En Guatemala las personas se endeudan o entregan sus propiedades para poder pagar grandes sumas de dinero que los reclutadores laborales piden para facilitarles la obtención de empleo y costear los trámites de viaje hacia Estados Unidos (EE. UU.).

Ya en aquel país, descubren que no obtienen el trabajo con las características prometidas, y los obligan a trabajar en condiciones de servidumbre y explotación.

Más de tres mil trabajadores guatemaltecos han sido víctimas de fraude laboral, pues les son otorgadas visas temporales de trabajo en Estados Unidos (H-2B), a cambio de la apropiación ilegal de sus títulos de propiedad por parte de reclutadores en el país.

MODUS OPERANDI

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) explica que los guatemaltecos son contratados por empleados de agencias privadas que no están reguladas en EE.UU.

Aunque en Guatemala el Código de Trabajo las obliga a registrarse en el Mintrab, algunas incumplen este requerimiento, por lo cual no son reguladas o monitoreadas. Además, OIM argumenta que por su propia debilidad institucional, la entidad ha sido foco de corrupción en este tema, por parte de sus funcionarios.

OIM expone que los reclutadores de estas agencias cobran alrededor de Q25 mil, por los trámites de transporte al destino, visas, papeleo, entre otros. Los trabajadores, que en su mayoría viven en condiciones de pobreza, deben obtener préstamos para sufragar los altos costos; sin embargo los contratistas también piden como garantía los títulos de propiedad de sus bienes inmuebles.

CASOS LLEVADOS A LA JUSTICIA

OIM denuncia que hasta el momento no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, a pesar que organizaciones de la sociedad civil han entrevistado a trabajadores afectados que relatan las circunstancias y condiciones de trabajo que podrían ser consideradas por este delito, por el incumplimiento en las garantías laborales y la vulnerabilidad de las víctimas.

Según la OIM, son escasos los testimonios de trabajadores que se atreven a relatar su situación, pues los mismos no solicitan apoyo de las organizaciones por el miedo a ser deportados.

En el caso del trabajador con estatus regular, así como para el irregular, muchas veces la calidad migratoria depende del empleador, por lo cual una denuncia podría anular las circunstancias sobre las cuales el estatus migratorio está basado.

En reiteradas ocasiones, las denuncias han sido por: pago incompleto o robo de salario, sentido de obligatoriedad por haber hipotecado o cedido los bienes inmuebles, confiscación de documentos legales y nulo acceso a servicios de salud cuando ocurren lesiones provocadas en el trabajo.

Finalmente, la OIM exige al Estado guatemalteco generar políticas de desarrollo integral en el país, pues manifiestan que estos casos se dan, fundamentalmente, por la falta de aplicación consecuente de derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos, pues muchos de ellos por su misma marginalidad, desigualdad y pobreza, son víctimas de este fraude laboral.

Se intentó contactar al canciller Fernando Carrera para conocer su opinión al respecto. Se nos indicó que se encuentra en Uruguay por Mercosur.

Sin embargo, la Cancillería informa que la institución monitorea los programas de visas temporales cuando el destino es Canadá, pero no cuando es hacia Estados Unidos.

En estos casos, la Cancillería sugiere acercarse a los consulados en aquel país para las acciones correspondientes.

TRABAJO TEMPORAL

Solo en el año 2005, mediante el programa H-2, Estados Unidos otorgó más de 89 mil visas H-2B y 32 mil visas H-2A a trabajadores huéspedes o temporales, cuya estadía durará menos de un año.

Este programa fue creado en 1943, cuando la industria de la caña de azúcar del estado de Florida, obtuvo permiso de contratar en el Caribe a trabajadores en calidad de huéspedes; y posteriormente mediante una reforma en 1986 se creó el programa agrícola H-2A y el no agrícola H-2B.