El Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) presentó una recusación en contra de dos integrantes de la Sala Primera de Apelaciones compuesta con magistrados suplentes que ejecutarían el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), en el caso por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

Los togados recusados fueron Frank Martínez Ruiz, quien fungiría como presidente, y el vocal Juan José Rodas Martínez, quien posteriormente desistió de integrar la terna debido a la acción de CALDH. El único magistrado disponible para conocer dicha resolución en caso Ríos Montt, es Juan Ramón González Pineda.

Héctor Reyes, abogado de la entidad, manifestó que recusaban a Martínez, porque intervino en el proceso judicial conociendo otro recurso.

Por otro lado, a Rodas lo cuestionaron porque, según CALDH, actualmente desempeña funciones en el Consejo Nacional de Adopciones, designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, “siendo que en el presente caso la defensa de los acusados ha manifestado públicamente que se está juzgando al Estado de Guatemala”, refieren.

Rodas también fue recusado por supuestamente haber sido funcionario de gobierno entre los años 1982 y 1986.

En consecuencia a las acciones, nuevamente queda en impasse la orden de la CC, que anuló la sentencia y parte del juicio por genocidio contra los dos generales retirados, hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indique cómo procederán para acatar las resoluciones de la máxima instancia constitucional.

Más de 59 magistrados suplentes ya se inhibieron de entrar a conocer este caso.

MP ANALIZA ACCIONES

En tanto, el Ministerio Público (MP) concluyó con el análisis de los vídeos de la primera audiencia del juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.

Esto porque derivado del voto razonado de la magistrada de la CC, Gloria Porras, se conoció que tres togados de la máxima instancia constitucional habrían declarado con lugar un ocurso en queja planteado por la defensa, en base a una reposición que nunca fue interpuesta.

Javier Monterroso, asesor de la Fiscal General, refirió que ahora debe verificarse qué tanto influyó esto en el voto de tres magistrados que anularon la sentencia por genocidio, así como qué implicaciones tiene que no se planteara una reposición por la recusación rechazada por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, en los otros amparos que se le otorgaron a la defensa.