En política exterior se encomian las medidas que Estados Unidos empieza a tomar con respecto a los golpistas en Honduras: suspensión de ayuda económica, retiro de visas para los golpistas y desconocimiento del proceso electoral iniciado en forma ilegítima. Falta más, como la declaración oficial de golpe de Estado, retrasada por el aterrizaje en la base estadounidense de Palmerola del avión que condujo al presidente Zelaya a Costa Rica. Urge enmendar esta falla.
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Dos organizaciones de migrantes, Conguate y la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), han sugerido al Gobierno de Guatemala que al abordar la reforma migratoria de Estados Unidos en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), éste aproveche para proponer cambios de política interna y de política exterior.
En política interna, confiados en que la reforma migratoria llevará a una ley más humana, se sugiere poner especial atención a dos aspectos. El primero es no criminalizar más la presencia indocumentada en Estados Unidos. Durante casi 20 años de dominio Republicano en el Congreso, bajo el concepto de «migración ilegal», se ha tratado de criminalizar a los migrantes y a las entidades que les dan apoyo. Esto ha favorecido la represión, representada por el uso y el abuso de las fuerzas de seguridad, las detenciones en condiciones indignas, las drásticas deportaciones y sanciones generalizadas. La visión del migrante como delincuente contradice el principio fundamental planteado por Schumer de la reunificación familiar, ya que los deportados enfrentan serias limitaciones para reunirse con familiares que consigan residencia.
El segundo aspecto es el TPS. Concebido como medida humanitaria para proporcionar condición migratoria temporal a extranjeros que se encontraran temporalmente imposibilitados de retornar con seguridad a su país debido a que exista un conflicto armado en curso, un desastre natural u otras condiciones extraordinarias y temporales, urge que se aplique con criterio humanitario y no político. Además, es importante destacar que los niveles de violencia e inseguridad en Mesoamérica debiesen ser catalogados como «condiciones extraordinarias» que ameritan un TPS inmediato.
La concepción de política exterior clave es identificar que migración y desarrollo están estrechamente vinculados. No se detendrá la migración indocumentada del Sur si no se hacen esfuerzos serios por lograr el desarrollo de Mesoamérica. Eso debería modificar los términos de la cooperación de Estados Unidos y, aún más, redefinir la política entera hacia América Latina, que garantice que el desarrollo de Estados Unidos no se produce a costa del subdesarrollo del Sur. También se debe plantear una dinámica de desarrollo que sume recursos de los migrantes, recursos del Estado de origen y, necesariamente, recursos del país de destino. Finalmente, la política exterior debe considerar la negociación justa de programas bilaterales de trabajadores temporales en Estados Unidos que satisfagan la demanda de mano de obra de la economía estadounidense y garanticen seguridad, dignidad, beneficios reales y, necesariamente, los derechos humanos de los trabajadores del Sur.