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Volviendo al informe de la CEH los numerales 40 y 41 se refieren a la actividad clandestina de los servicios de inteligencia cuando dice: «Dicha actividad clandestina se manifestó en la utilización de centros ilegales de detección o cárceles clandestinas que existieron en casi todas las instalaciones del Ejército de Guatemala, en muchas instalaciones policiales y hasta en casas y locales privados.  En estos sitios a las ví­ctimas no sólo se les arrebató la libertad de modo arbitrario, sino casi siempre fueron objeto de interrogatorios acompañados de torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes.  En la mayorí­a de los casos los detenidos eran desaparecidos o ejecutados.  Las oportunidades en que dichas personas fueron puestas a disposición de los Tribunales Competentes son excepcionales». (sic)

 

El numeral 50 se refiere a la complicidad forzada en la violencia, hablando de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras paramilitares creadas por el Ejército en 1981.  Describe en especial la participación forzada en las comunidades mayas, de la población masculina mayor de 15 años, en donde se creó un poder local arbitrario en las aldeas contra sus propios vecinos e incluso familiares cercanos.

 

El numeral 53 habla de los cementerios clandestinos destino de esa desaparición forzada de personas particularizando que en el caso de la población maya el hecho fue más doloroso cuando rompió la relevancia que tiene en su cultura el ví­nculo que une a los vivos con los muertos a través de un lugar conocido en donde puedan rendir tributo a los restos de sus difuntos, fenómeno al que se ha llamado «el duelo alterado».

 

Vuelven los numerales 56 y 57 a referirse a la impunidad señalando que «el poder judicial se plegó al modelo de Seguridad Nacional imperante, en donde los órganos de Justicia permitieron que la impunidad se convirtiera en un mecanismo para mantener el terror. Estos factores impidieron que en Guatemala existiera un Estado de Derecho.»(sic)

 

Concluye la CDH en el Numeral 62 que las comunidades mayas fueron convertidas en un objetivo militar y así­ a partir de 1982 refiere el numeral 63: «Las autoridades mayas fueron sustituidas por delegados del sector castrense como Comisionados Militares y Jefes de las PAC» (sic)

 

El numeral 65 y 66 relata el desplazamiento forzado provocado por las masacres y devastación de aldeas enteras en el perí­odo de 1981 a 1983.  Las estimaciones del número de desplazados fueron de un millón y medio, la mayorí­a en México y los menos en Honduras, Belice y los Estados Unidos de América.

 

Los numerales 85, 86 y 87 se refieren a las masacres y devastación del pueblo Maya a quienes se les atribuí­a vinculación con la guerrilla incluyendo en la represión a mujeres, niños y ancianos.   Dice así­ la Comisión: «En la mayorí­a de las masacres se han evidenciado actos de ferocidad que antecedieron, acompañaron o siguieron a la muerte de las ví­ctimas.  El asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte en muchas ocasiones golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre los cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la imputación o extracción traumática de miembros, los empalamientos; el asesinato de personas rociadas con gasolina y quemadas vivas, la extracción de ví­sceras en personas todaví­a vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, la abertura de los vientres de mujeres embarazadas y otras acciones igualmente atroces contribuyeron a un desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones». (sic)

 

Los escuadrones de la muerte son señalados en los numerales 92 y 93 como grupos que contaron con la tolerancia y encubrimiento de autoridades estatales.  Los numerales 94, 95 y  96 describen la denegación de justicia por parte del Organismo Judicial tal como denegación de recursos de exhibición personal y concluye en el Numeral 96 refiriéndose a los Tribunales de Fuero Especial que violaron el derecho al debido proceso.

En una parte aunque menos extensa en contenido la Comisión se refiere a las transgresiones y excesos de las Organizaciones Guerrilleras. Los Numerales 127 y 128 señalan que «los grupos armados insurgentes tení­an el deber de respetar las normas mí­nimas del derecho internacional humanitario de los conflictos armados.  Sus altos mandos refiere, tení­an la obligación de exigir a sus subordinados para que respetaran dichas normas y principios.» «Los hechos de violencia atribuidos a la guerrilla representan el 3%% de las violaciones registradas por la CEH. Esto contrasta por el 93%% cometidas por agentes del Estado, en particular el Ejército. Este desacuerdo cuantitativo agrega nueva evidencia sobre la magnitud de la respuesta represiva del Estado.   Sin embargo a juicio de la CEH,  esta disparidad no atenúa la gravedad de los atentados injustificables cometidos por la Guerrilla contra los Derechos Humanos». (sic) .

Al terminar esta entrega debo decir que para mí­, la figura del servidor público y mayormente del hombre de armas a quien se le ha dado el poder de usar la fuerza en nombre del Estado debe ser inmaculada, de una ética absoluta. En el pasado denuncié la participación de militares al lado de civiles que cometieron fraude al Estado, a pesar de ello para mi el Ejército era una institución necesaria llamada a defender la seguridad del pueblo. El informe de la CEH muestra lo contrario y esto es grave para el Ejército, que si no cambia de fondo estará llamado a desaparecer. (Continuará)