El proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, después de varios anuncios de entrega al Congreso de la República, al final de cuentas sería entregado el próximo sábado.
El proyecto incluye algunas variables, como la recaudación tributaria, con un incremento que pareciera bastante optimista (15.5%), sobre todo considerando las condiciones internacionales que tienen lugar en Europa, donde algunas economías se encuentran en receso y, aunque lentamente, Estados Unidos se encuentra creciendo, podría contagiase.
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Por tanto, si eso ocurriera, nuestra economía podría resultar afectada, considerando que poco más del 40 por ciento de nuestras exportaciones se dirige a ese país y otra buena parte a países que también tienen estrecha relación comercial con Estados Unidos.
Ayer, el Gabinete le daba la última revisada al primer proyecto de presupuesto genuino del Gobierno de Pérez Molina, el cual debería llevar su sello de propuestas de programa de gobierno. Arreglos de último momento, quizá; pero que supongo necesarios.
Es importante considerar que los recursos con que cuenta el Estado para el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución, nunca son suficientes, pues las necesidades de la población son dinámicas y persistentes. Por ello es que todo debe priorizarse.
Sin embargo, también es relevante tener en cuenta que, una parte significativa de los recursos que obtiene el Estado, se destina a salarios de los trabajadores de la administración púbica, de quienes entendemos que, si bien no todos, gran parte realiza su trabajo de la manera menos eficiente posible y devengando salarios que en el sector privado, teniendo en cuenta su formación y capacidades, nunca podrían ganar.
Otra parte, sabemos ya, aunque no datos concretos, toma vías distintas a las que originalmente se plantean en el presupuesto, que engorda los bolsillos de algunos funcionarios.
Dejando eso –que evidentemente se debe eliminar de la administración presupuestaria–, y concentrando la atención en el indicador del déficit fiscal, es importante y positivo que el proyecto incluye la reducción de ese dato, que en los últimos años, debido a la crisis económica internacional –y que bien que lo reconocen las autoridades fiscales– aumentó debido a que el gasto se mantuvo y los ingresos, que comenzaron desacelerándose, incluso se contrajeron en 2009.
Y en este sentido, es muy importante tener en cuenta que Guatemala se ha caracterizado, históricamente, por ejecutar política económica de déficit fiscal, no importando la etapa del ciclo económico por la que atraviese –déficit estructural– y, por lo tanto, tiende a aumentarlo cuando la fase del ciclo es recesiva, como ocurrió entre 2008 y 2009.
Por tanto, cualquiera pensaría que si el Estado guatemalteco no tiene capacidad de financiar sus actividades y que por ello incurre en déficit, lo correcto sería que se restrinja a lo que en realidad puede hacer, y por ello se ajuste a sus capacidades y se implemente el equilibrio fiscal.
Sin embargo, eso solo se podría hacer de una forma, y esa es que en Guatemala, cada persona cumpla con sus obligaciones tributarias. Porque –y hay que ser sinceros– si el país no presentara déficit fiscal, las condiciones de desarrollo serían aún peores que en la actualidad.
La diferencia entre ingresos y egresos a lo largo de más de veinte años se ha mantenido e incluso ampliado, a excepción de 1991, por lo que la reducción que está prevista en el proyecto presupuestario podría considerarse alentadora.
Por último, es importante considerar que el promedio de los últimos diez años, aunque los datos de los últimos cuatro sugieran lo contrario, está acorde al déficit fiscal que permite el manejo prudente de la deuda.
Eso quiere decir que, a pesar de la política fiscal en ocasiones parece no tener rumbo, porque el Tesoro propone una cosa, los diputados hacen lo suyo y la realidad económica modifica todo, se mantiene, hasta cierto punto, en un ámbito más o menos adecuado.