Quien más ha destacado la gravedad que implica que para que una consulta sea válida en Belice debe concurrir el 60% de los ciudadanos a manifestarse y si no se cumple ese requisito, independientemente de la opinión que predomine, la consulta no es válida ha sido el presidente Otto Pérez Molina.

Sus expresiones las hizo a nivel internacional y volvió a reiterarlas a su retorno al país y sería imposible desvirtuar o justificar que a sabiendas cayéramos en la tontera de ir a una consulta, invirtiendo Q260 millones de los impuestos, que para agravar la situación, no están contemplados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado que aprobó el Congreso, sólo para que el Secretario General de la OEA, o alguien en esa organización no nos critique por haber encontrado circunstancias totalmente válidas para que el “Acuerdo especial” que tontamente el expresidente Álvaro Colom y el canciller Haroldo Rodas, suscribieran con Belice ante dicha organización a sugerencia de la misma se suspenda.

Si un gerente o presidente en el sector privado “mete la pata” y los accionistas se percatan, no persisten en seguir “metiendo la pata”, por el contrario, rápidamente mandan a cesar y a cambiar la decisión que se había acordado con un tercero, ya no digamos en el Ejército, si en un momento dado se gira una orden y esa orden se evidencia que es equivocada o inadecuada, un buen oficial ya no digamos un general manda “al tiempo”, es decir, revoca la orden y procede conforme a las nuevas circunstancias.

Guatemala suscribió un acuerdo especial de buena fe, aunque indudablemente equivocado y como el mismo no ha surtido sus efectos debe revocarse y no, igual que palomilla ciega, continuar con el procedimiento para que el 6 de octubre fracase la consulta.

En cuanto al Congreso, no es ni será la primera vez que enmiende, revoque y derogue un decreto, ante todo si nos va a costar Q260 millones que tanta falta hacen en los hospitales o para combatir la roya o para incrementar la distribución de fertilizantes. Donde se requiera el dinero de los impuestos sobra, solo alguien que no use su cabeza puede tirar el dinero en algo que incluso en Guatemala va a merecer el No por cuanto la pregunta en sí es inconstitucional, si no están seguros al respecto pregúntenle a sus asesores jurídicos, consúltenle a la Corte de Constitucionalidad, pero no cometan el error que por subordinarse a una decisión equivocada no decirle a Belice que se desiste del acuerdo especial y a la OEA, con mayor razón, por cuanto la consulta no solo fracasaría sino es una consulta en la que no existe equidad en cuanto al procedimiento de la misma.

Que un funcionario público diga ante los medios de comunicación que la ley obliga a efectuar la consulta es una muestra de poca habilidad, tan grande o más grande que la de Álvaro Colom y Haroldo Rodas, quienes nos metieron en este problema y seguramente no se percataron que cuatro meses antes Belice normó el procedimiento de consulta y estableció el mínimo de ciudadanos que deberían de participar para que la misma tuviera validez. Si el presidente Otto Pérez, la vicepresidenta Roxanna Baldetti y el nuevo Canciller no enmiendan el error serán aún más responsables de ese gasto estéril de Q260 millones y de que Belice se burle nuevamente como lo hizo Inglaterra en el pasado en la forma de pretender resolver el diferendo.

Esperemos que el CACIF, las cámaras que tanto cuidan el dinero, cuiden que no se produzca el estéril gasto de Q260 millones de nuestros impuestos.
¡Guatemala es primero!