La aprobación de la reforma tributaria dio lugar a una serie de inconformidades por parte de varios grupos, especialmente del sector privado organizado que ha manifestado su rechazo a la actualización fiscal que sacudió al país en febrero de 2012 y que hasta la fecha no puede consolidarse por una serie de acciones legales, lo que representa un duro golpe para los planes del Ejecutivo.

Además, el Gobierno a pesar de tener mayoría en el Congreso, se ha mostrado incapaz y sin interés de promover la aprobación de las leyes de transparencia que debían acompañar a la reforma.

Parte del problema fue la acelerada aprobación relámpago de la legislación fiscal en el Congreso, como parte de un plan de la bancada oficialista recién entrante al poder. Distintos analistas coinciden en que los primeros meses fueron clave para que el Gobierno pudiera alcanzar en alguna medida un cambio en la legislación sobre los impuestos.

Lejos de considerarse un tema de importancia para las mayorías, los políticos de turno predijeron con cierta facilidad que la situación fiscal con la que el Partido Patriota llegaría al poder no iba ser sostenible para poder desarrollar los programas de gobierno.

Por eso el partido oficialista se arriesgó y emprendió la reforma, considerando que tenía una fuerte integración con el sector económico, pues éstos fueron fuertes financistas de la campaña y su bancada tiene personajes vinculados con las cúpulas empresariales y los ministros del área económica son exdirigentes del sector privado.

El problema es que a pesar de la necesidad de hacer la reforma con los tecnicismos correctos para evitar impugnaciones, los promotores de la misma cometieron algunos errores de fondo que se plasman en las leyes y que han derivado en impugnaciones; por la celeridad, los congresistas ni repararon en esos detalles y aprobaron la reforma fiscal “prácticamente a ciegas”, dice un diputado que se opuso a la reforma y que pidió no ser citado.
 
El año pasado se aprobó la Ley de Actualización Tributaria y con base a las proyecciones de un aumento en la recaudación se programó el presupuesto para 2013, el más grande de la historia del país, de Q66 mil 985 millones 437 mil 187.

A pesar de tener aspiraciones tan altas, los planes tributarios terminaron opacando lo que realmente fue una recaudación incapaz de soportar tales cuotas presupuestarias y acuerdos con el sector privado poco sustentables, además que el gran modelo que ha servido para la corrupción de este país no ha cambiado en sus bases más importantes. “Han cambiado las formas tal vez, pero los negocios y la corrupción siguen igual o peor”, dice el diputado ya mencionado.

El ministro de Finanzas Pavel Centeno reconoció que aún con la reforma fiscal, se tiene una reducción en la recaudación de impuestos de 985 millones de quetzales en el primer trimestre de 2013.

El reto será alcanzar la meta de recaudación de Q50 mil 375 millones, pese a que la Intendencia de Recaudación ve un panorama cada vez más complicado para cumplir con ese objetivo.

Este problema no es nuevo ni sorprendente, pues en marzo pasado el Ministerio de Finanzas ya había advertido que las cifras de recaudación de febrero no fueron las esperadas.

La recaudación del ISR presentó un crecimiento del 21.2% respecto a 2012, pero conforme la meta de presupuesto está 4.8% por  debajo de lo previsto, “por lo cual es incierto el efecto de la Actualización Tributaria”.

Las cifras no marchan bien y las relaciones con el sector empresarial no son las mejores. El Gobierno y el sector privado organizado han mantenido posturas contrarias en materia fiscal, que les han llevado a distanciarse en las mesas de diálogo creadas para discutir el tema.

EN ANÁLISIS
La analista María Isabel Bonilla, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opina que “la Reforma tributaria no sólo se trata de Impuesto Sobre la Renta (ISR), también afecta toda la actividad económica porque hace modificaciones en la tasa tributaria en la formas de cálculos”.

Bonilla agrega que parte de lo que estaba exceptuado de pago ahora está incluido como gravamen directo a pagar. “Afecta que no hay posibilidad de tener crédito por las facturas del pequeño contribuyente, muchas reformas en el tema aduanero y afecta hasta el más pequeño de los contribuyentes, les pega directamente a ellos”.

Por su lado, Cristhians Castillo, analista del Ipnusac, sostiene que “la ley reconoce al sector empresarial para evitar el pago de impuestos; quien reiteradamente ha venido siendo castigado ha sido el consumidor final. Se reforman los tributos que afectan al consumo, caso del Impuesto del Valor Agregado (IVA), o aquellos afectan los ingresos pero que afectan de manera desigual”.

A priori la actualización impacta directamente en la clase media y las personas que tienen una relación de dependencia. Sin embargo, restando las protestas por el aumento en el impuesto a vehículos, los principales opositores de la reforma ante la opinión pública han sido las cámaras empresariales. ¿Por qué?

Según la columnista financiera Reny Bake la razón es porque “ellos son los que tienen la capacidad financiera de sostener un andamiaje legal que esté velando por sus intereses”. “Si usted le brinda la posibilidad a otros grupos de hacerlo no dudarían en ello”, indicó.

El diputado Álvaro González Ricci del partido Compromiso, Renovación y Orden, señala que “sí hay artículos que afectan al sector empresarial, como la doble tributación de ISO y ISR, en donde por una mala redacción, se pagó el doble”.

Karin Slowing, analista de planificación, piensa que “son los empresarios que tienen poder para oponerse. No sé si son los más perjudicados, la verdad. Históricamente aquí ha habido una resistencia muy fuerte para evitar pagar impuestos, desde la firma de democratización del país ellos tienen 25 o 30 años de boicotear reformas fiscales”.

Bonilla tiene otra perspectiva: “Todos los pequeños y medianos productores también son los que afectan a la industria grande. Le recuerdo que las cámaras, sobre todo la cámara del comercio, no están compuestas por la gran industria, sino precisamente por todos los comerciantes medianos”.

Bonilla concluye: “Pero, claro, la cara visible del recurso interpuesto podría no representar al mediano empresario; en nuestra creencia no lo vemos como el representante de la clase media, pero en realidad sí lo es por representar al gremio”.

¿POR QUÉ SIEMPRE LA CLASE MEDIA?
González Ricci señaló que “la gente que paga impuestos es más fácil de fiscalizar. Usted puede ver vendedores informales de La Terminal, ¿cuándo los va encontrar a ellos? A la gente que más fácil es ponerle control es a la gente que ya declara, la clase media”.

Carolina Castellanos, de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), piensa que la tributación en Guatemala es desigual por apoyarse en la gente que sí se encuentra en la formalidad. El 75 por ciento de la población económicamente activa del país labora día con día en la informalidad.

“De acuerdo con datos de la SAT, somos 600 mil contribuyentes; estas suben a 1 millón 100 mil con el impuesto de circulación de vehículos. Somos 1 millón 100 de personas jurídicas queriendo sostener un país de 14 millones”, advierte

Cabe entonces preguntarse qué debería suceder con las personas que no están en la facultad de sufragar estos costos. Castellanos dice: “Pague lo que pueda, pero que pague. La energía eléctrica en Guatemala es carísima porque la luz que usted paga en su casa y yo en la mía ayudan a subsidiar la tarifa social, por supuesto siempre hay que tener un aspecto social”.

“77 ARTÍCULOS IMPUGNADOS”
La realidad indica que existen 77 artículos de la reforma fiscal impugnados por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras ante la Corte de Constitucionalidad. Los artículos pertenecientes a la Ley de Actualización Tributaria y Ley Antievasión II que están siendo apelados se verían bloqueados a la hora de la recaudación.

Cristhians Castillo opina: “el sector privado vio que también hay un impacto sobre sus finanzas y buscan dejar sin efecto algunos artículos. Es necesario que se vuelva a rediscutir la reforma tributaria para evitar que se continúe con la escalada que ha provocado”.

Esta situación de impasse dejará grandes pérdidas para el Estado. Diversos estudios como los realizados por el centro de análisis Asíes pronostican que el Estado registra pérdidas por este motivo que sumarían 2 mil millones de quetzales.

Al respecto Andrés Castillo,  quien al momento de realizar este reportaje era presidente del CACIF, señaló, “para ser sincero no sé cuánto dinero pueda ser, algunas de nuestras estimaciones dicen que podrían ser Q500 millones. El punto aquí es que fue una irresponsabilidad del ministro Pavel Centeno aprobar la ley con inconstitucionalidades”.

Y una de las raíces principales del problema, al menos en el discurso, ha sido que tanto el Gobierno como el sector privado se contradicen en sus versiones sobre la metodología que aplicaron para determinar los cambios a la ley.

El Presidente se ha manifestado con la siguiente versión “ellos estuvieron de acuerdo desde el principio, el problema es que ya no nos podemos fiar, debido a que ellos nos dicen que están de acuerdo y luego se presentan con sus abogados ante la CC para apelar los artículos”.

Por el contrario, Andrés Castillo sostuvo “nosotros jamás hemos estado de acuerdo con los cambios que se presentaron. El ministro Pavel Centeno no tomó en cuenta nuestras observaciones, lo cual representa una falta al problema”.

Esto desembocó en una lucha directa por los cambios de fondo de la ley. El Gobierno radicalizando su posición de no acceder a cambios a menos que fueran de forma, y el CACIF utilizando los recursos legales a través de los tribunales.

Andrés Castillo afirmó: “Nosotros hemos recurrido a la vía legal porque es una forma inmediata de parar los cambios con los que no estamos de acuerdo, los consensos de las mesas técnicas se han hecho para ser presentados al Congreso y que por esa vía se puedan realizar las enmiendas a largo plazo”.

Bake, por su lado, sostiene “estos dos sectores han secuestrado un conflicto que interesa a todos los guatemaltecos. Sucede que no todas las personas tienen la capacidad financiera para pagar los recursos y apelar lo que no les parezca”.

Luego de la aprobación del 16 de febrero de 2012 en el Congreso, se han desarrollado 2 mesas técnicas entre Gobierno y CACIF para determinar los cambios que deberán hacerse a la reforma tributaria, la primera no brindó mayores acuerdos, la segunda en cambio una escueta conformidad de las dos partes en 27 artículos.

PANORAMA A FUTURO
La reforma fiscal apenas sobrevive a las impugnaciones y un férreo sector financiero seguirá poniendo el dedo en la llaga en los artículos que considera inconstitucionales. Según Cristhians Castillo “la propuesta más seria, me parece, es la que los mismos legisladores están planteando ante la CC, que se pueda rediscutir la reforma, el amparo para desconocer la reforma tributaria que se aprobó el año pasado”.
 
María Isabel Bonilla opina que  “en el último año de Colom echaron mano de préstamos para poder pagar a funcionarios. ¿Cómo van a hacer préstamos para pagar sueldos? Todavía falta toda la reforma al tema de la transparencia, la reforma a las contrataciones del Estado, la Ley de la Contraloría, etcétera.”

El tema será el rendimiento del gasto del dinero que el Estado pueda recaudar. Esta necesidad concertada de tener mejores leyes de transparencia puede traer este año la misma tónica que lo sucedido con la reforma tributaria. Una aprobación instantánea y una serie de errores técnicos que menguan el verdadero fin de la ley.

El diputado Ricci dice “las leyes de transparencia que ya tienen dictamen favorable en el Congreso, porque de 78 mil millones de quetzales, hay una corrupción de 17 mil millones de quetzales, entonces llora sangre pensar que se está corrompiendo por no tener las leyes necesarias y nos estamos endeudando este año con 5 mil 500 millones de quetzales”. 

Y qué pasará con los 77 artículos impugnados, “la CC tiene una trayectoria de fallar a favor de la élite económica, veremos fallos conservadores que anulen los artículos que más perjudican al CACIF”, opina Cristhians Castillo.