Migrantes y activistas en Estados Unidos se enfocarán en el 2012 en evitar que más estados del paí­s aprueben duras leyes migratorias que han impactado la vida de los hispanos.

Julia Cáceres nunca olvidará cuando cinco agentes se plantaron en la puerta de su casa de Queens a las 06:30 del 20 de septiembre.

“Dijeron que vení­an por mí­. Me sacaron en pijama. Ni me dejaron decir nada a mis hijos”, relató la ecuatoriana que no tiene autorización para residir en Estados Unidos. Fue llevada a la sede policial de Nueva York, a una cárcel de Elizabeth, en Nueva Jersey, a otra de Newark, en el mismo estado, para acabar en un centro de detención de Jena, en Luisiana.

El 20 de octubre, una agente a bordo del avión que la iba a deportar a Ecuador se dio cuenta de que sangraba y la sacó del aparato. Cáceres estaba embarazada, pero en medio de esta experiencia perdió el bebé. Las autoridades la devolvieron a Nueva York por razones médicas.

La prometida reforma migratoria que al presidente Barack Obama le valió el apoyo hispano en las pasadas elecciones, parece ahora esfumarse como el humo. Tanto organizaciones de defensa de migrantes como el gobierno de Obama consideran improbable su aprobación antes de noviembre de 2012.

Así­ que los esfuerzos se centrarán en impedir que se propague por el paí­s la tendencia de imponer rigurosas legislaciones a nivel estatal que están causando estragos, no sólo a nivel social entre los migrantes sino en la economí­a.

Activistas como Sarahí­ Uribe, coordinadora de campaña para la Red nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés) saben que “esperanzas para una reforma migratoria a nivel federal no existen porque la polí­tica ahora es que realmente no tenemos los votos. No hay suficientes demócratas ni republicanos con la voluntad de aprobarla”.

“Tampoco ocurrirá en los próximos años. Por eso nos estamos enfocando en las batallas locales”, explicó.

La directora del Centro Nacional de Ley de Migración, con sede en Los íngeles, Marielena Hincapié, coincidió en que “el clima polí­tico no parece estar ahora abierto a un proyecto federal de ley migratoria. Los republicanos no querrán darle a Obama esa victoria”.

El panorama está pintado por las cifras de deportaciones más altas de la historia, que reflejan una persecución a los migrantes como pocas veces antes se vio y con ello proliferan historias de distanciamiento entre familiares y desarraigo.

Con esa coyuntura, la reforma migratoria quedó desplazada por debates sobre el papel que juegan los estados y departamentos de Policí­a locales en polí­ticas de migración y sobre si la autoridad sigue la directriz del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de deportar especialmente a quienes representen un peligro para la seguridad.

Ese giro se dio en virtud de que a falta de una reforma federal, estados como Arizona o Alabama impulsaron sus propias leyes de migración, forzando en algunos casos a padres a mostrar el estatus migratorio de sus hijos cuando los inscriben en la escuela o promoviendo que policí­as interroguen a alguien sobre su estatus si tienen “sospechas razonables” de que no está autorizado para permanecer en el paí­s.

Este año 30 estados presentaron su propia legislación migratoria, aunque en 20 fueron rechazadas. En otros cinco, estas leyes podrí­an ser consideradas y en los cinco restantes  –Alabama, Utah, Indiana, Georgia y Carolina del Sur– legislaciones en contra de la llegada de migrantes sin autorización han sido aprobadas. El Departamento de Justicia ha presentado demandas contra varias de esas legislaciones.

Aproximadamente 820 mil migrantes sin autorización para residir en Estados Unidos habitan en los cinco estados donde se aprobaron dichas leyes, según datos del Hispanic Pew Center.

La misma organización calcula que al menos otro millón de migrantes, en la misma situación de incertidumbre legal, viven en los cinco estados donde este tipo de legislación podrí­a ser considerada: Ohio, Pensilvania, Michigan, Wisconsin e Illinois.

Los activistas luchan por contrarrestar los efectos de esas medidas estatales y desincentivarlas.

Por ejemplo, Elena Lacayo, coordinadora de Migración para el Consejo Nacional de la Raza, destacó que en Alabama, uno de los estados que aplicó drásticas normas antiinmigración, “los agricultores no quieren sembrar porque no saben quién podrá recoger después la cosecha”. Para realizar esa labor suelen contratar a extranjeros que muchas veces residen ilegalmente en el paí­s.

El Consejo de Negocios Agrarios de Georgia calculó que la falta de mano de obra en las granjas del estado ha provocado pérdidas de 300 millones de dólares y podrí­an ascender hasta los mil millones de dólares si no se revierte la escasez de trabajadores ocasionada por el éxodo desatado por una rigurosa legislación migratoria impuesta.

La seguridad pública se verá afectada también por estas leyes, pronosticó Lacayo, a raí­z de que los migrantes no se atreverán a reportar crí­menes aunque sean ví­ctimas o testigos de ellos.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles concentrarán sus esfuerzos en el 2012 en batallar contra las iniciativas estatales.

“Lo que haremos será cambiar los ‘Alabamas’ y otros estados antes de dedicarnos al nivel federal”, dijo Hincapié.

Carolina del Sur será escenario de la lucha ya que está programado que el 1 de enero entre en vigor una ley que otorga a la Policí­a el poder de ejercer polí­ticas migratorias federales. Demandas contra el estado intentan frenar la normativa.

El Consejo Nacional de la Raza, otra organización con histórica participación a favor de los migrantes, se prepara para pedir en los próximos meses que el gobernador de Alabama revoque las duras provisiones contenidas en una ley de migración estatal. La organización trabajará junto al Hispanic Interest Coalition of Alabama en la campaña “Una familia. Una Alabama”.

Otros activistas preparan alianzas con grupos empresariales que denuncian el impacto económico de estas leyes; mientras que también habrá organizaciones dedicadas a fortalecer la participación electoral de hispanos para incidir en la conformación de los gobiernos a nivel local.

Promover legislaciones más positivas para migrantes, como las leyes estatales Dream Act que permiten a estudiantes indocumentados acceder a la universidad, también está entre los planes de los grupos pro migración.

“Nuestra lucha no sólo será defensiva. Intentaremos ser activos en la ofensiva”, opinó Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Migración.

Cáceres, la migrante ecuatoriana, casi fue deportada porque tras una redada en la fábrica textil en la que trabajaba en 1997, las autoridades le pidieron que abandonara el paí­s de forma voluntaria.

No lo hizo y se convirtió en una fugitiva y con ello, en una de las personas que el gobierno considera prioritario deportar, explicó Harold Ort, portavoz de la Agencia de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La ecuatoriana también tiene un antecedente criminal, señaló Ort. Cáceres contó que cuando un sobrino suyo robó un par de zapatos de un centro comercial hace una década, ella asumió la responsabilidad. No fue arrestada, pero cumplió varias horas de servicios a la comunidad como sanción.

En noviembre, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) empezó a revisar los 300 mil casos de deportación pendientes en las cortes de migración y ha dicho que dará prioridad a la deportación de quienes representen una amenaza para la seguridad pública o nacional.

John Morton, director de ICE, emitió un informe en junio diciendo que reducirí­a las deportaciones de estudiantes, miembros del Ejército, ancianos o migrantes con parientes cercanos que son ciudadanos estadounidenses, entre otras categorí­as.

Según David Sperling, abogado de Cáceres, su patrocinada cumple varias de esas caracterí­sticas pero estima que el ICE contraviene sus polí­ticas y se enfoca en cumplir ciertos cupos.

“ICE tiene un presupuesto para deportar miles de personas al año. Me parece a mí­ que cuando se les acaban los criminales, miran al fondo de la lista e intentan arrestar a todos los que pueden para llegar a su cupo” de migrantes expulsados, explicó.

Otro caso que ameritó una corrección de las autoridades fue el del mexicano Francisco Cortez López, quien viví­a sin autorización en Estados Unidos y fue deportado a Tijuana el 15 de noviembre a pesar de que su vida peligraba si dejaba de recibir dos diálisis que recibí­a como parte de los servicios públicos cada semana.

Tras denunciar públicamente que en México no tení­a recursos para pagar el tratamiento, sin el cual morirí­a, Cortez, quien trabajaba como plomero y electricista, recibió una visa humanitaria para volver a Estados Unidos.

Los hispanos, quienes representan la mayorí­a de los casi 400 mil deportados en el año fiscal que terminó en septiembre, han expresado su decepción a la polí­tica migratoria de Obama.

Pero también están grupos como la Federación Americana para una Reforma Migratoria (FAIR, por sus siglas en inglés) que se ha mantenido a favor de negar empleo a migrantes no autorizados para vivir en Estados Unidos.

Jack Martin, portavoz de FAIR, aseguró que la organización continuará asesorando a los estados que consideren impulsar medidas “para frenar la llegada de nuevos indocumentados; medidas similares a la ley de Arizona adoptada en 2007”.

“Tenemos de nuestro lado la opinión pública que está en favor de medidas estrictas en contra de migración ilegal y favor de una reducción en la migración legal”, aseguró Martin.