Ante la mirada indiferente de la sociedad, todos los días miles de niños y niñas son utilizados para la explotación laboral a través de la mendicidad. La mayoría provienen de departamentos como Totonicapán, Quiché y Sololá, y son trasladados a la Capital por redes de trata doméstica o simplemente por la pobreza de su entorno.

El Refugio de la Niñez estima que unos cinco mil menores de edad podrían ser afectados por esta situación.

Nunca dejó de sonreír porque creía que se trataba de un juego. Corría de un lado a otro con la canasta de los productos que debía vender. La niña no sabía que trabajar más de doce horas diarias sin recibir un centavo como pago, comer solo un pan o unos granos de arroz con agua pura y dormir menos de ocho horas eran parte de su condena de explotación laboral. Así era su vida.

El día que *Julia fue rescatada a inmediaciones del campus central de la Universidad de San Carlos (Usac) –junto a otros seis niños con edades que oscilaban entre los 11 y 13 años– no entendía las razones por las que un grupo de investigadoras de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) trataba de sacarla del entorno al que la llevaron sus familiares.

Su historia no es muy diferente a la de *Daniel, de 11 años, quien un día antes de ser rescatado de la explotación y llevado a un centro de abrigo temporal, confió a La Hora que era originario de Totonicapán y que todos los días se levantaba muy temprano para estar a las siete horas en las instalaciones de la Usac, en donde era obligado por sus tratantes a vender productos.

El niño indicó que durante su jornada laboral solo podía comer un pan que adquiría en una venta ambulante y no era suficiente para aplacar el hambre y, además, necesitaba dormir más tiempo porque el corto lapso de descanso no era suficiente para reponerse del cansancio.

Las manchas blancas en el rostro de ambos niños y su semblante demacrado delataban un alto riesgo de avitaminosis; la desnutrición, el trabajo sin descanso y la falta de protección había pasado ya su factura a la salud de los menores.

Según la investigación de la Unidad contra la Trata de Personas de la institución policial, se cree que los niños posiblemente comían una o dos veces al día, trabajaban jornadas extenuantes que empezaban desde las 7 horas y concluían a las 21:30 horas, pero no percibían un salario, a pesar de que sus ingresos semanales podrían ascender a Q800.

De acuerdo con las denuncias recopiladas por la Defensoría de Personas Víctimas de Trata de la PDH, los niños eran obligados entregar a sus tratantes como mínimo Q75 al día y si no lograban reunir esa cantidad recibían golpes.

Además, se cree que los explotadores entregaban Q300 a los padres de familia por cada niño, quienes trabajaban de lunes a domingo.

“YO LE DÍ PERMISO”

En semáforos, es común observar a la niñez guatemalteca sumergida en mendicidad, que diariamente se enfrenta a la hostilidad de la calle con tal de agenciarse de un poco de dinero. La mayoría no tiene la suerte de los niños rescatados en la Usac.

En las zonas 9, 13 y 1, al consular sobre su situación, casi todos los menores dan una explicación similar que parece aprendida en casa; aseguran que asisten a la escuela y que les gusta trabajar y que nadie los obliga, pero las evidencias apuntan a una realidad diferente.

*Jonathan, uno de los niños entrevistados en uno de estos puntos, dijo que era originario de San Luis, San Pedro Ayampuc, y que su jornada diaria iniciaba cuando se ven los primeros rayos del sol –no sabe la hora exacta– y que regresaba a casa cuando oscurecía; un comerciante con el que comparte el espacio de trabajo explicó que su jornada termina a las 19:00 horas aproximadamente.

Según el menor, sus padres venden frituras de plátano en diversos lugares y sus dos hermanos menores hacen limpieza en casas.

El día en que se le entrevistó, Jonathan dijo que su desayuno fue un vaso de atol y un pan. Su almuerzo, una bolsa de chicharrones de Q1 y una gaseosa. Su cena posiblemente sería un huevo, café y tortillas, pues toda la familia logró reunir dinero para comer “más y mejor”.

El niño dice que quiere ser maestro y que ya no quiere vestirse de “payasito”. Cuándo se le pregunta quién le llevó a la calle, el menor responde: “Yo le dí permiso a mi papá”. Quiere decir que está de acuerdo con trabajar. Se despide y se pierde entre los vehículos para continuar con el círculo de mendicidad.

LAS REDES DE TRATA DOMÉSTICA

Leonel Dubón, director de la organización El Refugio de la Niñez, explicó que los grupos de personas que explotan laboralmente a los menores de edad pueden ser calificados como redes de trata doméstica y aunque no generan las mismas ganancias que una red de crimen organizado, sí lucran con la explotación de los niños.

“Hemos hecho la diferencia en estructuras de trata doméstica. No son estructuras de crimen organizado, pero que de alguna u otra manera tratan de hacer un negocio con la explotación laboral de los niños, pero no generan grandes ganancias como las estructuras de crimen organizado dedicadas a la trata”.

El activista dijo que estos grupos de tratantes, como los que utilizaban a un grupo de niñas como tortilleras en San Miguel Petapa, podrían considerarse como “micro empresarios de la trata” y les reconocen como personas que iniciaron sus propios negocios en la comunidad, crecen administrativamente y se expanden a la Capital.

El entrevistado agregó que estas estructuras no tienen relación con otros delitos como el crimen organizado y tráfico de armas, pero sí pueden tornarse violentas con los niños. Dichos grupos son más empíricos, pero cuentan con una organización que incluye a reclutadores y cuidadores.

De acuerdo con El Refugio de la Niñez, se estima que unos cinco mil menores en Guatemala sufren mendicidad por medio de redes de trata doméstica que los explotan o por la pobreza.

“Creemos que podrían haber en mendicidad un aproximado de cinco mil niños dividida en dos escenarios: por extrema pobreza, donde la familia se involucra en toda la actividad –dos mil niños– y la mendicidad por explotación laboral que ya sería por trata de personas –calculamos unos tres mil–”, indicó.

RESCATES

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que en 2014 se han efectuado 17 rescates de niños y niñas que eran explotados laboralmente en la capital. En tanto, en 2013, se realizaron un total de 213 rescates a nivel república, la mayoría en Zacapa, 66; Quiché, 34; Sacatepéquez, 26.

Sin embargo, a criterio de Dubón, es necesario que esa instancia realice investigaciones exhaustivas sobre cada caso y que no actúe de manera reactiva, principalmente por el bienestar de los niños.

“El problema de la PGN es que actúa reactivamente. No hace una investigación previa y los operativos que se han hecho son operativos inadecuados, de niños en mendicidad junto con su círculo familiar; entonces se criminaliza la pobreza y se tienen que devolver a los niños, aunque hay violación de los derechos de los niños no hay delito que se cometa”, dice.

Según el Director de El Refugio, la PGN no sabe distinguir entre mendicidad por pobreza y mendicidad por trata laboral, pues ha tenido que darle el mismo tratamiento a todos los casos.

El profesional agregó que es necesario que existan garantías para los niños que deben ser protegidos por el Estado y que exista certeza de que cuando vuelvan a su entorno no repitan el círculo de la explotación.

Una de las propuestas de El Refugio de la Niñez en el tema de la mendicidad es apartar a los niños de la situación en la que se encuentran, a través de los programas sociales que impulsa el Estado.

Sandra Gularte, de la PDH, coincide con Dubón y señala que prioridad deberían ser estos niños, a quienes se les vulneran sus derechos.

“Hay que preguntarnos a dónde están llegando todos los programas de ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, porque considero que las familias de los niños rescatados deberían tener derecho a eso, a la Bolsa Segura, al Bono Seguro, ellos deberían ser los beneficiarios y eso ayudaría a evitar la violación a los derechos humanos del niño, vulnerabilizarlos y ponerlos en las redes de trata”, indicó la Defensora de las Personas Víctimas de Trata.

La profesional refirió que otro mecanismo para erradicar estas prácticas son las campañas de información, pues es vital educar a la sociedad, ya que existen costumbres culturales que violentan los derechos humanos.