El Consejo Ecuménico y organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran de urgencia nacional, debido a la extrema violencia que afecta al paí­s, la aprobación del Acuerdo Nacional de Seguridad que aún discuten los representantes de los tres poderes del Estado.

El reverendo Vitalino Similox, presidente del Consejo Ecuménico -instancia que aglutina varias iglesias- consideró que el proceso «al parecer se está llevando más tiempo del que se esperaba», por lo que instó al Gobierno para que el mismo se suscriba lo antes posible: «pedimos a los tres organismos del Estado que se pongan de acuerdo», refirió.

Similox recordó que en las propuestas que se han efectuado, especí­ficamente en la que fue presentada por varias instancias el 28 de enero último -Universidad pública, Iglesias y Procuradurí­a de los Derechos Humanos- se hicieron sugerencias de aplicación inmediata y de corto plazo que debieran estarse aplicando.

El reverendo indicó que al ser aprobado el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia, esperan que «en la práctica se den tres cosas: que las mismas sea asumidas efectivamente por las instituciones del Estado, que sean un compromiso abierto, público y objetivo de los tres organismos», apuntó.

«SIN VOLUNTAD»

Por su parte, Claudia Samayoa, de la Convergencia por los Derechos Humanos, estimó que el tiempo de espera para los tres poderes y otras instancias concluyó, por lo que con los insumos hasta que ahora le han sido aportados al Gobierno desde sociedad civil, comunidad internacional, entre otras, tienen los insumos suficientes para tomar las decisiones necesarias.

«No es ninguna ciencia, de hecho los temas de seguridad y justicia han sido bastante discutidos; es más un asunto de voluntad polí­tica, lo que está haciendo falta a estas alturas es eso: falta de voluntad polí­tica», afirmó la activista.

A criterio de Samayoa, el Estado tiene suficientes elementos para trabajar: «Solo la propuesta que les ha hecho CICIG, sobre cuáles son los aspectos mí­nimos con los que deben trabajar, tendrí­an una agenda de trabajo, (…) podrí­an establecer un acuerdo mí­nimo de agendas especí­ficas con las cuales empezar a trabajar y dar resultados en materia de coordinación», refirió.

Samayoa dijo que ya no se debe discutir por cuánto tiempo más la población podrá soportar los hechos violentos que cada dí­a se exacerban, sino preguntarle al Estado qué más debe suceder para que ellos concluyan en consenso y aprueben el plan.

«La sociedad civil ha hecho todo lo que hay que hacer, se han presentado propuestas; hoy está en manos de los polí­ticos del Congreso, del Ejecutivo y del Organismo Judicial, empezar a hacer algo de coordinación», reiteró Samayoa.

INTERESES

La representante de la Convergencia también señaló que los intereses que se manejan, tanto en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son los principales factores para que el Acuerdo Nacional de Seguridad no haya sido definido.

«Por parte del Legislativo, tenemos una situación de intereses complejos que han estado bloqueando la ley de armas y municiones, que es parte de los acuerdos a los que hay que llegar. El OJ ha sido bastante señalado en torno a la corrupción e impunidad, por lo que el compromiso es desmontar la misma. El Ejecutivo debe comprometerse a hacer esos cambios y a responsabilizarse con los otros poderes», concluyó la entrevistada.