Los últimos meses del año, el vaivén de dónde encontrar fuentes de financiamiento frescas para nutrir un presupuesto desfinanciado acaparó la atención de la oposición convirtiéndola en especie de aventura donde se adentraron.
Casi para terminar noviembre, fecha del receso constitucional en el Congreso, sólo algunos diputados fueron incisivos con las autoridades de la Finanzas Públicas para tratar de averiguar donde se encuentran las debilidades y las fortalezas financieras del Estado.
El bloque Guatemala citó al ministro de la Defensa para conocer qué debilidades fronterizas tienen identificadas las fuerzas armadas en la geografía nacional, posteriormente corroboraron dicho datos con los jefes de la SAT.
Primero, recibieron información sobre la gran cantidad de puntos ciegos que el país tiene, principalmente en el área del norte y del occidente, fronterizos con México, donde al problema del narcotráfico se suma al del contrabando.
El contrabando de y hacia México, que históricamente ha sido secreto a voces, fue reiterado por el bloque Guatemala y que pasa desde saqueo de sitios arqueológicos, depredación de bosques, tráfico de fauna y flora, recuerdan en el documento entregado.
Asimismo, los diputados volvieron a escuchar la vieja historia del contrabando comercial que el país sufre desde territorio mexicano, no solo por los puntos ciegos reiterados por las autoridades fiscales y militares.
Como resultado de todas las consultas técnicas, los diputados de la bancada Guatemala, encontraron respuestas que el Estado dejó de percibir por contrabando y defraudación aduanera, Q6 mil millones durante 2009.
Por ello, el diputado José Alberto Gándara, entregó un documento resumen para el proyecto de iniciativa de Ley «Disposiciones para la erradicación de la defraudación y el contrabando aduaneros» que en teoría será presentada a la Dirección Legislativa en enero 2010.
Según Gándara, el primer paso fue la entrega del esquema del articulado para que Juan Alberto Fuentes Knight, titular de la cartera del Tesoro guatemalteco, la estudie técnicamente y haga llegar en enero sus comentarios para corregir o aumentar la propuesta.
INICIATIVA
La iniciativa está basada en información oficial recibida y que fue resumida en un documento donde se lee: «En las diferentes fronteras del país hay identificados por lo menos cien pasos de vehículos y personas que no tienen ningún tipo de control de las autoridades».
«[%%u2026] facilita el trasiego de mercaderías a gran escala que luego son distribuidas por redes de apoyo que van desde áreas de almacenaje hasta canales de distribución que colocan los productos en prácticamente todo el país», dicen en el texto.
Otra preocupación que reúne la justificación es que alrededor del delito concurren actos de corrupción del personal de aduanas, de la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades locales.
Otra debilidad, que a otros brinda una fuerza económica, es que el contrabando de productos alimenticios no tiene un control sanitario con el consiguiente riesgo para la salud de los humanos.
Tampoco descuidan que paralelamente está el fortalecimiento de grupos armados, crecimiento de impunidad, proliferación de pandillas que suman las extorsiones y se sigue generando un estado de violencia generalizada, agrega el comunicado.
Ricardo Barrientos
Viceministro de Finanzas
La iniciativa de la bancada Guatemala propondría que las penas fueran inconmutables por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera, apropiación indebida de tributos.
También penalizar la resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT, así como receptar, comercializar, almacenamiento y transporte de mercaderías contrabandeadas.
Que las autoridades no suspendan la persecución penal del delito de contrabando y que las penas de cárcel sean entre 10 y 25 años.
Castigar la estafa mediante información contable de 10 a 15 años inconmutables lo cual aumentaría las penas de hoy que van de uno a seis años. Pero además la bancada Guatemala propone los casos especiales contra la salud con penas de 10 a 25 años de prisión inconmutable.
A personas individuales o jurídicas que falsifiquen u obtengan facturas de terceros para acreditar la propiedad de mercancías cuando la procedencia sea ilícitamente o por contrabando.
Establecer el procedimiento para definir el destino de los bienes o mercancías de cualquier naturaleza nunca pueda ser la subasta de los mismos, sino pueda ser la donación o la destrucción.
Asimismo, la información que se llevó en sus manos el titular de la cartera de Finanzas Públicas, está la propuesta de reformar la ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y frenar el enriquecimiento ilícito.
Igualmente, adicionar la obligatoriedad de todos los integrantes de la PNC que presenten su declaración jurada patrimonial y que en estos casos quede sistematizada la información, control y fiscalización.
Otra interrogante del parlamentario Aníbal García fue acerca de la efectividad del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y una supuesta fuerte evasión.
%u201CEn las últimas estimaciones está alrededor de los Q5 mil millones anuales [%u2026] %u201D dijo Rudy Villeda jefe de la SAT.
Mientras Ricardo Barrientos, viceministro de Finanzas justificó que solo 2% de los contribuyentes, aportan el ISO %u201C[%u2026] estamos directamente pidiéndole un aporte adicional para Guatemala a bancos, financieras, agroexportadoras, supermercados, transnacionales%u201D.