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Conflictos de tierra

Uno de los primeros puntos a tratar en la paz fue el reasentamiento de poblaciones desarraigadas y solucionar conflictos de tierras. Sin embargo, con la repatriación de miles de guatemaltecos sólo se ha agravado este problema, sin tomar en cuenta que muchos agricultores no tienen acceso a la tierra.

De persistir la no inclusión en el desarrollo para la población indí­gena los conflictos por el acceso a la tierra continuarán.

Así­ lo prevé Daniel Pascual, integrante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).

Varias familias que fueron repatriadas luego de haber huido del paí­s debido al conflicto armado continúan sin una certeza jurí­dica acerca de los terrenos que compraron luego de la firma de los Acuerdos de Paz.

Las familias se comprometieron al pago del terreno, pero el acompañamiento de las autoridades se fue alejando cada año. Después de diez años el problema persiste, manifestó el lí­der campesino.

La búsqueda de acceso a la tierra, no logra resolverse, dijo Pascual.

Luego que inició la repatriación hubo expectativas en la población indí­gena porque habí­a recursos a nivel internacional para asentar comunidades, pero los gobiernos de turno no invirtieron en infraestructura y servicios para desarrollar las poblaciones.

«Las poblaciones volvieron a quedar en el olvido», expresó el lí­der campesino.

Según Pascual, el conflicto armado provocó que aproximadamente existiera un millón de refugiados, 500 mil desplazados internos (hacia otros departamentos y cabeceras).

Más de 1.5 millones huyeron a las montañas, es decir, la conformación de Comunidades de Poblaciones en Resistencia CPR.

Cuando fueron reasentados fueron ubicados en fincas poco productivas y con dificultades de acceso a las comunidades, dijo Pascual.

Después de diez años de firmar la Paz, el avance de los mismos es de un 30 por ciento y no de 90% como lo indican las autoridades, apuntó Pascual.

Los Acuerdos de Paz, luego de una década de haberse firmado, continúan teniendo vigencia

La polí­tica que muestra la administración del presidente í“scar Berger va dirigida a beneficiar a la explotación de mineras, hidroeléctricas que dejan por un lado el desarrollo de las comunidades.

Identidad de pueblos indí­genas

Los Acuerdos de Paz «soñaron» con una nación intercultural y multicultural. Sin embargo, no se ha llevado a la práctica, y, por muy bonito que suene, sólo se encuentra en el papel. Ni siquiera se admitió que se incluyera en la Constitución, en la fallida Consulta Popular. Prácticas discriminatorias continúan sin que se haga algo al respecto.

Para la CNOC, los acuerdos no se han cumplido con el sector de los pueblos indí­genas.

Carlos Arriaga, de la comisión ejecutiva y el programa de los derechos de los trabajadores del campo de la CNOC, dijo: «Creemos que en los Acuerdos de Paz, después de una negociación, tanto representantes del Gobierno, del ejército y representantes de la URNG discutieron la situación de los pueblos indí­genas, para darle un respeto digno a los indí­genas del paí­s, ya que nuestro pueblo es multicultural, multiétnico, toda una diversidad en que vivimos, y en cuanto al derecho que les corresponde como son el derecho a la tierra, al vestir y su espiritualidad, por ejemplo».

Asimismo, Arriaga expresó que los Acuerdos de Paz están planteados como lineamientos por donde el Estado debe desarrollar todos sus programas, su polí­tica y todo lo que contempla la Constitución de la República; «contempla el Convenio 169 o los convenios ratificados por Guatemala, están planteados en los Acuerdos de Paz, pero lamentablemente a diez años casi no se ha avanzado en cumplir lo que el indí­gena tiene derecho, principalmente el acceso a la tierra, ya que en los acuerdos toca en lo socioeconómico y situación agraria.»

Justicia social

Una de las grandes motivaciones de los años 70 para continuar con la insurgencia, fue la paupérrima condición de vida de la población guatemalteca, especialmente en el área rural. Los grandes compromisos en educación, salud, economí­a, agricultura, y otras áreas sociales, aún no se han dado, y tal parece que no se darán pronto.

Debe reconocerse que la conflictividad agraria es un fenómeno social que ha existido desde los tiempos de la colonia y la repartición efectuada después de la conquista. A lo largo de los años se ha demostrado que el Derecho Civil, por ser un derecho formal, impide a los jueces ir más allá en la solución de los conflictos agrarios. Por ello se considera que, para resolver las cuestiones agrarias no basta una Justicia Agraria, sino también un Proceso Agrario, un proceso ágil, más simple y lo menos formal posible, con sistemas y criterios de apreciación de la prueba que den al juez un papel más activo, dinámico, humanista y sensible.

Los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indí­genas y Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, elevados a categorí­a de Ley de la República, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, establecen que Guatemala requiere de una reforma del marco jurí­dico del agro y de un desarrollo institucional en el área rural que permita poner fin a la desprotección y el desalojo que han afectado a los campesinos y, en particular, a los pueblos indí­genas, que permitirá la plena integración de la población campesina a la economí­a nacional, y que regule el uso de la tierra en forma eficiente y ecológicamente sostenible de acuerdo con las necesidades del desarrollo.

Uno de los principales problemas que generó el conflicto armado interno que duró más de 36 años en nuestro paí­s fue la tenencia de tierras que permaneció y que en algunos casos aún se encuentra en manos de los sectores poderosos.

La Corte Suprema de Justicia para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz para la instalación de los Tribunales Agrarios coordinó la mesa de diálogo para la instalación de esta judicatura, pero tras la salida del CACIF de las negociaciones la instalación de los tribunales quedó estancada.

Analistas coinciden que el tema agrario, seguridad y educación así­ como la reducción de la pobreza sólo han quedado en tinta y papel por lo que no se ha dado cumplimiento a los Acuerdos de Paz establecidos el 29 de diciembre de 1996.

Función del Ejército

En teorí­a, el papel del Ejército se ha modificado. Sin embargo, no hay aún una visión de satisfacción para los militares en la actualidad. Se considera que aún tienen mucho presupuesto, y que su función deberí­a estar encaminada a defender, por ejemplo, la selva petenera.

La intención de los Acuerdos de Paz era que se redujera de a poco el Ejército, pero éste no puede desaparecer tan fácilmente. Sólo para desarticular los polvorines, por ejemplo, se necesitan millones de quetzales, los cuales no les son proporcionados.

La institución armada que fue el protagonista en la lucha contrainsurgente y ostentó el poder durante muchos años en el paí­s, no es la misma si se compara con hace diez años, sin embargo, existen aún muchas aristas que cuestionar.

Para la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro Por Guatemala, existe un cambio sustancial en el Ejército de antes de los Acuerdos de Paz.

«Ha existido una reducción sustancial a quince mil efectivos arma, y gracias a los Acuerdos de Paz, la institución se fue circunscribiendo a la seguridad externa, eliminando su papel de represión», asegura Montenegro.

Pese a estos cambios, organizaciones sociales han cuestionado el presupuesto elevado de la institución armada, así­ como las sospechosas transferencias detectadas en los últimos años.

«No hay enemigo interno a combatir, las funciones del Ejército son menos», justifica Montenegro su crí­tica a las asignaciones presupuestarias que goza la institución castrense.

Para el coronel Jorge Ortega, vocero del Ministerio de la Defensa, desde el inicio de los Acuerdos de Paz la institución ha tenido «cambios sustanciales» que van desde la modernización y la transformación de la fuerza.

«De 59 mil hombres pasamos a conformarnos en 15 mil 500. Los acuerdos normaron que habí­a que reducir un 33% de la fuerza, pero nos vimos obligados a incumplir esto y sobrepasamos las expectativas quedando un 37% de la fuerza inicial», asegura Ortega.

La demanda de seguridad y la insuficiencia en la cobertura obligó a la Policí­a Nacional Civil a pedir el apoyo del Ejército para acuerpar los patrullajes conjuntos en las zonas más conflictivas.

Ello levantó fuertes crí­ticas en las organizaciones sociales, cuestionando el porqué se auxilia de los militares para prestar servicio a civiles.

Según el coronel Ortega, el artí­culo 249 de la Constitución les ordena prestar toda la colaboración a todas las instituciones del Estado.

«Si de algo están urgidos los guatemaltecos es de seguridad», indica.

Fortalecimiento de la democracia

Una nueva ley sobre Partidos Polí­ticos y Elecciones se planteaba como necesaria, pero hoy dí­a los grandes temas de ese acuerdo no se han tomado en cuenta, como la apertura democrática, el fortalecimiento del TSE, la supervisión de las donaciones a partidos polí­ticos.

La debilidad manifestada por el Tribunal Supremo Electoral, TSE, al no controlar la campaña anticipada de varios partidos polí­ticos, se debe a la falta del reglamento electoral y a la incertidumbre generada por la poca certeza de recibir más de Q400 millones contemplados en el proyecto de presupuesto oficial que no fue aprobado por el Legislativo.

Ante los recursos, pese a que no se aprobó el proyecto de presupuesto por Q39 mil millones en el que se contemplaba la ampliación presupuestaria al TSE, Ví­ctor Ramí­rez, de la Gran Alianza Nacional, GANA, Mario Vásquez, del Partido de Avanzada Nacional, PAN, Roxana Baldetti, del Partido Patriota, PP, Roberto Kestler, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y representantes de otras organizaciones partidarias confirmaron que aprobarán las transferencias presupuestarias necesarias para garantizar el proceso electoral.

Además, Max Cabrera y Julio Mora, de la Alianza Nueva Nación, ANN, expresaron su temor porque el año 2007 se verá marcado por la violencia polí­tica.

Mora afirmó que esa organización ha sido blanco de violencia polí­tica, pues varios activistas de Zacapa afrontan amenazas por parte de opositores.

Virna López, de la GANA, Arí­stides Crespo, del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, y Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, repudiaron la violencia polí­tica y los ataques contra lí­deres de partidos.

Ese es el panorama que observan los polí­ticos para el próximo año.

Violencia

En declaraciones que dio el Procurador de los Derechos Humanos a principio de año, en la Guatemala de la actualidad mueren más personas a diario, que en los tiempos del conflicto armado interno. ¿A esto se referí­an a la «firma de paz»?

A criterio del Procurador, los problemas que iniciaron el conflicto armado interno fueron otros, pero a través del tiempo la base fundamental de ellos todaví­a persiste como lo es la extrema pobreza, la inseguridad; en estos tiempos se ve que se avanza en los espacios formales e institucionales, no así­ en los espacios reales que es donde la población necesita que se le preste atención.

La violencia se ha incrementado en los últimos tiempos debido a la falta de capacidad de parte de las autoridades de darle a la población la seguridad que necesita, incluso hay varios casos de corrupción interna donde, debido a procesos internos de las diferentes instituciones, no se les puede destituir sin que existan represalias por parte de los involucrados en los actos de corrupción, ya que en la mayorí­a no se pueden comprobar debido también a la falta de apoyo por parte de la población para denunciar a los que están cometiendo actos de corrupción.

Las altas autoridades celebran la firma de la paz, pero los problemas aún se siguen dando y los niveles de violencia cada año se incrementan sin que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.

Esclarecimiento histórico

Luego de que se presentaran dos informes sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado, el esclarecimiento histórico se dio por «clausurado» en Guatemala. Tal parece que están contentos con lo dicho hasta ahora. ¿Será que ya no hay injusticias que denunciar? ¿Será que sólo presentando un informe las ví­ctimas están satisfechas? ¿No se piensa dar seguimiento a esos informes para hacer justicia? ¿Se enjuiciará a los generales responsables de las masacres y genocidio?

*Con la colaboración de Hugo Alvarado, Hugo Madrigal, Amalia Hernández, Eswin Quiñónez, Samuel Flores y Jorge Sente.