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Ello atendiendo a la preocupación del sector empresarial organizado que al oponerse a propuesta de reforma fiscal, argumenta que no es el mejor momento para aprobarla por los problemas económicos, derivados del encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales y los signos de recesión en Estados Unidos.

En esta entrevista, el titular del tesoro se refiere a los alcances de la propuesta de modernización fiscal que cabildea con los distintos sectores, fundamentalmente empresarial y polí­tico, para fortalecer financieramente al Estado y que el mismo tenga capacidad de respuesta a las grandes demandas sociales que se prevé aumentarán en la medida que la crisis mundial se agudice.

Pregunta: Algunos partidos polí­ticos en el Congreso coinciden con el mismo argumento de las élites empresariales que afirman que no es el momento oportuno para aprobar una reforma fiscal. ¿Cuándo es entonces el momento oportuno?

Respuesta: No hay un momento ideal para impulsar una modernización fiscal, si se plantea en un momento de desaceleración como ahora se argumenta que se castigará a los contribuyentes. En caso contrario, cuando está creciendo la economí­a se advierte que castigará la inversión y el crecimiento.

Estamos ante una situación en la cual hay una propuesta seria, que por cierto no viene del gobierno, sino de un Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, resultado de un largo proceso de preparación, que ha pasado también por el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz.

Esto refleja una propuesta nacional y creo que actualmente hay que tomar en cuenta que si bien hay una desaceleración, problemas económicos, eso precisamente puede servir como justificación de una modernización fiscal, porque estos problemas también afectan a los sectores más vulnerables, más pobres. Para enfrentar esos desafí­os se requiere que el Estado cuente con más recursos, con más capacidad para proteger a estos sectores que solos no tienen capacidad de salir adelante.

P. ¿Cree usted que valga la pena enviar el proyecto de reforma fiscal al Congreso, cuando la cúpula empresarial en sendos campos pagados ha manifestado públicamente su oposición a la misma?

R. No creo que exista un rechazo abierto y declarado. Se han planteado más bien dudas sobre el cómo conseguir más recursos y fundamentalmente el momento en que se propone que esta reforma cobre vigencia. Tomando en cuenta esta situación es que estamos proponiendo que la ley entre en vigencia gradualmente a partir del próximo año hasta concluir en el 2011. De manera que ya para entonces estemos en una situación mejor, tal como está previsto a nivel mundial.

P. ¿Cuáles son los niveles de acercamiento con la cúpula empresarial, ya que si ellos están de acuerdo pasa, de lo contrario no? Antecedentes sobre ese comportamiento sobran. El FRG con su aplanadora aprobó una reforma fiscal, pero en la Corte de Constitucionalidad las élites se encargaron de botarla.

R. Nosotros hemos estado realizando consultas prácticamente con todos los sectores, sindicales, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, empresariales. Creemos que como parte de este proceso de armonización sí­ se deben realizar consultas y negociaciones, especialmente con los partidos polí­ticos. Esperamos un acuerdo, quizá no total, porque con en este tipo de medidas no es posible, pero si ciertas convergencias y no diferencias que conduzcan a una polarización como ha habido en el pasado. Creemos que al final de cuentas le corresponde al poder polí­tico, al Congreso de la República decidir sobre este asunto.

Existe una evolución favorable del sector empresarial en reconocer que el Estado si debe contar con más recursos y hemos sostenido diálogos con empresarios que sí­ lo reconocen. Hay diferencias sobre las cuales se puede conversar y yo tengo la esperanza que si podamos avanzar, talvez no con un consenso total, pero sí­ con ciertas convergencias básicas que permitan al Estado contar con más recursos.

P. ¿Cuál ha sido el acercamiento con el sector polí­tico?

R. Desde la primera semana que tomé posesión me llamaron para dar diversas explicaciones sobre los cinco proyectos de préstamos que -por cierto- con una gran muestra de madurez fueron aprobados por unanimidad por el Congreso de la República.

Hemos sostenido varias reuniones para explicar el contenido de la reforma fiscal, la más reciente en Washington, auspiciada por el BID. Allí­ se platicó para conocer otras experiencias y el contenido de la ley con los diputados integrantes de la comisión de finanzas y los jefes de bloque.

P. ¿Cómo contribuye la reforma fiscal a mantener la gobernabilidad y la paz social?

R. Una vez el Estado fortalecido financieramente puede responder a situaciones precisamente de crisis en el ámbito social, tensiones sociales y desastres naturales que ahora tenemos muy poca capacidad de respuesta.

También el Estado podrí­a financiar ciertos aumentos y bonos o transferencias condicionadas para trabajadores o personas que están en una situación especialmente precaria. Si no se aprueba la reforma fiscal no se va a contar con recursos para proteger a quienes están en extrema pobreza.

El problema es que no sólo está aumentando el número de pobres, sino que los guatemaltecos que ya se encontraban en los niveles de pobreza y extrema pobreza hoy son más pobres y no tienen lo suficiente para alimentarse ellos y sus hijos.

P. ¿Pero la reforma fiscal castiga a la clase media que es sobre quien recae el mayor peso de los impuestos?

R. Esta propuesta de modernización fiscal prácticamente se aplica al 20% de la población que tiene más ingresos en Guatemala. No afecta al 80% de los guatemaltecos.

Si un asalariado gana más de Q3,500 al mes se aplica el impuesto solamente a la cantidad marginal encima de eso. Por ejemplo, si gana Q4,000 se aplica la tasa a esos Q500 extras. Si es el 5%, serí­a sólo 25, lo cual es una cantidad bastante pequeña.

También hay que tomar en cuenta que se están reduciendo las tasas a los trabajadores en situación de dependencia. De 31%, 20%, 15% a 5% y como máximo a 7%.

P. ¿Según ofreció el presidente Colom, este es el último año de vigencia del Impuesto Extraordinario de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP)? ¿Es así­, o promoverí­a el Ejecutivo su prolongación un año más en caso la reforma fiscal fracase?

R. El IETAAP es una fuente de mucho conflicto, de gran incertidumbre, tanto para el sector privado como el público. Pero el sector privado no le permite realmente programar bien sus inversiones, porque no sabe si año a año se va a aplicar o no. Además que es un impuesto que no se aplica a las utilidades como tal, sino a los activos o ingresos brutos, no sobre las ganancias como tales, es un impuesto ineficiente, porque también al Estado no le permite programar bien sus recursos, cuánto va a tener a lo largo del tiempo. Una de las ventajas de estas reformas es que se quita el IETAAP y habrá reglas claras a futuro, lo cual es una ventaja para ambos.

P. El escándalo en el Congreso de la República sobre la anómala inversión por Q82 millones deteriora la moral tributaria. ¿Incidirá este problema con la reforma tributaria que ustedes pronto enviarán?

R. Es válido expresar esa preocupación. Creo que es un tema de mal uso de recursos y no de corrupción, por un lado; por otro, considero que es válido plantearse dudas, por lo que la modernización que estamos impulsando es para que precisamente haya más control sobre el uso de los recursos.

Una de las propuestas es que haya un observatorio del gasto público, que incluya participación de la población civil, sector privado, junto a una asesorí­a técnica que podrí­a ser de Naciones Unidas para que haya una mayor fiscalización del gasto a futuro.