En Guatemala la lucha campesina por el uso, tenencia y propiedad de la tierra, así como la defensa del territorio sigue vigente, de hecho, el tema agrario es uno de los focos más sensitivos de la conflictividad agraria en el país. La demanda de los campesinos guatemaltecos se sustenta por la injusta distribución de la riqueza, las abismales desigualdades sociales, el acaparamiento y el despojo de tierras que las élites oligarcas, histórica y sistemáticamente vienen haciendo, para satisfacer intereses personales, aumentar capitales y ganancias de grupos locales y de empresas transnacionales.

El acaparamiento y despojo que se hace, es para ampliar la frontera agrícola, para dedicar la tierra al monocultivo de caña de azúcar o de palma africana para satisfacer la demanda internacional de fabricar agrocombustible, que compromete el riesgo por la inseguridad alimentaria de la población, aumenta la desigualdad social y reduce las oportunidades de los campesinos, de acceder o recuperar la tierra para hacer que produzca y  mejore la economía campesina.

Entregar y devolver la tierra a los campesinos, es abrir oportunidades para el desarrollo sostenido de la gente, es aumentar la producción nacional de alimentos, es ampliar la distribución de la riqueza, es incrementar el poder adquisitivo de amplias capas de la población que hasta hoy han sido excluidas, marginadas y discriminadas, es poner fin al despojo, al acaparamiento y contribuir a elevar el desarrollo  del país.

En Guatemala es necesaria la modernización del sistema productivo nacional, eso pasa por aplicar la reforma agraria e institucionalizar el sistema agrario nacional, readecuación de leyes, creación del código y tribunales agrarios.

Las relaciones sociales de producción sobre todo en el campo, se sustentan en la explotación de la fuerza de trabajo barata, así ha sucedido casi siempre. Ud. sabe que muchos terratenientes no cumplen con pagar el salario mínimo ni las horas extraordinarias laboradas, tampoco cumplen con normas de higiene y seguridad personal y en muchísimos casos, no pagan las prestaciones de ley. Ahora también, empresas transnacionales están arrebatando y despojando de su tierra a pequeños y medianos propietarios para extender el próspero negocio del monocultivo. Eso mismo hacen en este momento, en los departamentos de Alta y Baja Verapaz y en El Petén.

Se despoja el territorio y desaloja a comunidades enteras, cuando el Estado concede licencias a empresas transnacionales para explorar y explotar metales preciosos o minerales, lo mismo sucede en territorios donde instalan proyectos hidroeléctricos. En estos casos, las comunidades afectadas y en resistencia han denunciado, los graves e irreversibles daños al medio ambiente que ambas actividades provocan. Los daños referidos están relacionados con la enorme deforestación que acarrea, la contaminación de las fuentes hídricas y los daños a la salud humana.

Todo ocurre con la anuencia y complacencia de gobernantes y autoridades, que satisfacen intereses personales para beneficiar a empresas transnacionales y élites nacionales, sin importarles el bien común, sin defender los intereses nacionales, entregando los recursos naturales en contra del interés social.

Lo contrario ocurre en otros países, la semana pasada, la Corte Suprema de Chile suspendió el proyecto minero Pascua-Lama, de la minera canadiense Barrick Gold en ese país. El máximo tribunal chileno ratificó el fallo de un tribunal menor que detuvo el proyecto ubicado en la norteña región de Copiapó, donde la empresa prevé invertir entre 8.000 y 8.500 millones de dólares. «El fallo resuelve de manera definitiva el recurso de protección interpuesto en septiembre de 2012 por comunidades indígenas», dijo la minera canadiense tras conocerse la decisión de la Justicia. El plan minero, ubicado en la región fronteriza entre Chile y Argentina, generó críticas por parte de ambientalistas y comunidades locales por el impacto que aseguran tendrá en los glaciares y fuentes de agua de la zona.
En Guatemala urge aprobar la iniciativa 4084.