El tema de debate en esta semana es la propuesta de reforma constitucional lanzada a la opinión pública por el actual gobernante. Ciertamente, él mismo planteó al principio la necesidad de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para viabilizar su planteamiento de reforma, pero rápidamente dio marcha atrás y se circunscribió a una reforma constitucional, pero utilizando como vehículo el Congreso de la República. Así que hoy este es el nuevo planteamiento y ello amerita muchas reflexiones.

Sin duda que haber convocado a una Asamblea Nacional Constituyente hubiera significado un error pues con la configuración de partidos políticos actuales, la posibilidad de construir un nuevo paradigma social con base a una modificación a la constitución, hubiese sido modesta, sino nula y hasta regresiva. Por ello, el mayor partido de oposición tomó inmediatamente dicha propuesta buscando hacer un uso de dicha posibilidad, pero me atrevo a pensar que los resultados hubieran sido desastrosos. Los partidos actuales tampoco se caracterizan por ser plataformas institucionales y políticas con orientación de Estado, si no, al contrario, clubes de amigos que se enseñorean en sus curules y terminan su legislatura cómodamente y con nuevas fortunas.

La reforma constitucional debe ser vista como una nueva oportunidad de pensar la nación, el país, la sociedad y su población; ésta por lo tanto, debe propender a transformar el pensamiento o ideología imperante en la actual Constitución, así como tiene la responsabilidad de trascender de un país y una institucionalidad dominada por los intereses económicos a un pacto social orientado a constituir una nación equilibrada, en cuanto romper los esquemas de desigualdad existentes; una sociedad más justa, en donde se pueda construir una plataforma de servicios públicos comunes y con carácter creciente para incorporar a toda la población como educación, salud, vivienda, seguridad social y hoy con más razón la seguridad ciudadana; la constitución de un Estado fuerte, no necesariamente grande y burocrático; independiente, que pueda tomar distancia de la presión y sujeción de las élites y responsable, que pueda actuar en favor de la población y con base a cumplir todos los derechos económicos, sociales y culturales, más allá de los ciudadanos y políticos.

La reforma constitucional constituye también una enorme posibilidad para establecer con claridad y decencia, la importancia estratégica de los recursos naturales del país y darles la prioridad que se debe, tanto aquellos recursos de carácter extractivo como la minería y el petróleo; e igualmente, mostrar voluntad política por darles relevancia a los recursos naturales como la biodiversidad y sus recursos naturales, así como la importancia estratégica de la cuestión forestal y sus instituciones.

La reforma constitucional significa romper con candados fiscales y presupuestarios que ahogan el manejo de las finanzas públicas y lo hacen preso de las élites políticas, como el caso del listado geográfico de obras, que constituye el mecanismo que propicia el enriquecimiento ilícito de los diputados, alcaldes y concejos municipales, ONG y empresas constructoras, en donde también los recursos de la descentralización municipal se convierten en el centro de la disputa por la obra gris y se descuidan otros aspectos cruciales para el municipio como la salud, la educación, el medio ambiente, entre otros.

La reforma constitucional representa la oportunidad de romper con círculos perniciosos que se transformaron en privilegios para unos intereses particulares como el artículo constitucional que no permite a la banca central prestar recursos al gobierno central, con una lógica entendible en el momento del despilfarro de los gobiernos militares, pero que hoy resulta únicamente un beneficio para el sector bancario. Ello no implica que se deban imponer limitaciones y mecanismos de control por parte de la Junta Monetaria, para evitar abusos.

La reforma constitucional constituye una enorme oportunidad de construir un nuevo paradigma de Estado; una nueva visión de nación; la posibilidad de comprender que se requiere de una sociedad diferente, en donde el papel de la iniciativa privada no es crecer sobre la base de controlar al Estado, ni de beneficiarse del mismo, sino de ampliar la base de la competencia, introducirse en la modernidad de la competitividad y la globalización.

La reforma constitucional puede ser el espacio para repensar un nuevo marco ideológico, más humano, más centrado, menos sectorial; la reforma constitucional debe visualizarse más allá de los intereses particulares y económicos, para profundizar en una nueva forma de hacer nación, de construir sociedades sanas y equilibradas, para lo cual se requiere de un Estado fuerte y con recursos para poder cumplir con todas sus obligaciones que se establecen en la propia Constitución. Es decir, una reforma constitucional que nos beneficie a todos y no sólo a aquellos que conocemos y sabemos bien quienes son.