El último fin de semana fue terrible en términos de violencia, como es prácticamente nuestra vida cotidiana en la que vivimos con la constante preocupación porque algún robo se pueda traducir en un hecho de sangre o porque una bala perdida pueda segar la vida de gente inocente. De hecho, la idea de que con la mano dura se iba a acabar la violencia no ha funcionado y eso no puede sorprender más que a los incautos porque si de algo sirviera la mano dura, Guatemala sería un paraíso dado que aquí se ha aplicado la fuerza hasta con exceso y ni eso sirve para contener a los criminales.

En algunos gobiernos se ha recurrido al uso de políticas de limpieza social que tienen el doble objetivo de eliminar delincuentes y enviar un macabro mensaje a los que quedan vivos, en el sentido de que en cualquier momento les puede llegar la muerte porque las autoridades no están para juegos. Pese a que ha sido muy fuerte esa práctica, y aplicada en forma reiterada, no disminuye la violencia acaso porque los mismos que conforman los escuadrones de la muerte luego “privatizan” sus servicios y trabajan para todo aquel que necesite que algún grupo de sicarios les elimine algún problema. Lejos de que baje el número de asesinos, el mismo se ve incrementado por agentes que actúan para, según ellos y sus jefes, limpiar la sociedad, pero la terminan ensuciando porque habiendo matado al primero, lo demás es pan comido.
 
 Por ello es que yo creo que el problema esencial de Guatemala no está en la mano que se use para enfrentar la violencia, sino en el tema de la impunidad que está profundamente arraigada. Ni mano dura ni mano aguada sirven para un carajo cuando estamos frente a una ola de criminalidad tan atroz como la que tenemos y lo que hace falta es que entendamos que la ley tiene que aplicarse con severidad a los que cometen cualquier clase de crímenes.
 
 Porque combatir la violencia con más violencia o con una mano dura que no entiende más que de repartir golpes, crea al final más violencia y no contiene la existente. Puede ser que en los primeros días de una campaña de represión violenta se pueda disminuir levemente la incidencia de los hechos criminales, pero con el paso de los días los maleantes se acomodan y encuentran la forma de librarse del riesgo. Es más, hasta se pueden librar de sus adversarios porque como las fuerzas de seguridad siempre recurren al pretexto de que las muertes son lucha entre pandilleros rivales o narcos rivales, se permite implícitamente ese tipo de enfrentamientos.
 
 La justicia pronta y cumplida es el único antídoto contra la violencia, pero esa está lejos de nuestra realidad y de nuestras posibilidades porque lejos de que vayamos construyendo un sistema que apunte a la consolidación del Estado de Derecho, cada vez entregamos más la institucionalidad del país a poderes ocultos que desde tenebrosos centros neurálgicos dirigen la institucionalidad guatemalteca con el fin supremo de exprimir los recursos hasta donde sea posible y lo permita la franciscana paciencia de nuestra población.
 
 En dos años que le quedan a la CICIG no se puede ya esperar mucho y desde la elección de la Directiva del Colegio de Abogados está abierta ya la lucha por la sucesión en el Ministerio Público y visto el trabajo realizado por la actual Fiscal General, habrá una complicidad de todos los sectores perversos para eliminarla del Sistema de Justicia y entregar ese cargo a alguien que, como sus antecesores, no haga muchas olas ni ponga en riesgo el maravilloso reparto de poder que ampara a la corrupción en Guatemala.