El numeral 19 y 20 del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico expone que: «en la medida en que la represión estatal se intensificó y amplió la cobertura de sus potenciales víctimas la tendencia rebelde que cifraba la solución política nacional en el triunfo de la guerrilla se vio fortalecida, más que compartir un programa ideológico concreto durante la mayor parte del enfrentamiento armado la cohesión de la insurgencia guatemalteca se definió en torno a la necesidad y primacía de la lucha armada como única solución».
Sigue diciendo: «durante su investigación la CDEH comprobó que el trabajo político de las organizaciones guerrilleras dentro de los diversos sectores de la sociedad fue orientado crecientemente a fortalecer su capacidad militar, en perjuicio del estilo de acción política propio de los sectores democráticos. Asimismo, los esfuerzos de otras fuerzas políticas para aprovechar los limitados espacios de participación legal fueron descalificados con radicalidad por algunos sectores de la insurgencia como «reformistas» o «disidentes», mientras las personas que se mantenían al margen del enfrentamiento eran tratadas con profunda desconfianza y hasta como potenciales enemigos contribuyendo también por este lado a la intolerancia política y la polarización.»(sic)
En relación a lo anterior el licenciado Alfredo Balsells Tojo miembro de la CDEH conocía bien lo relativo a la lucha por abrir espacios políticos fuera de la subversión por haber sido amigo cercano y por mucho tiempo colaborador del licenciado Manuel Colom Argueta quien murió asesinado en el intento de abrir un espacio político partidista.
En el numeral 22 la CDEH pone de manifiesto la implicación de todo el Estado, unificando sus diversas instituciones y mecanismos coactivos y también señala «la responsabilidad y participación de los grupos de poder económico, los partidos políticos, los universitarios y las iglesias, así como otros sectores de la sociedad civil». (sic)
Considero que en este punto la Comisión generalizó injustamente ya que hubo partidos políticos como el PNR y el FUR a finales de la década de los 70 que no se alinearon con el Estado. También es injusta la generalización al decir los universitarios y las iglesias, porque fue dentro de estos sectores en donde la insurgencia tuvo muchísimos más simpatizantes que antagonistas y en donde la represión se cebó mayormente durante el período previo a la extensión de la lucha armada a las áreas rurales de predominio maya.
Señala la Comisión que el Estado magnificó la amenaza militar de la Insurgencia cuando dice que «en ningún momento los grupos guerrilleros tuvieron el potencial bélico para constituir una amenaza importante para el Estado. Los contados combatientes no pudieron competir en el plano militar con el Ejército de Guatemala, que dispuso de más efectivos, muy superior armamento, así como mejor entrenamiento y coordinación.
En el numeral 25 la CDEH concluye que el Estado magnificó la amenaza militar de la Insurgencia e incluyó en un solo concepto a los opositores, demócratas o no, ya fueran pacifistas o guerrilleros, legales o ilegales, comunistas y no comunistas, y esa unificación sirvió para justificar numerosos crímenes. Sobre esta base la CDEH explica porqué la gran mayoría de las víctimas no fueron combatientes de los grupos guerrilleros sino civiles, lo cual lo pudimos constatar muchos de los que vivimos aquella época y que teníamos contacto permanente con las áreas rurales del país Las vendettas como suele suceder estuvieron a la orden del día y fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con la subversión
En el período 1962-1970 apunta la Comisión que las operaciones se concentraron en Oriente, en la ciudad de Guatemala y en la Costa Sur. Las víctimas fundamentalmente fueron campesinos, miembros de las organizaciones gremiales rurales, profesores y estudiantes universitarios y de secundaria. En los años 1961 a 1977 las acciones represivas fueron más dispersas y las víctimas principales fueron líderes comunitarios, dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes. El período más violento dentro del enfrentamiento armado fue entre los años 1978 a 1985 y los operativos más importantes sucedieron en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, la Costa Sur y la Capital. Fue en estas regiones del Occidente en donde la población maya vino a ser predominantemente afectada y víctima del genocidio según se puedo constatar más adelante. Las Comunidades de población en resistencia fueron objetivo de primer orden, de donde fue lógico esperar que muchos de sus miembros pasaran a engrosar las Organizaciones Guerrilleras ya que de alguna manera lo hacían para sobrevivir.
Un paréntesis dolorosa fue la afectación de las mujeres y de los niños lo cual es señalado dentro del Informe de la CDEH. Niños y niñas que fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violación, dejando como resultado gran cantidad de huérfanos y desamparados especialmente dentro de la población maya. Se constató que una de cuatro víctimas de hechos de violencia fueron mujeres, una gran mayoría incluidas en masacres sin tener ninguna identificación con las Organizaciones Guerrilleras. Miles perdieron a sus esposos quedándose como único sostén de sus hijos luego de la destrucción de casas y cultivos en las operaciones de tierras arrasada.
Un comentario personal cabría aquí: ayer como hoy la mayoría de ciudadanos nos vimos inmersos dentro de una vorágine de violencia sin nombre, sin embargo, pareciera que algún espíritu maligno cubría nuestros ojos y amordazaba nuestra boca para no darnos cuenta de la realidad, de aquel crimen sin castigo en donde la impunidad campeaba por sus fueros. Hoy los guatemaltecos seguimos sin querer darnos cuenta y reaccionar, igual que sucedía hace veintitantos años cuando morían nuestros compatriotas inocentes .COMO AJENOS a aquellos horrores y a los horrores de hoy sigue nuestra vida: trabajamos, vacacionamos, vemos crecer a nuestra familia y nos hacemos mayores sin aparentar enterarnos de lo que sucede a nuestro alrededor. Continuará.