El problema de Santa Cruz Barillas, ha puesto la discusión sobre la mesa respecto a la polémica que generan en nuestro país los proyectos que implican el uso de recursos naturales y se ha querido manejar que es un tema eminentemente ideológico.

Los defensores de los desarrolladores, dicen que todo está en orden y que ello basta, en un país en el que poco o casi nada, se consigue en base al orden y no es secreto que en Guatemala las licencias y contrataciones estatales, se obtienen como consecuencia, en su mayoría, del tráfico de influencias. El mismo argumento dan los beneficiados de dudosos contratos con el Estado; hasta La Riviera, del aeropuerto, dice que todo está en ley.
Ayer mismo el Presidente decía que el diálogo debía reinar y que debíamos todos ceder en lo que pretendemos, para poderle brindar desarrollo al país y creo que ahí es donde se ha fallado, porque se piensa que si ya se consiguió la licencia, aunque haya sido sin cumplir con los requisitos o a base de influencias, lo demás será cuesta abajo.
¿Qué habrán hecho aquellos desarrolladores, que obteniendo sus licencias por tráfico de influencias, han logrado trabajar de la mano con las comunidades y sin mayor oposición? Yo creo que han contemplado dentro de su inversión  el tema social y ello ha facilitado que sea la misma comunidad la que cierre filas con el afán de obtener los beneficios.
Pensar que todo el que se opone es porque tiene influencias externas es un error, pues debemos entender, nos guste o no, que nuestra gente pobre, ha sido olvidada y oprimida por un Estado que se ha diseñado para negarle oportunidades básicas como salud y educación y no podemos pretender, que se alabe a quien pretende llegar a imponer bajo la excusa de que habrá migajas para todos.
No podemos ser tan ingenuos de pensar que a aquel que no tiene que comer, se le debe recordar que tiene hambre. Los desarrolladores, para bien o para mal, pagan un derecho de piso que por diversas razones y por culpa de todos,  se le debe hacer frente ante esa incapacidad que como sociedad hemos tenido, de romper los círculos de pobreza con herramientas sostenibles como la educación, salud y básica alimentación.

Claro está que tampoco debemos tolerar la oposición sistemática y sin fundamentos y ahí es donde debemos hacer hincapié en lo necesario que es el diálogo basado en hechos reales y medibles. Hemos visto que quienes han tenido éxito, han sido capaces de hacer parte a la comunidad y sus líderes en un proceso que han sabido vender como de beneficio para todos.
Creo que es vital, entender que cuando se inician procesos de esa naturaleza, es el desarrollador quien como punto de partida, debe cumplir con lo que mandan las leyes, dar garantías que no habrá perjuicios para los lugareños y ser los primeros obligados al diálogo, a la explicación y a la inversión, porque no debemos olvidar que es éste, quien amparado en una licencia o autorización, llega a alterar el ambiente pobre, pero normal de una comunidad.
Y si alguien tiene verdaderos beneficios que  ofrecer a una comunidad olvidada y no causará perjuicios posteriores, no debería ser problema convencer y evidenciar los mismos a los pobladores, que no tienen mucho, por no decir nada. ¿Entonces, será que la gente se opone porque sí o porque no nos hemos asegurado de garantizar que no habrá daños, además de garantizar que sí habrá beneficios de todo tipo, en especial los sociales?
No basta obtener una licencia. Es necesario cumplir a cabalidad lo que manda la ley, además de lidiar con las comunidades de forma seria y con argumentos. Quien además de obtener las licencias de forma dudosa, no desea enfrentar el tema social con seriedad y respeto, no puede esperar resultados diferentes a los actuales.