Familiares de los secuestrados por la guerrilla colombiana de las FARC, pedirán en Washington a congresistas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se opongan a un rescate militar que, según ellos, intenta el gobierno colombiano, dijo hoy una fuente civil.
«Una comisión de familiares de secuestrados viajará a Estados Unidos, con algunos abogados, con el objetivo de conversar con congresistas sensibles al tema del secuestro en Colombia, en especial del Partido Demócrata, para buscar respaldo a un intercambio humanitario», dijo el ex presidente Ernesto Samper.
Samper (1994-98), que a título personal impulsa la realización del canje junto al también ex mandatario Alfonso López (1974-78), dijo que la delegación de familiares de los plagiados también presentarán una solicitud a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Ellos pedirán que la Comisión decrete el rescate militar como una medida riesgosa para los secuestrados. El rescate se ha convertido en la única posibilidad para que los secuestrados recuperen su libertad pero es un riesgo enorme y por ello es urgente la suscripción de un canje», añadió.
Samper y López criticaron tanto al gobierno de ílvaro Uribe como a las FARC, a los que acusa de no tener una real voluntad para llevar a cabo el canje de 57 secuestrados por unos 500 rebeldes presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ex presidente también se declaró dispuesto a impulsar un proyecto de ley que facilite el canje. «En vista de esta angustia que produce la espera queremos crear unas condiciones legales para que tanto gobierno como las FARC se sienten a firmar el acuerdo», concluyó.
Las FARC han propuesto al gobierno de Uribe canjear a un grupo de 57 rehenes que incluye a tres estadounidenses, a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt (también de nacionalidad francesa) y a decenas de políticos, policías y militares, por unos 500 rebeldes presos.
Para realizar ese intercambio el grupo rebelde exige la desmilitarización de los municipios de Pradera y Florida, en el departamento del Valle (suroeste).
El 20 de octubre pasado, Uribe suspendió los acercamientos que había ordenado iniciar con las FARC para buscar una negociación, tras la explosión de un coche bomba en una instalación militar en Bogotá que atribuyó a los rebeldes.