Las recomendaciones dirigidas al Estado de Guatemala para frenar la violencia contra la mujer se repiten año tras año, sin que haya una respuesta efectiva para detener el flagelo, que cobra la vida de cientos de féminas anualmente y además, repercute de forma directa en la focalización de la violencia económica y social contra este sector.

Abelino Méndez, quien fue guardaespaldas del ex ministro de Gobernación, Salvador Gándara, fue sentenciado a 37 años de cárcel, luego de que un tribunal lo encontrara culpable por violaciones a 14 mujeres ocurridas en dos años.

Las investigaciones revelaron que, entre 2007 y 2008, Méndez buscaba mujeres jóvenes en las paradas de buses en las zonas 10, 13, 14 y 15 de la capital, y con un arma de fuego las obligaba a subir a una camioneta de color beige y luego las violaba; además, obtení­a información personal de las ví­ctimas para extorsionarlas y evitar que después lo denunciaran.

Aunque la sentencia para el violador fue condenatoria, organizaciones civiles que velan por los derechos de las mujeres la calificaron de «nefasta», pues a pesar de presentar evidencias documentadas y cientí­ficas sobre las violaciones, estas no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal Undécimo de Sentencia, lo que habrí­a significado una pena más dura para el agresor.

Las activistas aseguran que las penas imrpuestas por la justicia guatemalteca son mucho menores a las que tendrí­an que ser dictadas por una violación, amenaza y secuestro; ya que según el Código Penal, por violación sexual la pena es de 8 a 12 años, por secuestro de 25 a 50 y por amenazas son sanciones que podrí­an ser de 20 a 60 dí­as de prisión. Y tomando en cuenta que fueron 14 mujeres las ví­ctimas, las penas tendrí­an que multiplicarse y los acuerdos internacionales recomiendan que se deben tomar medidas aún más drásticas que las que ahora se dictan.

Con este caso, las mujeres evidencian cómo continúan las agresiones contra las mujeres, e incluso demuestran que existen diferencias en los fallos, cuando las ví­ctimas son hombres, lo que además supone una clara muestra de «discriminación».

Aunque perciben elementos positivos en materia de equidad de género desde la promulgación de la ley contra el feminicidio, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres creen que los avances en este tema son invisibles, en comparación con las amenazas para el sector femenino, que deberí­an ser suprimidas como lo mandan las instancias internacionales de las que Guatemala forma parte.

CEDAW

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), un instrumento internacional de protección en materia de derechos humanos de las mujeres -aceptado y ratificado por Guatemala- evalúa periódicamente la situación del paí­s en cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos para promover la equidad de género en todos los ámbitos del Estado y la sociedad.

Aunque el último informe destacó como un elemento positivo la aplicación de la ley contra el feminicidio y otros avances técnicos y sociales, el documento destaca los retos que el paí­s tiene por delante para evitar que continúe la violencia selectiva contra las mujeres y cese la discriminación hacia ese grupo.

El informe también revela que dentro de los retrocesos se encuentra la prevalencia de un marco jurí­dico discriminatorio, las condiciones de desigualdad para las mujeres en materia de salud, empleo y educación.

Pero, ¿qué sentido tiene ser un paí­s ratificador de convenios para hacer valer los derechos humanos de las mujeres, si las recomendaciones no son cumplidas por el Estado guatemalteco?

Para Cecilia ílvarez, representante del Grupo Guatemalteco de Mujeres, sí­ tiene sentido adoptar las recomendaciones, porque no es conveniente para el Estado ser tachado como violador de los derechos humanos de las mujeres en organismos multilaterales y la firma de convenios significa una presión para todos los funcionarios de Estado.

El informe es importante porque pone a trabajar a los representantes de las instituciones del Estado para incluir a las mujeres dentro de la sociedad, aunque sea en una mí­nima medida. «Lo que sucede es que no consideran a las mujeres como ciudadanas, porque no son un sector prioritario. Siempre surge algo más importante que el tema de mujer, y con las recomendaciones se coloca el tema en agenda», refiere.

La explicación para el incumplimiento de tan importantes recomendaciones es, según ílvarez, que no existe capacidad especializada de las personas que reciben las denuncias de las mujeres cuando se trata de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. Es el primer fallo de un sistema machista, refiere.

Por otro lado, tampoco se cuenta con recursos adecuados para crear o fortalecer instancias dedicadas al tema de género. Son «los imaginarios sociales que se manejan sobre la violencia hacia las mujeres, derivado de raí­ces culturales de machismos e indiferencias con el trato».

MíS VIOLENCIA

Hilda Morales, representante del Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia (Conaprevi), aseguró que con el pasar de los años la violencia hacia la mujer se ha incrementado hasta un 93 por ciento.

«En años anteriores se podí­a hablar de un 42 por ciento de violencia contra hombres y un 7 por ciento contra mujeres, pero ahora los hechos de saña y la violencia intrafamiliar han hecho que los puntos focales sean las mujeres».

La representante de Conaprevi aseguró además que existe una marcada discriminación hacia la mujer en la sociedad guatemalteca, que se evidencia con la reducida participación femenina en la polí­tica, lo que se ejemplifica con que de 158 representantes en el Congreso de la República solamente 19 son diputadas, mientras que en la Corte de Constitucionalidad, de 14 magistraturas solo un cargo es para una mujer.

Para que se pueda dar cumplimiento a los acuerdos ratificados por Guatemala, es necesario iniciar con espacios en las agendas de los tres poderes del Estado, quienes son los responsables en hacer valer los derechos humanos de las personas, señala la experta

Ante esto, deberí­a cobrar relevancia la Secretarí­a Presidencial de la Mujer (Seprem), entidad de Gobierno encargada de requerir información tanto a las entidades estatales como sociales para verificar el cumplimiento de los acuerdos ratificados por la presidencia. Sin embargo, son escasos los recursos asignados a esta institución, lo que parece no ser una coincidencia en una sociedad patriarcal.

Silvia Salazar, asesora de la Seprem, considera que las recomendaciones de la CEDAW tienen un sentido muy importante porque son un compromiso de Estado, donde la Seprem tiene que ser la rectora y lograr que los tres poderes asuman el compromiso de hacer que se cumplan las leyes, así­ como los acuerdos.

«Hay que hacer varias reformas legislativas pero lastimosamente en el Congreso de la República hay muy pocos avances. Sucede esto por la carencia de tiempo y porque siempre hay cosas supuestamente más importantes que las mujeres. Los temas como justicia, seguridad y el presupuesto siempre va a ser algo antes que nosotros, pero no se dan cuenta que los temas están estrechamente ligados».

Ana Gladis Ollas, representante de la Secretarí­a de la Mujer de la Procuradurí­a de Derechos Humanos (PDH), considera que, aunque las recomendaciones de la CEDAW no se cumplan, son una presión significativa para el Estado, porque los organismos e instituciones tienen que estar pendientes de que no se discrimine a las mujeres y que se cumplan sus derechos.

«Las organizaciones de la sociedad civil y la de la PDH están buscando el respeto a los derechos de las mujeres. Por ello se presentan dos informes: uno para parte de cada entidad y otro general, de tal manera que destacamos que es importante también que la sociedad guatemalteca presente sus opiniones sobre los informes del Estado, porque es importante para el desarrollo de las mujeres».

«Actualmente se ha visto por parte de la Secretarí­a (Seprem) un poco más de decisión para darle seguimiento y buscar cómo mejorar la participación femenina. El Estado como tal no tiene presente el tema, porque hay leyes pero no hay iniciativa de ninguna entidad estatal para hacerlas valer, pero en eso tenemos que trabajar».

La representante de la PDH aseguró que el Estado debe generar las instrucciones para el cumplimiento de los derechos de las mujeres y la comunidad internacional debe pensar en sancionar a los firmantes de los acuerdos que no cumplan con los compromisos adquiridos. «Es momento de que se dejen las firmas de convenio en un segundo plano y empiecen a actuar», puntualizó.