Los vientos del país, una vez más, soplan con el riesgo de volver a ondear banderas políticas que como consigna lleven la necesidad urgente de aplicar la pena capital en el territorio.
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Cada cuatro años, cuando el ruedo del proselitismo se abre, la población guatemalteca ha escuchado de viva voz de los presidenciables aprovechando la coyuntura y lanzar así el ofrecimiento de lucha contra la violencia, a través de la pena de muerte.
Analistas políticos, religiosos y expertos en derechos humanos esperarían que esta vez aquella historia cambie, porque en pleno desarrollo del siglo XXI los Estados modernos van en contra de toda acción pública o privada que trate de eliminar la vida del delincuente y de cualquier ser humano.
Algunos consideran que lo más sensato sería promover una consulta desde el Estado a la población y determinar así cuántos están a favor de la muerte y quiénes están a favor de la vida.
LEVANTAR LA BANDERA
Vitalino Similox, del Consejo Cristiano Ecuménico Guatemalteco -CCEG-, que reúne representación de las iglesias Católica, Evangélica protestante, luterana, anglicana y presbiteriana, expresa que el levantamiento público del tema se siente ya y preocupa.
«Y en un contexto preelectoral más, cada vez que entramos en esos procesos, sirve para seguir exacerbando los sentimientos de los guatemaltecos ante tanto secuestro, tanto asesinato», alerta Similox.
Ni ética ni moralmente es correcto, por tanto los políticos no deberían manejar ese tema durante los momentos de ánimo o estremecimiento pre o electoral, donde se elevan los sentimientos del conglomerado social, dice el representante del CCEG.
Lo más inteligente sería encontrar una salida, coherente y responsable, a los problemas de la violencia y la inseguridad, «no medidas simplistas que al final se vuelven complicadas, como dureza extrema o limpieza social y ofrecimiento de pena de muerte», enfatiza el religioso.
Marco Antonio Barahona, de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asies), opina sobre esos ofrecimientos de los grupos políticos, «supongo que consideran que pueden conseguir el apoyo a favor de esa práctica tan radical, tan inhumana», resalta.
El analista de Asies enfatiza que la población no debería perder de vista que el Estado de Guatemala garantiza la vida de toda persona humana, desde su concepción, contenido en los artículos dos y tres de la Constitución Política de la República.
Ofrecer la pena de muerte como la cantidad de temas similares o de impacto, es parte del juego político que conjugan los candidatos, insiste Barahona.
María Isabel Bonilla de Anzueto, analista del Centro de Investigaciones Económicas Sociales, considera que trastocar el tema de la pena de muerte por parte de los políticos es politizar los asuntos sociales sensibles.
«Es darles esa connotación política que no debieran tener. El Presidente de la República no está para aplicar la ley, el Presidente está para administrar el Estado», recordó.
Bonilla de Anzueto estima que ese tema debería salir de la esfera de los políticos porque no es válido ya en sociedades modernas y grupos civilizados.
«Cada cuatro años se discute, pero nunca se llega a una conclusión, entonces siempre queda este en el limbo o período de indecisión, donde finalmente se están afectando vidas, tal como sucede con los condenados a muerte», valora.
La pena de muerte pasa por muchos temas, ilustra la analista del Cien, ¿funciona o no funciona en un sistema que pretende la educación y regeneración de los condenados; pasa por el tema económico, pasa por el tema político, pasa por el tema fiscal?, interrogó.
Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, da a conocer que actualmente registran 19 condenados a muerte en los diferentes centros de condena del país.
Según cálculos aproximados, cada privado de libertad, incluyendo los condenados a la pena capital, le cuestan al Estado entre veintitrés y veinticinco mil quetzales anuales, que incluyen alimentación, transporte, combustible, electricidad, agua potable y otros, explica Esquivel.
Ramón Cadena, director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas -CIJ-, indica que no es correcto o incorrecto el enfoque que políticamente se le pueda grabar al tema de la pena capital.
Cadena es enfática al decir que lo cierto es que la pena de muerte no va a resolver el problema de la violencia en Guatemala, porque para solucionar esa violencia se deben tomar medidas socioeconómicas, también la prevención del delito.
EN EL LIMBO
Oliverio García Rodas, presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, recientemente dio a conocer que se están analizando dos iniciativas de Ley para definir a quien corresponde otorgar el recurso de gracia.
García Rodas explica que el análisis de los comisionados ahora va enfocado a definir si el recurso de gracia podría quedar bajo la responsabilidad del Organismo Ejecutivo o del Organismo Judicial.
Ramón Cadena, de la CIJ, da a conocer que Naciones Unidas ha emitido varias resoluciones donde los socios mundiales se han comprometido a la abolición absoluta de la pena de muerte y entrar así al concierto de los Estados modernos.
«El Estado de Guatemala, en lugar de estar pensando en regular el recurso de gracia, lo que debería hacer es asumir una posición abolicionista y aprobar leyes en materia de seguridad democrática que permitan prevenir y reducir la extrema violencia que hay», subraya.
Mientras tanto, el diputado García Rodas recuerda que hay varios condenados a muerte que están en el limbo por carecer de una ley que decida quién en representación del Estado debe perdonar la vida de un condenado.
Esa preocupación nace casi dos años después que el Congreso de la República, durante la presidencia de Eduardo Meyer, aprobara el Decreto 6-2008 que contenía el recurso de gracia y que lo depositaba en manos del jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, días después el presidente ílvaro Colom vetó aquella ley aprobada por los diputados y así quedaron nuevamente en el limbo los condenados a muerte.
Ramón Cadena, doctor en Derecho y quien ha participado como Juez Ad Hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, anticipa que si se aprobara una ley para otorgar el recurso de gracia tendría que estar de acuerdo con los parámetros internacionales.
Cadena recordó que el contenido del recurso de gracia en la última propuesta iba en contra de esos estándares internacionales.
«Cuando la tendencia mundial es claramente favorable a la restricción y eliminación de la pena de muerte, el Congreso de Guatemala manifiesta exactamente lo contrario, mediante la sanción de una ley que permite volver a ejecutar condenados», manifestaba la CIJ a través de comunicado en 2008.
Aunque la pena de muerte sigue contenida en la Constitución Política de la República, el recurso de gracia lo decidía el Presidente de la República.
La ejecución de reos condenados a muerte está estancada desde el gobierno del FRG, cuando el ex presidente Alfonso Portillo renunció seguir conociendo el recurso de gracia y desde entonces, el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia no encuentran salida legal a la situación
Ramón Cadena, Comisión Internacional de Juristas -CIJ-
María Isabel Bonilla de Anzueto, Cien.
En Guatemala, el Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial -Cenadoj- en sus estadísticas tiene anotadas 36 personas ejecutadas por fusilamiento a partir de 1942 y hasta 1996.
Las ejecuciones se debieron a delitos como homicidio, robo agravado, asesinato, plagio, violación; depósito de armas y municiones; tenencia y distribución de propaganda subversiva; plagio o secuestro; extorsión y hasta por usurpación de funciones.
Los lugares de ejecución fueron en la desaparecida Penitenciaría Central, que se ubicó justo en la misma área donde hoy se yerguen los edificios del Crédito Hipotecario Nacional, Banco de Guatemala y la Corte Suprema de Justicia.
Otros fueron ejecutados frente al paredón en el Cementerio General, localizado en la zona 3, al occidente de la capital guatemalteca; en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, departamento de Escuintla, al sur del país, y otros no indica donde cayeron muertos los reos.
También como fuente del Cenadoj, de 1996 a 2001 son 13 personas las condenadas por órganos jurisdiccionales de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango y Sacatepéquez. Un reo por caso de condena en 1997 se fugó el 28 de octubre de 2003
Un segundo condenado a la pena capital está fugado desde el 19 de junio de 2001; había sido condenado en 1999 en Jutiapa. El tercer reo, que también se puso en fuga, lo hizo el 25 de junio de 2001, pero había sido condenado un año antes en Quetzaltenango.
Estos casos de pena capital fueron por asesinato, plagio o secuestro, robo agravado, asesinato consumado y concurso real de delitos que incluye tenencia de armas y municiones ilegales.
El caso de la historia inmediata es Fermín Ramírez, quien se salvó de morir en la cámara de inyección letal y a cambio purga 40 años de cárcel que le impuso el Tribunal de Sentencia de Escuintla.
Ramírez fue condenado por la violación y asesinato de Gendri Yasmín Franco, de 10 años; sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Guatemala repetir el juicio porque se había violado el debido proceso.
También se salvó de la pena de muerte Ronald Raxcacó, condenado por secuestro.
En los años 1998 y 2000 se registran las dos últimas ejecuciones por inyección letal, por los delitos de asesinato y plagio o secuestro, ejecuciones que se llevaron a cabo en el módulo de la muerte de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes, Guatemala.