social apuntan a que no es el momento más indicado».
«Aceptar la propuesta de las reformas constitucionales o la revolución, supondría escribir el futuro del país en un lienzo lleno de intereses, escándalos y desacuerdos políticos», dice Maúl.
«El común denominador en las propuestas, es el deseo de bienestar que ambos grupos dicen querer para el país, así que todo cambio debería surgir no de un extremo de derecha o izquierda, sino de un proceso de diálogo nacional», puntualiza el analista. «Es el momento de discutir y elegir lo mejor para el país a través del diálogo es la vía más indicada».
Alfonso Abril, uno de los impulsores de Pro Reforma, sostiene que las enmiendas a la Constitución y las reformas del Estado favorecerán la configuración del marco legal en donde la «economía en Guatemala estará creciendo a niveles nunca antes vistos y empezaremos a tener la tan anhelada paz y justicia».
La Hora. En esencia, ¿En qué consiste la propuesta de Pro Reforma?
Alfonso Abril. En reformar 32 artículos de fondo de la Constitución Actual con el único objeto que en Guatemala exista un Estado de Derecho.
L. H. ¿QUí‰ RESULTADOS ESPERAN DE ESTE PROYECTO?
A. A. Que en Guatemala tengamos justicia, seguridad, y prosperidad. Eso lo pretendemos lograr independizando política y económicamente al Organismo Judicial, a los entes fiscalizadores y lograr tener un Organismo Legislativo que sea respetuoso de los Derechos Individuales.
L. H. ¿Cómo se configura el Estado al implementar la propuesta de Pro Reforma?
A. A. De la misma manera que ahora -en el sentido de los tres poderes. Las diferencias de fondo podemos resumirlas en tres puntos. Primero, tendríamos un Congreso con dos cámaras -un Senado y una Cámara de Diputados- donde toda ley que emitan tiene que ser respetuosa de los Derechos. Segundo. tendremos un Organismo Judicial, un Ministerio Público y una Contraloría de Cuentas alejados de la política partidista donde los funcionarios busquen cumplir con su mandato constitucional y no de acuerdo con sus intereses políticos, y en tercer punto, en el poder ejecutivo se propone que los ciudadanos podamos tener la opción de revocatoria al mandato presidencial -si el Presidente es demostradamente incompetente, corrupto, etcétera, y que los gobernadores sean electos democráticamente y no como ahora que el Presidente los nombra a su discreción.
L. H. ¿CUíL SERíA LA FUNCIí“N DEL SENADO?
A. A. El Senado tendría a su cargo las leyes generales y abstractas que corresponden en su mayoría a lo que denominamos como Ley. Se entiende por Ley cualquier norma que regule relaciones entre particulares, entre particulares y el Estado, cuando este actúe dentro de la esfera del derecho privado. Aterrizando esto, nos referimos a todos los grandes códigos que no tienen relación con la administración del Gobierno. Son grandes códigos los que regulan la conducta justa de los guatemaltecos -Código Civil, Código Mercantil, Código Penal, etc-. Esto con el objetivo que los Senadores tengan sus ojos puestos en la siguiente generación y no en la siguiente elección.
L. H. ¿Cuánto tiempo llevaría realizar este proyecto?
A. A. No depende de nosotros, depende de los funcionarios de gobierno. El Congreso debe de conocer la propuesta de inmediato por mandato constitucional. Si lo aprueban pasa a una Consulta Popular donde el pueblo tendrá que decidir si desea los cambios o no. Lo que le puedo garantizar es que en un mediano plazo -después que los cambios propuestos sean implementados la economía en Guatemala estará creciendo a niveles nunca antes vistos y empezaremos a tener la tan anhelada paz y justicia.
L. H. ¿Cí“MO IMPACTARíA EN LA POBLACIí“N?
A. A. Hoy en día la dignidad de los guatemaltecos está por los suelos. Estoy seguro que esto nos vendría a dar un sentimiento de cambio real.
L H. ¿Cómo se garantizaría el bienestar y desarrollo de los guatemaltecos?
A. A. Por dos vías. Primero, los privilegios de los grupos empresariales serían inconstitucionales y por lo tanto tendremos una economía competitiva, a diferencia de hoy en día que tenemos una economía mercantilista que otorga privilegios por medio de leyes y reglamentos, y segundo, se fortalecerían las instituciones. Esto haría que Guatemala sea un país de un riesgo bajo para invertir ya que hay reglas de juego claras -atraer la inversión tanto nacional como extranjera ya que no existe otra forma de generar empleo-.
L. H. ¿CUíLES SON LAS DEBILIDADES DE LA PROPUESTA?
A. A. Que no es fácil de entenderla y que tiene que ser aprobada por los diputados.
L. H. ¿Qué procesos están siguiendo para hacer efectivo Pro Reforma y cuáles son lo siguientes pasos a efectuar?
A. A. Estamos en continuas presentaciones con diputados buscando que vean la trascendencia de una reforma constitucional tal y como lo proponemos.
Alfonso Bauer Paiz, líder revolucionario, advierte sobre «la intromisión de los intereses de la élite guatemalteca» en la propuesta de Pro Reforma» y propone un cambio «estructural» en el Estado, para que las instituciones oficiales «garanticen el pleno desarrollo de la sociedad», como lo establece la Constitución.
La Hora. En el contexto actual del país, ¿es momento de promover un cambio en el Estado?
Alfonso Bauer. Por supuesto. Los guatemaltecos necesitamos un cambio, desde hace 500 años. Más de la mitad de la población es pobre y en la misma medida está la desnutrición infantil. La distribución de la tierra es injusta porque se concentra en pocas manos. Los recursos naturales se agotan, al mismo tiempo que se acaba la vida de los que no tienen nada que comer y no consiguen un trabajo digno. Está claro que estamos siguiendo el camino equivocado. De verdad que un cambio es necesario pero no con la propuesta que plantean las élites que conforman Pro Reforma.
L. H. ¿EN QUí‰ BASA SU NEGATIVA A LA PROPUESTA DE PRO REFORMA?
A. B. El proyecto de Pro Reforma responde a los intereses de un reducido grupo de guatemaltecos y extranjeros. La oligarquía y las empresas transnacionales. El objetivo de Manuel Ayau, el autor de Pro Reforma, es reducir el Estado a su mínima expresión para que se convierta en el guardián del sector privado nacional y extranjero, y que esta élite pueda disponer de todos los bienes y servicios públicos para mantener la dominación histórica que ha ejercido sobre los grupos desposeídos.
L. H. ¿Observa errores en el proyecto de Pro Reforma?
A. B. Todo el proyecto es un error. Pero hay grandes contradicciones dentro de la propuesta misma. Primero, es ridículo pensar que al incrementar las inversiones privadas en el país y dejar la economía en manos de este sector se va a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, por el contrario, la historia demuestra que las empresas defienden sus intereses y nada más que eso, no les importa el desarrollo del país. Segundo, la conformación del Congreso como lo propone Pro Reforma no eliminaría la corrupción -como dice su propuesta-, y por el contrario, ese reducido grupo que conformaría el Senado geriátrico sería más fácil de corromper con el poder de la oligarquía, que en el actual sistema de partidos políticos.
L. H. ¿Cí“MO DEBERíA ACTUAR EL ESTADO?
A. B. El Estado debe ser el garante de la seguridad. En un sentido amplio, me refiero a la seguridad, no solo como el combate a la violencia y delincuencia, el Estado tiene que ofrecer la seguridad alimentaria, garantizar la seguridad del acceso a la educación, salud, empleos dignos, recreación; en fin, debe garantizar el desarrollo integral del ser humano y las condiciones que le permitan convivir en armonía y paz.
L. H. ¿En qué sentido deberían orientarse los cambios en Guatemala?
A. B. La privatización de los bienes y servicios públicos, y la intervención total de las empresas sobre los derechos fundamentales de los guatemaltecos -alimentación, vivienda, salud, educación, alimentación- solo agravaría la miseria en que vive la mayoría de personas. El cambio debe ir orientado hacia el otro lado, es decir, a conformar un Estado que proteja los derechos humanos, y por ende, que intervenga en todos los procesos de la vida social, especialmente en la economía, para que el sector privado no se convierta en el todopoderoso del país, y se garantice el bienestar común sobre todas las cosas. El Estado debe proteger, intervenir y ser eficiente para cumplir con las demandas sociales, políticas, y económicas de la población.
L. H. ¿Cí“MO INICIAR EL CAMBIO EN GUATEMALA?
A. B. Primero se debe mantener una postura de oposición al desarrollo de las políticas neoliberales, como la de Pro Reforma, y a manera de propuesta, creo que los jóvenes deben tomar las riendas para encabezar una revolución pacífica, cómo ya se ha hecho en Sudamérica, en las que se transforman los Estados para garantizar el bienestar común, antes que cualquier otra cosa.