La Corte de Constitucionalidad (CC) informó que la resolución del caso “La Riviera”, se encuentra en la Magistratura, pendiente de la elaboración de proyecto de sentencia.
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De acuerdo con María Elena Méndez, secretaria adjunta de la CC, el expediente aún está pendiente para que se conozca la sentencia, entonces será la Magistratura quien determine cuando se conocerá la resolución.
“Aquí vemos el trámite, tenemos conocimiento del expediente cuando lo convocan para Pleno, entonces hasta que emitan el proyecto si entra a conocimiento de los Magistrados, puede ser que se apruebe de una vez, que la sentencia salga con la fecha de ese día o puede que la reenvíen para estudio y no salga aún, pero de lo que puedo ver es que está en Magistratura pendiente de la elaboración del proyecto de sentencia”, afirmó Méndez.
Según la entrevistada, en abril pasado el trámite se evacuó a la Magistratura, para el respectivo estudio.
“En la primera semana de abril de este año se evacuó a la Magistratura para elaborar el proyecto, quizá está por salir, creo que se va a remitir para que la Corte se pronuncie en este sentido. Es una inconstitucionalidad y sabemos que está pendiente de estudio”, refirió la funcionaria.
La representante de la CC, explicó como inició este procedimiento, por intervención de la Asociación de Protección al Contribuyente (Asprodeco).
“Es una inconstitucionalidad de Ley de Carácter General Parcial, impugnan dos de las normas el del punto décimo tercero de la resolución número SAT-S-733-2008, del Superintendente de Administración Tributaria, de fecha 27 de octubre de 2008 y publicada en el Diario Oficial, el 7 de diciembre del mismo año, y la otra norma es del numeral 31 numeral romano IV del procedimiento para el egreso de mercancías de almacenes fiscales, depósitos aduaneros y tiendas libres “duty free”, identificado como IA-DN-UNP-04.06, emitido por la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria en el mes de abril de 2009, aparece que está pendiente de estudio en la Magistratura, el trámite ya terminó y se trasladó a la Magistratura para que emitan el Proyecto de Sentencia”, reiteró.
Eugenio Fernández, presidente de Asprodeco, ha explicado en reiteradas ocasiones, que el 26 de julio del año pasado, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante las autoridades competentes con el fin de dejar sin efecto el punto trece la resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que favorecía a la Riviera para operar como tienda libre y desde el 27 de septiembre se evacuó la audiencia.
El 21 de noviembre de 2011 esperaba la resolución de la CC, pero no hubo respuesta, por eso, el 30 de noviembre del mismo año, presentó una querella en contra de Tiendas Libres Sociedad Anónima, a la fecha aún espera la resolución de este ente.
El pasado 30 de abril, La Hora publicó el reportaje “Señalan de defraudación a Tienda La Riviera, ubicada en aeropuerto, por alrededor de Q150 millones”, caso que ahora es investigado en distintas instancias.
HISTÓRICAS ANOMALÍAS, SEGÚN DENUNCIANTE
Diversas anomalías han girado en el caso La Riviera, según Asprodeco, algunas de estas vienen desde el 7 de diciembre de 2007, cuando el Director e Interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Manuel Moreno Botrán, a través de una carta dirigida a Hamudi Waked, vicepresidente del Grupo Wisa Panamá, lo invita para que manifieste su interés de presentar oferta para participar en proceso de selección de adjudicación en arrendamiento, destinada a la actividad comercial Duty Free/Duty Paid, del Aeropuerto Internacional La Aurora.
El 29 de diciembre de ese año, se firmó el contrato entre la DGAC y Grupo Wisa, donde se concede el arrendamiento.
“Entre las cláusulas del contrato está que se le va a pagar US$4.6 millones, a Aeronáutica Civil, como parte de un derecho de explotación y el 20 por ciento se daba a los cinco días de firmar el contrato, el 30 por ciento cuando empezaba cualquier tipo de remodelación y el 50 por ciento del contrato o sea, US$2.3 millones o un poquito más, cuando la SAT autorizara a Wisa operar como Duty Free, hubo un montón de contradicciones en ese contrato, porque no va a invitar a alguien que no está autorizado para operar como tienda libre, y ¿qué tiene que ver Aeronáutica Civil con que la SAT le autorice o no al Grupo Wisa operar como tienda libre?”, indicó Eugenio Fernández.
Según Fernández, el contrato fue declarado nulo por la Procuraduría General de la Nación (PGN), por Contraloría General de Cuentas (CGC) y por el Ministerio de Comunicaciones quienes indicaron al Interventor, que se “excedió en sus funciones, porque violó la Ley de Contratación del Estado, siendo ese contrato nulo”, afirma el representante de Asprodeco.
Por eso la PGN informó al expresidente Álvaro Colom, el 10 de julio de 2008, sobre esta situación y se empezó un proceso Contenciosos Administrativo, refiere Fernández. “la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo suspendió el arrendamiento temporalmente, lo que es increíble es que el viene el PGN y pone una demanda de nulidad del contrato ante una sala y al día siguiente levantan la suspensión”, concluye el denunciante.