«Impulsar dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral, orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que la tierra constituyera para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad». (Carta de Punta del Este. 1961).
La conflictividad agraria en Guatemala es un problema histórico estructural de graves dimensiones que los políticos neoliberales y la oligarquía nacional, se niegan atender. La concentración de la tierra cultivable en pocas manos, producto del despojo histórico a los pueblos originarios, es el origen de la situación actual de pobreza y marginación de los campesinos y de la justa demanda de éstos por el acceso a la tierra. El modelo de la finca que prevalece hasta hoy, somete al mozo colono a condiciones de esclavitud y a la miseria a su familia; estudios actuales revelan que el 73% de las mujeres pobres son del área rural (Avancso 2009). A esas condiciones, se agrega el alto nivel de desprotección que tiene el campesino en términos laborales, sólo el 10% de ellos tiene seguridad social.
Mediante la apropiación de la tierra y la explotación de la fuerza de trabajo, los pocos dueños de los medios de producción siguen concentrando tierra y acumulando riqueza. Las políticas públicas en el tema agrario orientadas a la agroexportación, la dedicación de suelos para el cultivo de agro combustibles, benefician solamente al terrateniente y a los oligarcas. Esa situación estructural «ha conducido a una permanente tensión social cuyo resultado son los miles de ciudadanos muertos, secuestrados, desaparecidos, desplazados sobre todo en el ámbito rural; ha llevado también en los últimos años a una latente insurrección en el campo» (Paz Cárcamo.1986).
Un Estado responsable y un gobierno respetuoso del Estado de Derecho y de la Constitución Política de la República debe actuar en función del bien común; sin embargo en Guatemala ocurre lo contrario, pese a la desigualdad en términos de acceso, uso y tenencia de la tierra, se criminaliza la lucha campesina, se reproduce la injusticia y la exclusión.
Los campesinos no buscan paliativos, exigen reforma agraria. Los oligarcas y neoliberales olvidan que en el viejo continente países como Inglaterra y Francia y en América, Estados Unidos, México, Chile, las reformas agrarias implementadas lograron una mejor distribución de la riqueza, disminuyeron las presiones sociales y han construido sociedades más justas y equitativas. La clase política del país y los representantes en el Congreso Nacional, deben impulsar la aprobación de leyes orientadas a resolver la conflictividad agraria y disminuir las grandes brechas sociales entre población urbana y rural. La reforma agraria en necesaria para el país.
P.S. El actual Presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG, el colega Fong Rivera, llegó a la funeraria donde se estaba velando al periodista Mario Maldonado Guevara, para informar a la viuda que la APG no ofrecía ninguna ayuda póstuma, «porque Mario no estaba al día con las cuotas». La visita del citado Presidente, causó malestar por inoportuna e imprudente.