El gobierno panameño informó que Colombia le solicitó formalmente la extradición de la ex jefa de la policía secreta María del Pilar Hurtado, acusada en su país de estar involucrada en un sonado escándalo de espionaje.
La Cancillería señaló el miércoles en un comunicado que el pedido colombiano llegó la víspera y que le dará su respectiva evaluación para determinar si corresponde o no darle curso.
Hurtado, quien dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre agosto de 2007 y octubre de 2008, se asiló en Panamá en noviembre de 2010 aduciendo razones de seguridad.
«Al igual que todas las solicitudes de extradición que se reciben en esta institución, procederá a analizar la documentación enviada, a fin de determinar la viabilidad de la misma de acuerdo con la legislación nacional e internacional, así como con las circunstancias y particularidades propias del caso y en concordancia con la política de asilo que el Estado ha desarrollado desde su fundación hace más de un siglo», explicó la Cancillería.
Recordó que a Hurtado se le otorgó asilo territorial el 19 de noviembre del 2010, y sin mencionar a la ex funcionaria afirmó que cualquier persona en el extranjero tiene derecho a buscar asilo en los casos de «persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos» y de acuerdo con las leyes de cada Estado e internacionales.
Agregó que la extradición «no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos».
La Cancillería no dio detalles de la solicitud del vecino país.
En Colombia, un funcionario de la Cancillería confirmó el inicio de los trámites de extradición, a solicitud del ministerio de Justicia.
Hurtado es considerada pieza clave en el escándalo de espionaje que estalló en 2009 y para conocer un eventual involucramiento del ex mandatario Alvaro Uribe en esas tareas ilegales por parte de un organismo que dependía directamente de la Presidencia.
Es requerida por la supuesta comisión de cinco delitos: convenio para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en un documento público.
Uribe (2002-2010) ha negado cualquier acción ilegal y no hay ninguna averiguación formal en su contra.
La Fiscalía colombiana ha dicho que el espionaje telefónico y el seguimiento se realizó sobre activistas de derechos humanos, políticos opositores, e incluso, algunos magistrados de la Corte Suprema.
Contra Hurtado también hay orden de captura.
Al menos otros cinco importantes ex funcionarios de Uribe también están siendo investigados por los mismos hechos vinculados al espionaje ilegal.
El ex gobernante y sus funcionarios se han declarado inocentes de cualquier ilícito y, por el contrario, han dicho que si hubo labores de espionaje desde el DAS fueron adelantadas por empleados corruptos de esa institución.
Debido al escándalo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cerró el DAS en octubre de 2011.