La orden de captura dictada contra los generales íngel Aní­bal Guevara, Germán Chupina Barahona y í“scar Humberto Mejí­a Ví­ctores, además de la emitida en contra de Pedro Arredondo, tiene entre otros efectos el de recordar una de las épocas más tenebrosas de la historia del paí­s. Es crucial, sin embargo, señalar que algo huele a podrido en la resolución del tribunal que ordenó las capturas, puesto que tan destacada es la orden de detención de los señalados, como las omisiones en los casos de Efraí­n Rí­os Montt, Benedicto Lucas Garcí­a y Donaldo ílvarez Ruiz. En realidad la única omisión lógica es la de Romeo Lucas Garcí­a, en virtud de su fallecimiento en Venezuela.

La resolución del tribunal guatemalteco viene a ser otra muestra del mamarracho que es nuestra justicia porque hace distinciones que resultan inexplicables. Si en unos casos no procedí­a dictar la orden de captura, no procedí­a en ningún otro y viceversa. Si se acepta la jurisdicción universal de la justicia española como principio básico para proceder en contra de los señalados, no hay vuelta de hoja y tiene que aplicarse la ley a todos. El asunto que sin duda tendrá cola y que dará lugar a los recursos de los acusados es el de esa jurisdicción universal que España pregona. Habrí­a que ver si un tribunal guatemalteco podrí­a ordenar que le traigan a alguno de los sobrevivientes del franquismo para juzgarlo aquí­ por delitos cometidos durante la dictadura. Tenemos nuestras dudas de que la Audiencia Nacional de España aceptarí­a jurisdicción de nuestros órganos de justicia para procesar a ciudadanos españoles.

Pero el caso es que se remueve la memoria de quienes aún recordamos las atrocidades del conflicto armado interno que significaron luto, dolor y muerte para decenas de miles de guatemaltecos. Y se remueve la memoria de quienes hemos visto el paso del tiempo sin que nadie, ni de un bando ni de otro, tenga que responder por brutalidades cometidas en contra de tantos inocentes. Lo que se descara con este procedimiento es la incapacidad patética y vergonzosa de las autoridades de Guatemala para aplicar la justicia y hacer valer el contenido mismo de los Acuerdos de Paz en los que se estableció la reconciliación y el perdón, pero sin que pudiera incluirse a los crí­menes de lesa humanidad que abundaron a lo largo del conflicto.

Si alguna duda habí­a de la existencia de vasos comunicantes entre el ejecutivo y el poder judicial, la simple resolución dejando afuera del proceso a Rí­os Montt es una prueba contundente porque los juzgadores exoneraron al único de los acusados que tiene un pacto con el Gobierno, mismo que se originó en aquel cafecito para pactar el apoyo del FRG al régimen a cambio de que se persiguiera sólo a Portillo, Reyes López y funcionarios menores, sin afectar para nada a la familia del lí­der del partido.