Ante una eventual reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos hay múltiples aspectos que debieran ser objeto de modificación, especialmente aquellas que orientan un cambio al sistema electoral en sí, en lugar de distractores cosméticos que no hacen creer a nadie sobre una verdadera voluntad política de fortalecer el sistema democrático del país.
Y dentro de estos cambios hay dos, entre muchos, que harían un verdadero sentido a la reforma electoral. El primero, la determinación de un referéndum revocatorio a la mitad del período presidencial. ¿Por qué solo presidencial? Porque los costos serían extraordinariamente altos de un cambio total (diputados y alcaldes), aunque el modelo no descarta que con posterioridad se incluyan estos actores. Dentro de las razones para implementar un cambio así de drástico, están las grandes desilusiones que la población se lleva cuando, transcurrido un proceso exitoso electoral, y habiendo el candidato ganador obtenido un gran nivel de apoyo popular, realiza acciones negativas, incumple promesas o compromisos de campaña, o bien simplemente no llena las expectativas de un mandatario, en todo el nivel de expresión. La población entonces, y no una oposición política destructiva, tendría la posibilidad de manifestarse a favor o en contra de la continuidad del Gobierno, dándole un voto de confianza o bien pidiendo nueva elección presidencial. El modelo para que funcione, exige que no haya campaña política a favor o en contra, y que la decisión para llevar a cabo el referéndum sea tomada por el Tribunal Supremo Electoral, bajo condiciones públicas y notorias de un Estado desestabilizado.
Los gobernantes entonces, tendrían la voluntad y posibilidad de hacer su mejor esfuerzo, luchando arduamente porque no existieran escándalos de corrupción y por cumplir las expectativas de un gobierno estadista y no oportunista.
Por otro lado, la reforma sensible que lleva años de ser propuesta, y que debiera tener una seria consideración, es la de incluir acciones afirmativas para las mujeres y para la población con orientación étnica. Las acciones afirmativas o cuotas electorales debieran ser preferentemente una obligación para los partidos políticos y no para los listados de candidat@s. Es decir, los listados con cuotas electorales no debieran ser impuestos desde el listado de elección, sino debiera ser una labor de los partidos políticos la búsqueda de liderazgo con equidad de género y etnia, lo que promovería una libre competencia entre hombres, mujeres, indígenas, garífunas y mestizos.
Las cuotas electorales desde una perspectiva positiva –acción afirmativa como se le denominan– han sido buscadas arduamente por mujeres, especialmente en donde existe igualdad de condiciones, porque es la etapa inmediata siguiente a un reconocimiento de equidad e igualdad de género. Hay ejemplos muy claros y exitosos, no sólo para ese reconocimiento del derecho humano de igualdad, sino además de beneficio para los países, al permitir en igualdad de condiciones que mujeres y hombres participen como decisores de la política nacional e internacional. Alcanzar la cuota sería un mérito justo para ellas.
Y con menor esfuerzo, las poblaciones indígenas y tribales, también han buscado su incorporación por mandato legal a la participación política mediante cuotas, especialmente en países como Guatemala, en donde el reconocimiento de la multiculturalidad está manifiesto desde la Constitución, y en donde efectivamente se denota, al igual que con las mujeres, una histórica y verdadera discriminación en la consideración del derecho a ser electo.
Para el caso guatemalteco, solo haciendo cambios drásticos, no a una ley, sino a un sistema, lo que involucra educación, marco legal, instituciones fuertes y un sentido de sensibilidad social, es que se pueden alcanzar resultados que sean efectivos para tener un mecanismo de medir los alcances de mejora para el país, y con ello continuar con este largo proceso denominado: Democracia.