Unos proponen olvidar el pasado para perdonar y otros consideran que para perdonar es necesario hacer justicia; esas opiniones se arrecian y se tornan radicales cuando surge alguna noticia relacionada al juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, que dejó ver el grado de polarización que existe en el país.

En ese sentido surgen cuestionamientos en torno a la reconciliación que se supone ya se había iniciado en el país tras la firma de los Acuerdos de Paz.

El 16 de enero del 2012, mediante un memorial, José Efraín Ríos Montt, general retirado y exjefe de Estado, comunicó su decisión de enfrentar  la justicia, y entregarse voluntariamente ante las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Recién había perdido la inmunidad que gozaba como diputado, cuando fue ligado a proceso por los delitos de genocidio y deberes en contra de la humanidad.

Mucho antes, y aún más fuerte desde entonces, el proceso que enfrenta Ríos Montt, por la muerte de mil 771 indígenas del área Ixil, ha despertado las pasiones en diferentes sectores de la población.

La paz y la reconciliación supuestamente se alcanzarían con la firma de los Acuerdos de Paz en 1996; sin embargo, ante este proceso contra el militar retirado se hizo más que evidente que en el país aún hay fuertes síntomas de polarización.

JUSTICIA PARA LA DEMOCRACIA

En un análisis realizado por la Fundación Mirna Mack en octubre pasado, se indica que entre las consecuencias que trajo el final del Conflicto Armado Interno que vivió el país está la necesaria e irrenunciable responsabilidad del Estado de Guatemala de investigar, juzgar y condenar a los responsables de los crímenes que se cometieron.

“En el centro mismo de las posibilidades de construir el país, sus relaciones políticas, ciudadanas y su tejido social, destruidos por el conflicto, está el cumplimiento de esta responsabilidad. No hacerlo sería abrir la puerta a un camino sin eventual retorno, que imposibilite la viabilidad social plena, el funcionamiento institucional eficaz del sistema político democrático que se quiere construir y la fortaleza institucional necesaria para que el Estado obtenga consensos sociales activos de la población desde toda la diversidad étnica y cultural del país”, se detalla en el análisis.

De otra forma no se podría coordinar y cohesionar equitativa y eficazmente el esfuerzo de toda la sociedad, es decir, profundizar la democracia dentro de un Estado de Derecho sólido e incluyente, sostiene Fundación Mirna Mack en su análisis.

“No es una exageración afirmar que en la actual coyuntura social de Guatemala, los acontecimientos derivados del histórico juicio contra un exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, relacionado con las atrocidades cometidas contra la población Ixil entre 1982 y 1983 abren un resquicio clave y estratégico en la línea del cumplimiento de los deberes estatales anteriormente señalados”, indican.

A consideración de la entidad, el juicio iniciado al general retirado es una “invaluable y posiblemente irrepetible oportunidad de iniciar el camino de la construcción democrática socialmente equitativa con fortaleza institucional”.

No obstante tal oportunidad estaría “echándose a perder” por la prevalencia del litigio malicioso y la voluntad de poder de sectores fácticos de las élites económicas, militares, políticas y sociales que se sienten señaladas en el juicio.

En una de las conclusiones del informe de análisis refiere el motivo principal que conjuga los esfuerzos “elitarios” para acallar, negar y ocultar la realidad, es no exponer a la conciencia pública nacional e internacional los hechos cometidos durante la guerra civil.

“Porque la misma pone de manifiesto las responsabilidades materiales, penales, políticas y éticas de quienes cometieron las atrocidades como funcionarios públicos, o como particulares, avalaron con su silencio cómplice o participación directa”, acota.

La entidad enfatiza en que si el esfuerzo por impartir justicia en este caso paradigmático es echado al cesto de la impunidad por las presiones fácticas y la incompetencia amañada y dolosa del Sistema de Justicia, Guatemala enfrentará la imposibilidad de ver, reconocer y solventar su historia, como paso primario para gestar una realidad distinta y democrática.

JUZGAR PARA ALCANZAR LA PAZ

Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), opinó que cada proceso penal tiene un interés diferente, pero en el caso contra Ríos Montt el asunto es particular porque pone a prueba al sistema de justicia.

“En Guatemala, mientras no se juzguen este tipo de casos y no se sancione a los responsables va a ser difícil que llegue la reconciliación”, añadió.

Reyes recordó que cuando se firmaron los Acuerdos de Paz, se esperaba una reconciliación para el pueblo de Guatemala, no obstante dicho propósito lo habrían alcanzado solo los “dos bandos”.

“La reconciliación fue entre la guerrilla y el Ejército, y lastimosamente no se acordaron nunca de las víctimas del conflicto armado interno, quienes fueron las que más perdieron en esa mesa de negociaciones”, manifestó.

Esa parte obviada durante la firma, es la que ahora clama justicia, señaló. También agregó que los tipos de casos con los que se puede lograr la reconciliación son muy distintos a la tipificación de los delitos en el caso contra Ríos Montt, que son genocidio y deberes en contra de la humanidad.

“En Guatemala existe una Ley de Reconciliación Nacional que es producto de los Acuerdos de Paz. Desde la propia estructura en que se organizaron los mismos se estableció un catálogo de los tipos penales en que se puede aplicar amnistía, y se excluyen los ilícitos de genocidio y deberes contra la humanidad, porque Guatemala tiene que ser garante de los derechos humanos, y cumplir con los tratados internacionales que en la materia ha firmado”, precisó.

El entrevistado consideró que si en el país no existe justicia, nunca se llegará a la paz y por ende, a la reconciliación. Según su criterio, la justicia se logra únicamente con el diligenciamiento de los procesos penales contra los responsables de las masacres y violaciones de derechos humanos.

“Casos como el que nos ocupa y el de distintas masacres que ya se han juzgado, están dando indicios de que en Guatemala sí se puede aplicar la justicia y que es necesario que se deje trabajar al sistema de justicia y al Ministerio Público, para que se juzgue y se sancione a los responsables de las grandes violaciones a los derechos humanos”, concluyó.

DEJAR TODO ATRÁS

En este tema, la contraparte opina que judicializar los casos del conflicto armado es contradictorio a la intención de lograr una reconciliación en Guatemala, ya que cada vez se exponen más las heridas de los 36 años de guerra que sufrió el país.

En ese sentido, el abogado y constitucionalista Calos Molina Mencos opinó que los Acuerdos de Paz fueron una “aberración jurídica”, llevada a cabo por un gobierno que no estaba autorizado para hacerlo y un grupo de “terroristas”.

“No se consultó a la población y la URNG no tenía personalidad jurídica, legalmente no existía, y de allí no podía salir ningún pacto social; entonces prácticamente fue un cese de fuego, en el cual la guerrilla se benefició porque ya estaba derrotada”, manifestó.

Sin embargo, dijo que le producía más preocupación el hecho de que como país se estuviera buscando más “lo que nos divide, que lo que nos une”, haciendo alusión al caso contra Ríos Montt.

“El problema con este proceso (por genocidio) es que algún sector está tratando de inducir a pensar tal vez un poco distinto a la realidad; es un proceso jurídico y yo no he visto una sola interpretación jurídica, lo que ha habido es una cacería de brujas”, dijo enfático.

Molina Mencos aseguró que en Guatemala no hubo genocidio, y que pese a esto la muerte de las personas durante el conflicto armado interno no se compensará con el juzgamiento de los participantes de la guerra en los tribunales.

“Genocidio implica la intención de exterminar una raza, religión o grupo étnico. En Guatemala hubo matanzas, barbaridades, pero no hubo genocidio. Esto nunca se va a compensar. Los verdaderos responsables de las masacres fueron los de la guerrilla, ellos iniciaron la guerra, el terrorismo, y lo hicieron fuera de Ley. Su fin era romper el orden constitucional para establecer un Estado marxista”, opinó.

A criterio del constitucionalista, durante el conflicto armado, el Ejército defendía el orden constitucional para mantener una República. “Los malos no son los militares”, señaló el abogado y aquejó su juzgamiento.

“Si vamos a hacer justicia, hagámosla pero en los dos bandos. La guerrilla se mete en una amnistía y se le respeta su acogida de amnistía. O todos hijos o todos entenados. Juzguemos a ambos con la misma vara, porque el problema de seguir machacando esto es que el tiempo cura heridas, pero si seguimos echándole cal a la herida, esta nunca va a sanar”, opinó.

Molina Mencos consideró que lo ideal para el país sería olvidar, para lograr seguir adelante; sin embargo, dijo que ve esa posibilidad muy difícil porque hay grupos que no lo quieren olvidar. A dicho sector llamó “las viejas izquierdas”, “personas que quieren mantener la zozobra, porque siempre han vivido del odio”.

“Yo quisiera ver otra Guatemala. Yo siempre he estado enamorado del guatemalteco de pueblo, porque es una persona muy honrada, muy trabajadora, con principios básicos muy buenos, y la estamos envenenando”, dijo.

Lo que podría hacerse ante esta falta de reconciliación y disfuncionamiento de los Acuerdos de Paz, señaló Molina, es buscar un pacto social, sentar en una mesa de diálogo los grupos representativos de hoy, porque “si no encontramos otra salida vamos a entrar a otra guerra”.

TODO SE AMNISTIÓ

Francisco Palomo, abogado y defensor de Ríos Montt en el proceso por genocidio, también consideró que en Guatemala no se firmó una “paz” real, sino que fue un proceso mal fundamentado y que se quedó a medias.

“No se hizo como en El Salvador, donde se firmó el perdón y el olvido y todo el mundo se fue a la política, pero nada de juicio, ni de procesar militares ni guerrilleros, sino que simplemente se olvidó, se dejó en el pasado, se amnistío, precisamente a todos los efectos perniciosos de la guerra, y esa es la única manera en que en El Salvador hay una relativa paz, mejor que la nuestra”, opinó.

Según Palomo, si en Guatemala no se respetan las amnistías jamás habrá una verdadera reconciliación.

“Eso es lo que estamos pidiendo, que se declaren vigentes las amnistías, que se apliquen, que se terminen los procesos, y eso permitirá en un tiempo una verdadera reconciliación; no son procesos inmediatos porque hay gente que definitivamente sufrió de los dos lados”, indicó.

Palomo reconoció que su familia también sufrió pérdidas por la guerra, pero dijo que simplemente no buscaron “venganza”, sino que solo olvidaron y perdonaron, “porque si no, no hay manera de que uno tenga paz en el alma”.

En relación a los grupos que exigen el juzgamiento del general retirado, opinó que se trata de ONG’s extrajeras y grupos que viven del dinero que mandan las entidades internacionales, que a su criterio, buscan el lucro y no la reconciliación del país.

“Por eso ellos son los que alientan estos incendios. Ellos dicen que para perdonar hay que hacer justicia, pero lo que tienen es un interés económico, y yo le garantizo que si esta gente dejara de recibir fondos de una entidad internacional dejarían de demandar. No lo hacen por amor al deporte, sino por amor al dinero”, criticó.

La defensa de Ríos Montt insiste en que a su cliente debe aplicársele la amnistía decretada por Óscar Humberto Mejía Víctores, en el Decreto Ley 8-86.

POLARIZACIÓN PRESENTE

Jorge Mario García Laguardia, doctor en Derecho y experto constitucionalista, opinó que los Acuerdos de Paz se cumplieron en cuanto al rompimiento de las hostilidades armadas, pero en realidad no fueron efectivos.

“Las bases de la polarización están presentes desde la época de la Colonia; este es un país de los más desiguales y corruptos del mundo, y mientras no se solucionen estos dos problemas, seguirá estando presente”, indicó.

Esto sigue en manos de los grupos que gobiernan el país desde la época colonial, manifestó. El entrevistado dijo que en Guatemala no habido una democratización del poder, ni participación de toda la población, donde se busquen arreglar los problemas y solventar la necesidad de todos los sectores.

Al consultarle su postura respecto a las dos opiniones que se encuentran en torno a este proceso, de “sin justicia no hay paz”, y “olvidar para seguir adelante”, expresó que éstas son las dos posiciones que cada quien puede optar para tener un punto de vista.

“Yo me recuerdo bien que en la tradición española cuando Piedro Galván* dijo que todos sabían que él tenía una gran memoria pero que había necesidad de olvidar todo para caminar hacia adelante; esa es una de las posiciones, y la otra es el castigo de todo lo que pasó”, manifestó.

Ante la polarización de la sociedad guatemalteca, que se hizo más evidente durante el juicio por genocidio, señaló que también salió a la luz la discriminación de las clases subalternas que se ha mantenido desde la independencia.

“No ha habido ningún cambio”, acotó y analizó que éste es uno de los países del mundo donde sucedieron las atrocidades más grandes, “casi semejante al Holocausto de los judíos en Alemania”, porque “todos los días aparecían centenares de muertos en las bases militares, y eso es verdaderamente deplorable”.

“Esa situación histórica es la que produce la polarización y la discusión sin límites, y en este caso la irresponsabilidad de los abogados que defendieron al general Ríos Montt porque en lugar de defenderlo auténticamente y plantear el tema ante los tribunales se dedicaron a entrampar el proceso para convertirlo en una discusión que no termina. Yo lo dije en el momento en que surgió la primera resolución y lo estamos viviendo en cada momento”, enfatizó.

García Laguardia expresó que para cambiar la situación y erradicar la polarización de la sociedad, los guatemaltecos comunes pueden incidir dejando de lado la indiferencia, para “participar, discutir, estar presente en todos los problemas del país”.