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«Quiero hacer esto para que me ayude a hacer mis papeles en un futuro», dijo Ramírez, mexicano como su esposa y quien lleva 17 años viviendo sin autorización en Estados Unidos, donde gana aproximadamente 7,25 dólares por hora trabajando en un restaurante.

«Quiero una mejor oportunidad para mi familia», agregó el inmigrante de 36 años.

Al igual que Ramírez y su esposa, muchos de los 11 millones de inmigrantes mayormente latinoamericanos que se encuentran en el país ilegalmente están empezando a movilizarse para conseguir los documentos que satisfagan los requisitos de la reforma que se está gestando en el Congreso. La iniciativa cobró fuerza en meses recientes a raíz del impacto que tuvieron los hispanos en las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

El plan, sea cual sea su versión definitiva, exigiría a las personas que demuestren de algún modo el tiempo que llevan viviendo en Estados Unidos y un buen carácter moral. Satisfacer esos requisitos resultará relativamente fácil para quienes han tenido una existencia visible, con trabajos fijos que les suministran comprobantes de pago y una residencia estable.

Para mucha gente, no obstante, conseguir la documentación necesaria será un verdadero reto.

Luz María Arias, por ejemplo, es una mexicana que pasó varios años trabajando en una fábrica textil con un número del seguro social falso y limpió casas, cobrando en efectivo. El rastro que ha dejado ante el gobierno es confuso y con periodos en blanco, además de no haber pagado impuestos durante los primeros años de los 18 que lleva en el país ilegalmente.

«Todos tratamos de ser honestos, pero no podemos serlo porque nuestra situación nos fuerza a hacer esas cosas que no están dentro de la ley», dijo Arias, de 53 años y quien sigue limpiando casas en Brooklyn, Nueva York. «Me preocupa que eso me pueda cerrar las puertas del plan ese que se está hablando. Pero creo que no soy la única. Hay muchas personas así».

Arias es una de millones de inmigrantes que durante décadas han intentado ser invisibles a los ojos del gobierno y que ahora tendrán que mostrarse con claridad para para poder beneficiarse de la reforma.

Hay varios documentos que se estima se podrán usar: recibos de pagos, facturas de médicos, contratos de alquiler, inscripción en escuelas, cartas de patrones o declaraciones juradas de conocidos, según abogados y expertos.

Justificar un historial laboral será algo más fácil si se obtiene un número ITIN («Indiviual Taxpayer Identification Number») que permita pagar impuestos, como hizo Ramírez. Se desconoce cuántos años de impuestos los inmigrantes tendrán que pagar si quieren beneficiarse de la iniciativa, pero algunos abogados de inmigración suelen recomendar a sus clientes pagar al menos los últimos cinco años.

Aproximadamente 24,4 millones de personas nacidas en el extranjero forman parte de la fuerza laboral en Estados Unidos, incluidos 8 millones que están en el país sin autorización, según datos del 2011 del National Employment Law Project, una organización con sede en Nueva York que ayuda a trabajadores de bajos recursos.

Activistas de todo el país llevan meses pidiendo que el gobierno acepte que inmigrantes como jornaleros y mujeres que limpian casas y cobran en negro puedan presentar recibos de pagos o planillas con el horario laboral en su solicitud a la reforma. Muchos hispanos no han recopilado ese tipo de comprobantes durante años de trabajo, y aunque pueden empezar a hacerlo ahora, pruebas de otro tipo como recibos de transacciones bancarias o hasta de comidas en restaurantes podrían quizás servir como alternativa.

Documentos mantenidos por sindicatos u organizaciones comunitarias o religiosas también se podrían usar, aseguran los expertos.

Un obstáculo en el camino de los inmigrantes sin papeles podría ser la negativa de empresas, fábricas y negocios que los emplean a dar fe de que trabajaron allí, ya que estarían admitiendo que contrataron a trabajadores en condición migratoria irregular.

«A veces los empleadores no van a cooperar porque no declararon impuestos con esos trabajadores o los explotaron. Aun así buscamos declaraciones de compañeros de trabajo, o de caseros, declaraciones juradas de conocidos, tarjetas de la biblioteca o, si fueron al hospital, un recibo de ese hospital», dijo Jan Brown, abogado de inmigración en Nueva York. «No es nada fácil dar visibilidad a alguien que ha sido invisible durante mucho tiempo pero podemos hacerlo».

Recibos, cartas, facturas o contratos pueden sustituir la falta de cooperación de un patrón, aseguró Brown.

Según una encuesta del 2008 del National Employment Law Project, un 74% de los trabajadores sin papeles de Chicago, Los Ángeles y Nueva York no reciben documentación con su salario. Es decir, no hay constancia escrita que detalle lo que cobran y sus deducciones fiscales, si las hubo. Las mujeres en situación migratoria irregular que cuidan de niños en casas son las que más sufren esa situación, seguidas de los trabajadores de mantenimiento, trabajadores de la construcción y trabajadores que limpian casas, según el estudio. También le resultará difícil comprobar ingresos a jornaleros que trabajan casi todos los días en sitios distintos, cobrando en efectivo.

Expertos aseguran que el número ITIN resultará muy útil en una reforma migratoria y, aunque no hay cifras que lo demuestren, el interés por pagar al fisco ha aumentado considerablemente entre los inmigrantes sin papeles debido al debate sobre la reforma que se lleva a cabo en Washington, aseguran abogados y notarios.

«Hay mucha gente sacando su número ITIN por la reforma migratoria y porque sus empleadores se lo están pidiendo», dijo William Velázquez, el director de una pequeña oficina de declaración de impuestos en el condado de Queens. «Yo noto que mucha más gente está viniendo al despacho este año».

Valeria Treves, directora de una organización sin ánimo de lucro que ayuda a inmigrantes sin papeles en Queens, asegura que cada vez más negocios piden ITIN y usan ese número cuando reportan a sus empleados al gobierno.

Para los inmigrantes que han usado un número del seguro social falso también hay esperanza. Las leyes actuales permiten corregir información personal del seguro social y acreditar el dinero que se pagó a través de un número falso a un número válido, aunque el proceso es complicado.

Durante la última reforma migratoria de 1986, no fueron castigados los inmigrantes que admitieron haber usado números de la seguro social falsos. Se permitió incluso que inmigrantes que regularizaban su situación recibieran el dinero que pagaron al gobierno a través de sus antiguos números de seguro social falsos.

El asunto, sin embargo, fue altamente controversial, ya que algunos criticaron el hecho de que alguien que infringió la ley obteniendo documentación falsa pudiera después tener los mismos derechos que estadounidenses con número válidos.

La Administración del Seguro Social (conocida como SSA por sus siglas en inglés) no comprueba el estatus migratorio de nadie que aporta dinero a través de un sueldo. Los negocios y empresas envían sus formularios W2 con el nombre y el número del seguro social de sus empleados a la SSA. Si el nombre y el número no coinciden los aportes acaban en una cuenta llamada Earnings Suspense File. El dinero de una mujer que simplemente se cambia de apellido cuando se casa y no lo reporta también termina allí.

Según una portavoz de la oficina, más de 70 mil millones de dólares acabaron en la Earning Suspense File en 2010, el último año con datos disponibles que tiene el gobierno.

Aunque no hay datos claros sobre cuántos inmigrantes sin papeles usan números de seguro social falsos, el Centro de Estudios de Inmigración (CIS por sus siglas en inglés) asegura que un 75% de extranjeros con un status migratorio irregular en edad de trabajar los utiliza. El Centro, con sede en Washington, postula leyes migratorias más restrictivas para evitar la llegada de inmigrantes no autorizados.