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¿Cambiará la forma de elegir y ser electo? Los diputados en el Congreso no solo tienen la última palabra; tienen la decisión completa en sus manos con la posibilidad de cambiar el texto de la normativa y definir un nuevo rumbo electoral.

Hasta ahora no hay una señal de que las cosas cambien en el sistema electoral, y por eso nada garantiza que la campaña y los comicios de 2015 sean diferentes a las jornadas de las últimas décadas: desordenadas, con oscuros personajes en las boletas, con financiamiento de origen ilícito, poco transparentes y faltas de participación y representatividad de la población.

Sin embargo, analistas consultados por La Hora consideran que existe un desafío social y político para impulsar cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que garanticen un giro en los aspectos que hasta ahora representan un verdadero problema para la democracia.

Desde el financiamiento de los partidos políticos, la selección de los candidatos y la formación de esas agrupaciones, hasta las sanciones para quienes transgreden la ley y las normas básicas que garantizan la transparencia se encuentran en la agenda de modificaciones a la ley.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Catalina Soberanis, directora del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), considera que el primer giro importante debe establecerse en el financiamiento de los partidos políticos, que a su criterio “debe ser estrictamente público para que exista la posibilidad de controlar sus movimientos a través de los órganos del Estado”.

Esto porque de contar con fondos públicos, los partidos deberían ser ciento por ciento auditables, y no habría limitaciones para iniciar procesos judiciales contra los que no rindan cuentas; la ciudadanía conocería plenamente de los manejos financieros y luego, en el gobierno, los partidos no tendrían que pagar “la factura” de su campaña.

El tema abarcaría también las inversiones de los partidos y el manejo de los recursos públicos para que exista igualdad de oportunidades para todas las agrupaciones. “Incluso, existe una gama de propuestas como la que  el Estado es que debe contratar los espacios en los medios de comunicación”, señaló Soberanis.

Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana (AC), apunta que existe financiamiento partidista mal regulado en la ley, a partir de “una reforma parcial, mal hecha” y considera por eso que “se debe hacer una reforma más integral”.

 “Hay que buscar que el sistema esté financiado de forma más balanceada, ya que son las fuentes privadas las que financian toda la campaña de los grandes partidos y con fondos públicos es muy poco.  El 90 por ciento es con fuentes privadas y solo el 10 por ciento con fondos públicos, y los privados se manejan de forma anónima a pesar de que la ley lo prohíbe”.

Según un informe de AC, “la vinculación entre dinero y política existe y se justifica al ser los partidos entidades que deberían mediar y aglutinar los intereses de la población. Sin embargo, resulta evidente que en el intercambio de recursos económicos se puede abrir vicios y peligros para la democracia, entre ellos corrupción”.

Marroquín señala que dentro de la ley existen grandes lagunas, ya que los partidos políticos gastan cinco veces más del techo presupuestario que es Q48 mil topes, “entonces hay que determinar si el techo se queda o se quita, porque si vas a tener un techo que es mentira, ¿para qué tenerlo?”, se cuestiona.

CUIDADOSA SELECCIÓN

Casi tan importante como la transparencia en el financiamiento, Soberanis considera imprescindible elevar el estándar de exigencia para elegir a los candidatos y los cuadros que ocuparán cargos públicos, aunque no precisamente hayan sido electos popularmente, como el caso de los ministros y otros funcionarios.

“La reforma Electoral debe contar con mecanismos para analizar aspectos como este y otros adicionales a la Ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación en la extensión de la constancias de probidad, para garantizar que no existan juicios pendientes o impedimentos” para que participen los políticos.

“En las leyes no hay calificaciones muy restrictivas, (…) entonces es necesario que exista un análisis en estos temas para que sean más explícitos estos mecanismos e impedir que alguna persona, la cual no sea idónea asuma algún cargo”, reitera Soberanis.

La propuesta surge a partir de los reparos y señalamientos contra funcionarios de Estado, aun cuando tienen un finiquito extendido por la Contraloría, que no precisamente garantiza la idoneidad de una candidatura.

Javier Brolo, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) señala también que los partidos políticos deben cumplir también su rol de formación cívica y ciudadana permanente, para que fomenten la cultura democrática de los ciudadanos y estos exigir cambios a los partidos que incurren en prácticas no democráticas y sancionándolos, no dándoles su voto.

“El fortalecer la cultura democrática de la ciudadanía es un elemento indispensable para que se pueda tener democracia en un país. Debe existir responsabilidad en los liderazgo políticos que deben asumirse para que el sistema funcione”, apunta el experto.

“Los ciudadanos deben elegir de forma informada. Aprovechar los espacios de información que están más accesibles y señalar que son los ciudadanos, con su voto, los que decidirán quienes serán dirigentes de las instituciones”, agrega.

SANCIONES, CAMPAÑA Y REELECCIÓN

El sistema de sanciones que establece la Ley Electoral se califica en amonestaciones, multas, suspensiones temporales y cancelaciones del partido. Sin embargo, estas dos últimas no podrán imponerse una vez iniciando el proceso electoral, lo que aunque proteja la competencia partidaria, deja sin herramientas al TSE para hacer valer su autoridad durante la campaña.

Hasta la fecha la misma ley establece que las multas oscilan de los US $15 hasta los US $125 equivalente a Q978, monto poco elevado en comparación a los gastos realizados durante las campañas electorales.

“Deben ser sanciones efectivas, tratar que no provoquen que el partido político burle la ley. El objetivo de la reforma es que el TSE tenga la capacidad al momento que se pronuncia en contra del sobrepaso de los partidos en gasto de campaña, y que estos no hagan caso omiso de las sanciones que se digan”, estima Brolo.

En cuanto al proselitismo, Marroquín indica que dentro de las reformas se debe contemplar el número de días que se elabora la campaña electoral.

 En el informe de AC, Guatemala cuenta con 133 días de campaña, lo que supone una cantidad de tiempo mayor comparado con países como España y Japón que solo permiten 15 días.

Y para la reelección de gobiernos locales y diputaciones, el analista considera que no deben ser continuas: “Pueden reelegirse, pero no de un periodo a otro, sino dejar un periodo de por medio para ya no tener la tentación de usar los recursos públicos para promoverse en la campaña y tendría que esperar un periodo”.

No obstante, Marroquín considera que es muy poca la posibilidad que los parlamentarios aprueben este tipo de reformas.

SIN PROFUNDIZAR

Dentro del Palacio Legislativo también se empiezan a resonar los debates sobre las reformas, tal es el caso del diputado José David Echeverría, presidente de la Comisión legislativa de Asuntos Electorales, quien aseguró que no pasará este año sin que se aprueben las reformas a la Ley.

Echeverría informó que en  días anteriores sostuvo una reunión con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán, en la que establecieron los aspectos más importantes  reformar. Sin embargo, no profundizó en detalles sobre la reunión.

“Tenemos que ser imparciales en las reformas, no queremos perjudicar ni beneficiar a los partidos políticos. Asimismo, queremos que todo esto sea públicamente para que la población esté bien informada”, dijo el parlamentario.  

Finalmente, Soberanis puntualizó que “la ciudadanía no debe exigirse solo en emitir su voto”, sino  debe darle seguimiento al actuar de las personas políticas, los dirigentes, para ver si merecen su confianza, y por ende, hace presión social sobre la discusión y el impulso  de reformas a la Ley Electoral será fundamental.