La agrupación opositora Podemos condicionó el restablecimiento de las funciones del Senado, bajo su control, a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales, retroceda en su política «dictatorial» de imponer el mecanismo de votación de la nueva Carta Magna en la Asamblea Constituyente.
Horas después de que una negociación entre el vicepresidente ílvaro García y los partidos opositores abrieran la posibilidad de una salida a la crisis boliviana, el diputado de Podemos, Fernando Messmer, expresó la disposición de su partido a reactivar las sesiones del Senado que debe tratar las modificaciones a la ley de tierras, a través de las cuales Morales se propone acabar con el latifundio y distribuir tierra entre pobres.
«Estoy seguro que se puede alcanzar un consenso. Hay razones valederas para pensar que se puede alcanzar un consenso» sobre la ley de tierras, siempre y cuando el mandatario izquierdista revea su actitud de «avasallamiento» de la Asamblea Constituyente, dijo Messmer, cercano al ex presidente derechista Jorge Quiroga.
Opuesto a la decisión del MAS de aprobar con su mayoría el reglamento de debates de la Constituyente, Podemos retiró a su bancada de 13 parlamentarios del Senado, luego de exigir que la nueva Constitución sea aprobada con el voto de 170 (dos tercios) de los 255 miembros del deliberante.
El legislador opositor insistió en que «la causa principal del bloqueo (en el Senado) es el atropello y la ilegalidad que han cometido en Sucre (sede de la Asamblea) apartándose de lo que manda la Constitución», machacó Messmer.
«Nosotros estimamos que no tiene ningún sentido seguir extremando esfuerzos, buscando consensos en leyes ordinarias en el Congreso entretanto se ha decidido que en Sucre la nueva Constitución será redactada únicamente por el MAS, ignorando la posibilidad que participen las otras fuerzas representadas en la Asamblea», esgrimió.
Por su parte, el presidente del Senado, Santos Ramírez, acusó a Podemos y a la centroderechista Unidad Nacional, de atender los intereses de latifundistas y torpedear la reforma de la ley de tierras.
So pretexto del sistema de votación en la Constituyente, «se pretende dispersar y hacer ver aquí que el problema de la ley Inra no es un problema central», argumentó Ramírez, miembro prominente del MAS.
Las escaramuzas verbales entre oficialismo y oposición bolivianos tienen lugar después de que una organización civil empresarial de la rica región de Santa Cruz, foco principal de la reforma agraria de Morales, anunciara una huelga de hambre contra el mandatario, también, a un día de que se reanude la negociación entre García y la oposición.