Pese a los escasos resultados al frente del Ministerio Público como Fiscal General, Juan Luis Florido logró mantenerse en el puesto por más de cuatro años. Estudios de diversas organizaciones sociales que trabajan el tema de la seguridad ciudadana, la justicia y los niveles de impunidad, dan cuenta de mayores desatinos que aciertos durante su administración.

Desde el principio, en febrero de 2004, no podí­a preverse otro panorama. Con la urgencia de eliminar a la mayorí­a de funcionarios del Frente Republicano Guatemalteco, la Gran Alianza Nacional emprendió una cruzada por ocupar los puestos estratégicos del Estado, aún cuando no se garantizara la independencia polí­tica de las instituciones con funciones constitucionalmente autónomas; la designación de Florido fue uno de los ejemplos más claros. El ahora ex fiscal habí­a sido electo como diputado al Congreso de la República por la Gana, y de ahí­, abandonó la curul para hacerse cargo del Ministerio Público.

La imparcialidad no fue la principal y más importante carta de presentación de Florido, más bien, su identificación hací­a un sector bien definido de la población no tuvo espacio para las dudas y repercutió en la dirección de su trabajo.

Sumado a esto, y pese a lo establecido en los Acuerdos de Paz y en la misma Constitución Polí­tica de la República sobre su fortalecimiento, el Ministerio Público es una institución débil. Según datos de ASIES, hasta junio de 2006 el MP contaba con mil 180 agentes y auxiliares fiscales, lo que representa una tasa de 9.63 por cada cien mil habitantes; además 97 de cada 100 homicidios no son esclarecidos. Investigaciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales determinan que, dos años después, la situación no ha variado: en el paí­s se da un 98% de impunidad.

Organizaciones sociales citadas en un estudio del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) resumen en pocas palabras el escenario para el Ministerio Público, al señalar que esta institución «ha creado un mecanismo de impunidad en su mismo seno al archivar los casos sin hacer diligencias racionales, que pudieran conducir al esclarecimiento de los procesos judiciales».

Obviamente, la actual debilidad institucional del Estado es el resultado de las acciones implementadas por los últimos gobiernos, dirigidas a vedar los principales derechos que garantizan el ejercicio de la ciudadaní­a. Sin embargo, Florido no puede salir del Ministerio Público con aplausos porque su gestión no representa el fortalecimiento de la institución. «El MP está en pañales», señaló hace varios años en una conferencia de prensa. Lo malo, es que nunca le dio ni siquiera el biberón para que aprendiera, a por lo menos, avisar para ir al baño.