Paí­ses como Estados Unidos han mutado su Constitución a través de enmiendas y la totalidad de las mismas que la Constitución norteamericana ha recibido son más que el contenido de la carta magna original de ese paí­s. Por el contrario, los paí­ses latinoamericanos que no observan el Derecho común, históricamente tienen constituciones amplias y nosotros no somos la excepción.

 

Nuestro pacto social históricamente ha cambiado un buen número de veces. La actual Constitución sufrió ya una modificación en 1993, a raí­z de la desestabilización que produjo el Gobierno de Jorge Serrano y una muy bien financiada campaña, cuyos recursos provení­an de la cúpula económica, que se efectuó bajo el concepto de depurar al Congreso.

 

Los Acuerdos de Paz que nos permitieron cesara el conflicto entre guatemaltecos, después de 36 años de enfrentamiento y un cuarto de millón de muertos, plantearon que la Constitución debí­a de modificarse y al no ser concreta y exhaustiva la propuesta, le correspondió a una instancia donde estaban representados los insurgentes, el Gobierno y todos los partidos polí­ticos representados en el Congreso, elaborar una propuesta de reforma, la cual no logró ser aprobada al no poder superar una bien financiada campaña por el No proveniente de los grupos más conservadores del paí­s.

 

Hace escasamente dos años Manuel Ayau y más de 40 ciudadanos, a través de la asociación ProReforma, elaboraron una reforma parcial que incluí­a ideas extremas de derecha y proponí­an la creación de un Senado integrado de una forma sumamente limitada y poco democrática.

 

Esta propuesta muy bien financiada y publicitada logró la adhesión de un significativo número de ciudadanos, muchos de los cuales firmaron sin conocer cada uno de los artí­culos que se proponí­an reformar. La iniciativa presentada al Organismo Legislativo mereció numerosas opiniones en contra y aunque no ha concluido totalmente su trámite, evidentemente no podrí­a recibir el aval del Congreso para ser sometida a una consulta popular.

 

Hace muy pocos dí­as, quien encabeza en la Comisión Internacional Contra la Impunidad, públicamente manifestó que deberí­a reformarse la Constitución en lo relativo a las comisiones de postulación que proponen al Presidente o al Congreso la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de sala, el Fiscal General, el Contralor General de Cuentas, etc.

 

Si analizamos cada una de las propuestas comprobamos que son distintas, que cada grupo o sector ha planteado enmiendas a nuestro pacto social desde su punto de vista y criterio, efectuando sus consideraciones y opiniones según su forma de pensar, según el sector social y económico de donde provienen, pero todas son reformas parciales y escasamente coincidentes. Adicionalmente, hay aspectos importantí­simos como es el diferendo territorial con Belice, la recaudación impositiva, la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos, las elecciones, los candidatos, incluyendo la reelección, que son urgentes de tratar. Todo evidencia que «la pica está en Flandes».

Continuará.