La iniciativa de ley de reforma migratoria en Estados Unidos, documento que consta con más de 800 páginas, ha sido foco de tensión en las últimas semanas por parte de organizaciones a favor de migrantes, quienes aseguran que más del 50 por ciento de los connacionales con estatus irregular en EE. UU.,

No podrían optar a los beneficios de la reforma si se aprobara en un corto o mediano plazo, por la burocracia de los requisitos y trámites administrativos.

El pasado 18 de abril, ocho senadores de EE. UU. introdujeron un proyecto legislativo que espera cambiar dramáticamente la política migratoria de ese país. Entre otras provisiones, la propuesta de ley describe algunos posibles caminos a la ciudadanía estadounidense para migrantes indocumentados que han estado en el país desde antes del 2012.

Sin embargo, según analistas, este proyecto de ley beneficiaría a menos de la mitad de la población indocumentada en EE. UU., siendo una de las principales desventajas de esta reforma migratoria el aumento de la seguridad y control de las zonas fronterizas, lo cual repercutiría de inicio, en un incremento en el número de deportaciones o de muertes de migrantes al buscar zonas o rutas más inhóspitas para ingresar al territorio norteamericano.

Mientras tanto, Guatemala no hace mayor cosa para invertir en la gente que al día de hoy es nuestro bien más preciado y que al exportarlo, mantiene la economía del país a flote. En los primeros seis meses del año, los migrantes enviaron US $2,478.5 millones en remesas, tal y como más adelante se detalla.

EL PROCESO A LA CIUDADANÍA

Otro de los aspectos tomados en cuenta como limitantes para acceder a los beneficios de una eventual reforma migratoria es la falta de conocimiento por parte de migrantes guatemaltecos, a pesar que la iniciativa de ley solo ha sido aprobada por el Senado y sigue estancada en el Congreso estadounidense.

Se estima que actualmente más de 11 millones de personas que residen en Estados Unidos sin papeles podrían obtener «estatus provisional de inmigrante registrado» seis meses después de la promulgación de la ley, siempre y cuando el Departamento de Seguridad Nacional haya desarrollado planes de seguridad fronteriza y de la valla limítrofe; que los migrantes hayan ingresado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre del 2011 y se hayan mantenido presentes físicamente desde entonces y que no hayan sido sentenciados por delitos graves o tres o más delitos menores, como conducir en estado de ebriedad o denunciados por maltrato intrafamiliar, es otro requisito.

“Recomendamos, porque no hay una lista de documentos que soliciten por el momento, que recopilen todos los documentos que pueden comprobar su presencia en Estados Unidos. Eso es lo que podemos recomendarle a la población, porque cuando ellos ingresan sin visa no dejan constancia de su ingreso. Va a ser más fácil para las personas que ingresaron con visa porque en el sistema de Migración aparece la fecha de ingreso”, subraya la representante de Conamigua, Alejandra Gordillo.

Finalmente, la iniciativa plantea el pago de una multa de 500 dólares, abonables cada seis años, pues el estatus legal provisional se debe tramitarse en ese mismo lapso.

Presuntamente, después de 10 años de estatus provisional, los migrantes pueden solicitar una tarjeta verde que les garantiza el estatus de residente permanente si están al día con el pago de sus impuestos y pagan una multa de $1,000 dólares, si han mantenido presencia física en el país, cumplen con los requisitos laborales y muestran un dominio avanzado del idioma inglés. Asimismo, deben haberse cumplido los objetivos fronterizos y procesado a todas las personas que esperaban migrar a través del sistema legal hasta la fecha de la promulgación de la ley.

“Los republicanos quieren que el camino a la ciudadanía sea más complicado y que menos gente sea apta para esta reforma migratoria. Es un hecho. Es lo que los republicanos están buscando. Sin embargo todos son supuestos porque no hay un proyecto aún presentado por el Congreso, el cual será efectivo en la primera semana de septiembre. Todo se basa en supuestos y si las pláticas van a eso, muchos connacionales quedarían fuera de la reforma migratoria tristemente”, explicó el diputado Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República.

CALIFICACIÓN DE TRABAJADORES

Según la normativa migratoria, se estaría aumentando después de la aprobación de la misma, el límite del programa de visas H-1B para trabajadores de alta calificación de 65 mil a 110 mil anuales, con 25 mil plazas más en reserva para personas con títulos avanzados en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas de una universidad estadounidense. El límite podría ascender hasta 180 mil al año, dependiendo de la demanda.

Sin embargo, para los migrantes que se emplean en trabajos agrícolas o que cubren empleos en las industrias de la construcción, servicios de salud u hospitalidad, la realidad es otra, porque no se le estaría prestando prioridad a este sector de migrantes, haciendo más difícil la legalización de su estatus como trabajador y no digamos la obtención de la residencia permanente, llenando requisitos para obtener la tarjeta verde hasta seis años después si continúan en la industria.

Según Alejandra Gordillo, Secretaria Ejecutiva de Conamigua: “El idioma inglés, que también es una debilidad, podría ser un factor de mucha incidencia. Sin embargo, el conocimiento del idioma inglés no está determinado aún para el permiso temporal o para la residencia. Todavía no está claro”.

DOCUMENTACIÓN

Un aspecto que sigue preocupando a organizaciones o personas a favor de los migrantes es el acceso a la documentación en EE. UU. en el Registro Nacional de Personas (Renap) y el costo que podría tener el Documento Personal de Identificación en el extranjero.

En este tema, el director del Renap, Rudy Gallardo, anunció la semana pasada que el precio del DPI en los Estados Unidos será de US $50 y no US $85 como antes había estimado.

Asimismo, el funcionario aseguró que en septiembre se iniciará el enrolamiento de guatemaltecos que viven en Estados Unidos para que puedan adquirir el DPI e indica que por el momento están en un proceso de prerregistro y captura de datos, contabilizando hasta el momento 300 mil guatemaltecos. Este prerregistro no tiene costo, afirmó Gallardo, se puede realizar por familiares de migrantes, llenando un formulario en la página electrónica del Renap.

Flora Reynosa, de la Procuraduría de Derechos Humanos, considera que se violentó el derecho a la identidad de los connacionales, porque el DPI debería tener el mismo valor que en nuestro país.

“Lo que se piensa es que el migrante tiene demasiado dinero y que puede cubrir esa cantidad. Hay que pensar que el migrante tiene que movilizarse del lugar donde se encuentra hacia el consulado donde va a hacer ese trámite. A veces el viaje es de miles de kilómetros, donde se tiene que realizar un gasto y que nadie se lo va a reponer. Si están cobrando 50 dólares, aun no es correcto”, afirma Reynosa.

Otro tema importante es la decisión de la semana pasada de la Corte de Constitucionalidad, donde su dictamen deja sin validez la Cédula de Vecindad. Por su parte la PDH y demás organizaciones se han pronunciado al respecto, pidiendo una prórroga de la vigencia de la cédula de vecindad porque consideran que más de 1 millón de guatemaltecos que viven en Estados Unidos podrían verse afectados con la disposición, pues la mayoría no tiene el Documento Personal de Identificación (DPI).

Consideran que el problema se agravaría porque sin Cédula de Vecindad no podrían tramitar un pasaporte, y sin este último documento podrían verse entorpecidos los trámites al momento de gestionar el beneficio de la reforma migratoria, cuando la misma sea aprobada.

REMESAS Y DEPORTACIONES

Las remesas familiares equivalen a casi la mitad de los ingresos de divisas por las exportaciones anuales (cerca de 10,000 millones de dólares en 2012) y a un 10% del Producto Interno Bruto (PIB) previsto para 2013. Para el presente año, el Banco de Guatemala prevé que el país perciba más de 5 mil millones de dólares en remesas familiares de guatemaltecos en el extranjero.

Además, según los últimos datos de la Dirección General de Migración, las deportaciones de guatemaltecos que residen en Estados Unidos aumentaron un 21% en los primeros siete meses de este año, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Hasta el momento, un total de 29 mil 210 guatemaltecos han sido retornados, cifra actual que supera los 24 mil 195 del mismo periodo en 2012. Las autoridades temen que continuar con esta tendencia, 48 mil guatemaltecos podrían haber sido deportados al final del presente año.

“Esta decisión (aprobación de la reforma) tendría que ser este año. Lo preocupante es la cantidad de personas que están deportando. Actualmente están limpiando. Son cifras alarmantes porque no hay programas que puedan proteger en nuestro país, a esta población que está regresando”, explico la Defensora del Migrante.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de millón y medio de guatemaltecos residen en el extranjero, de ellos 1,3 millones en Estados Unidos, la mayoría, con estatus ilegal.

Por su parte el diputado Paul Briere agregó: “Si la reforma migratoria no se da, tristemente creo que nos vamos a ver en la situación de estar recibiendo muchos retornados. Ningún Gobierno ha tenido una política pública en el tema migratorio. Y en el caso de los retornados, se agravará la situación porque no existe una política pública de reinserción a las personas que son deportadas. Se agravará la situación de pobreza porque no hay fuentes de trabajo”.

PROPUESTAS

Para el parlamentario Paul Briere, aunque la discusión de la reforma migratoria podría “enfriarse” si no se aprueba este año, en Guatemala se estaría proponiendo la iniciativa de ley de Migración.

“Esta ley lo que incluye es el tema de los Derechos Humanos; vamos a proteger a las personas, especialmente a los grupos más vulnerables como las mujeres, niños y niñas, así como adolescentes acompañados y no acompañados. Vamos también a ponerle atención al tema de la seguridad. Vamos a tener sanciones más serias a las personas que trafiquen u obliguen a trabajos forzados a menores en el tema migratorio; y el maltrato infantil y a migrantes”, argumentó el funcionario.

Para la secretaria ejecutiva de Conamigua, Alejandra Gordillo, se hace “un espejismo” de un beneficio que en realidad beneficiaría a muy pocos y va a restringir mucho la migración hacia ese país.

“Existe falta de información. Creemos que si termina este año y no se aprueba la reforma migratoria, podría haber un escenario difícil para que sea aprobada y se tendrá que esperar para después de las elecciones parlamentarias”, recalcó la representante.

En este tema, el canciller guatemalteco Fernando Carrera, sugirió a la población migrante, acercarse a los doce consulados fijos, así como a los consulados móviles, para que sean atendidas todas las consultas pertinentes. Asimismo explicó que aún no se realizan trámites relacionados a la reforma migratoria pues esta no ha sido aprobada, por lo que insta a los connacionales a informarse y no dejarse estafar por personas “inescrupulosas” y denunciarlas a las autoridades correspondientes.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores manifestó que aunque no cuentan con un fondo específico para sufragar gastos de eventuales tramites de guatemaltecos en EE. UU. ante la aprobación de una reforma migratoria, estarían evaluando esta posibilidad en la cartera que dirige.

Finalmente, expuso que si la reforma no se aprueba por parte del Congreso de Estados Unidos, evaluarían las condiciones de esta denegatoria, bajo la promesa y el compromiso del Gobierno de EE. UU., de no deportación; pues asegura que Guatemala no cuenta con políticas públicas de reinserción social y laboral para deportados, “y ese es el desafío como Gobierno y como país”.

Es importante recalcar que el flujo migratorio hacia Estados Unidos se sigue manteniendo, debido a que en nuestro país no existen políticas publicas enfocadas a la generación de empleo y desarrollo económico familiar, mientras tanto guatemaltecos cruzan las fronteras para buscar el mal llamado “sueño americano”, aun a sabiendas que no aplicarían a beneficios de la reforma migratoria y con riesgo de exponer su vida, a manos del crimen organizado o los calamidades de la naturaleza.