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Si por un lado es lamentable que durante este gobierno no solo continuó, sino que aun se incrementó, la desgracia en que crónicamente viven nuestras  escuelas, hospitales y todo tipo de servicios del Estado, es todaví­a más inaceptable que sabiendo desde hace varios meses que se llegarí­a al actual estado de crisis, no hayan tomado las medidas necesarias, para prevenirlo.  

Peor aún, que se pretenda usar la necesidad y el sufrimiento del pueblo como mecanismo de presión polí­tica, crear intranquilidad social con fines electoreros y usar la demagogia populista como argumento contra lo obvio y  razonable.

Debe quedar claro que cualquier iniciativa que quite  recursos a la salud y la educación, en las condiciones de precariedad en que viven millones de guatemaltecos,  es  un crimen de lesa patria y lesa humanidad. Quienes la promuevan, permitan o apliquen son sujetos de juzgamiento  por sus actos.  

La responsabilidad de los funcionarios trasciende sus mandatos temporales, paso a paso, en todo el mundo, se está acabando la impunidad.

Que no haya fondos nunca ha sido culpa del pueblo. Es total responsabilidad de gobiernos crónicamente politizados, clientelares y corruptos, que derrochan sin parar nuestros recursos, nos endeudan por generaciones y venden, alquilan o regalan nuestra soberaní­a.

Guatemala  no está  destruida por  los golpes de la naturaleza, aunque ésta ciertamente nos ha castigado, sino por la descarada corrupción que por años ha venido haciendo muy, muy  ricos a  innumerables “servidores” públicos que han llenado sus bolsillos con millones de quetzales que debieron usarse para terminar con la miseria del pueblo.

Mientras la  perversidad de esta corrupción no se reconozca  y los funcionarios corruptos no sean investigados, juzgados y castigados  ejemplarmente,  ningún dinero,  venga de donde venga, va a saciar la codicia de los  politiqueros parásitos, que volverán a robárselo impunemente  sin importarles  el hambre, la miseria, la enfermedad, ignorancia y  desesperación de millones de guatemaltecos.

Estamos de acuerdo que los gobiernos necesitan dinero para cumplir su misión de servir a los ciudadanos, pero también que  tenemos todo el derecho de verificar que nuestro patrimonio, sea administrado con capacidad y honradez.

La piñata debe terminar. La reducción de gastos debe empezar por los sueldos, dietas, prebendas y derroche de los funcionarios de todas las instituciones del Estado, autónomas y semiautónomas que se han vuelto verdaderos paraí­sos de la corrupción y el clientelismo.    Debe terminarse con el saqueo de tanto asesor, vocero, consultor, secretarias súper pagadas, etc.  incluyendo en  el Congreso,  Organismo Judicial, etc. No más guardaespaldas, vehí­culos, gasolina, viajes, etc. pagados por el pueblo.

En Bolivia, el Sr. Presidente, Evo Morales, dio un paso digno, cuando redujo su salario y el de sus ministros  a menos de la mitad,  señalando que “no podí­a ganar tanto mientras su pueblo viví­a en la pobreza.” Ojalá el buen ejemplo sea  contagioso.

Son muchos los privilegios, “buenos negocios  con jugosas comisiones” que encarecen la medicina, la obra pública y en general toda la operación del Estado y alegres “gastos discrecionales”, que deben terminar antes de pensar siquiera en reducir un centavo a la educación y la salud. 

Mientras exista corrupción, una mayor recaudación tributaria no redunda en instituciones estatales más fuertes y eficaces,  menos aun, en mejores servicios públicos esenciales como seguridad y justicia, educación, salud, etc., porque los fondos se siguen gastando a manos llenas, pero en fondos sociales sin transparencia o se pierden en las oscuras maniobras de fideicomisos públicos, ONG bambalinas y en general en el agujero negro del gasto público discrecional sin control ni transparencia.

Es una realidad que ni la Presidencia ni el Congreso de la República tienen solvencia moral para imponer más cargas a los guatemaltecos mientras ellos nadan en un mar de corrupción e incapacidad.  

Es por lo tanto la hora de los ciudadanos.

Sólo la sociedad civil, actuando con firmeza pero dentro de los procedimientos democráticos establecidos, es capaz de poner un alto a la desbocada carrera hacia la ingobernabilidad.

Acercándose el momento de elegir nuevas autoridades debemos ser muy cuidadosos con el  voto. Si no queremos más de lo mismo, seleccionemos  bien a los funcionarios que por cuatro años administrarán  nuestro paí­s.

Ellos deben saber que no reciben carta blanca ni derecho de corso. 

Por el contrario asumen responsabilidades y deberán entregar cuentas claras de su gestión.   Si lo hacen la patria se los agradecerá. Si le fallan serán sujetos de la aplicación de la ley y el castigo que corresponda a su delito.