El gobernador del Estado mexicano de Oaxaca Ulises Ruiz debe investigar las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por la policía durante un enfrentamiento con manifestantes en Oaxaca hace una semana, señaló este martes Human Rights Watch.
«Si está comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su Estado, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados,» dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch.
El organismo de defensa de los derechos humanos indicó en un comunicado que ha recibido informaciones creíbles de que la policía llevó a cabo detenciones arbitrarias, detuvo a personas en coches y autobuses, y golpeó a otras.
El lunes 16 de julio, durante una marcha de miembros y simpatizantes de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en esa ciudad, se produjo una violenta confrontación con la policía municipal y estatal.
La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes mientras que ambos grupos lanzaron piedras. El enfrentamiento ocurrió cerca del auditorio público donde se llevaba a cabo la celebración cultural Guelaguetza.
La policía golpeó fuertemente a algunos de los detenidos, al punto que requirieron hospitalización. Según HRW, Emeterio Merino Cruz, de 43 años, fue bajado de un autobús y arrestado aparentemente «por tener tierra en las manos lo cual la policía atribuyó a que había lanzado piedras».
Después de varias horas bajo custodia policial, Merino Cruz fue transferido a un hospital con lesiones que ameritaron cirugía. Después de una semana, permanece hospitalizado en terapia intensiva, precisó HRW.
Funcionarios del Estado de Oaxaca inicialmente informaron que hubo un total de 40 detenidos de los cuales cuatro requirieron atención médica.
La Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Rosario Villalobos, reconoció públicamente que los policías estatales incurrieron en «uso excesivo de la fuerza» y aceptó que el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en estos excesos.
Con el fin de evitar violaciones similares en el futuro, HRW recomendó a Ruiz advertir a la policía que el trato abusivo no será tolerado bajo ninguna circunstancia, y que los funcionarios que incurran en estas prácticas serán destituidos y estarán sujetos a investigaciones penales.