Dada la forma en que se han manejado los desastres naturales en las últimas décadas en Guatemala, cuando se produce uno de ellos no sólo nos golpea cobrando vidas y destruyendo la infraestructura, sino abriendo espacios enormes para incrementar, aunque parezca ya imposible, el robo de los recursos públicos porque en la “emergencia” se aprovechan los funcionarios y empresarios inescrupulosos para armar toda clase de negocios que les permiten millonarias ganancias a costillas del dolor ajeno y de la destrucción del país.

Cuando se habla de que unos están en la pena y otros en la pepena es precisamente al darse estas dolorosas circunstancias en las que buena parte de la gente está sufriendo los efectos devastadores de una tragedia causada por un fenómeno natural, mientras que unos pocos que se pasan de vivos, diseñan estructuras para robarse todo lo que puedan en el menor tiempo posible. Todas nuestras emergencias causadas por las tormentas de las últimas décadas han dado lugar a robos descarados que se vuelven más deleznables, más criminales si cabe el término, porque se explota el dolor, el sufrimiento y las necesidades de la gente para multiplicar exponencialmente la corrupción.
 
 Creemos que el gobierno de Pérez Molina tiene ahora una enorme disyuntiva. Se le abren espacios más grandes aún de los que tiene todos los días para que sus funcionarios se hagan millonarios compartiendo negocios con empresarios inescrupulosos que saben cómo se manejan los negocios de reconstrucción porque los probaron con Mitch, Stan, Agatha y cualquier lluvia que haga daño al país. Mediante las compras o contrataciones de emergencia pueden disponer sin límite ni supervisión alguna de millones de quetzales para su propio beneficio siguiendo esos ejemplos que, está demostrado, son garantía de la impunidad que existe en el país y que permite a los ladrones gozar tranquilamente del dinero mal habido sin tener que rendirle cuentas a nadie.
 
 Pero también está la oportunidad de hacer algo por el país. Acaso ingenuamente señalamos esa otra posibilidad, porque los antecedentes tanto de gobiernos anteriores como los de este mismo gobierno no dan para optimismos en materia de honestidad y transparencia, pero un terremoto es un daño demasiado serio, demasiado severo, como para que lo veamos simplemente como pretexto para robar.
 
 Si el gobierno de Pérez Molina todavía tiene algún  interés, por mínimo que sea, de pasar a la historia por algo positivo y de beneficio de la población, es éste su momento de demostrarlo. La emergencia debiera servir, si acaso, para juzgar sumariamente a cualquier funcionario o empresario ladrón que se quiera robar el dinero necesario para atender las necesidades de la gente.

Minutero:
¿Será que aquí no es posible
que gobiernen sin robar? 
Ante este terremoto sensible 
lo podremos comprobar