La Asamblea de Pueblos de Huehuetenango (ADH) manifestó su rechazo por lo que considera una ofensiva del gobierno sobre los recursos y bienes naturales de los pueblos, entre ellos los minerales, el mercurio, los ríos, el petróleo y los bosques.
La ADH ha evaluado la situación que prevalece en la región norte de Huehuetenango, habilitada por los pueblos Q’anjob’al, Chuj Akateko y Mestizo, y llegó a la conclusión de que este proceso de invasión y saqueo está acompañado de una clara estrategia militarista de represión, persecución y criminalización en contra de los liderazgos comunitarios.
Asimismo, señaló como ejemplos para el territorio de Huehuetenango, casos como el de Santa Cruz Barillas, que ha sido perseguido desde hace dos años, provocando luto, muerte, encarcelamiento y persecución de líderes; Santa Eulalia, que ha sufrido la pérdida de uno de los hijos de la Madre Tierra, Daniel Pedro, a manos de sicarios contratados por la empresa Hidro San Luis.
San Mateo Ixtatán, hostigado durante los últimos dos años, principalmente en sus comunidades de Isquisis y Pojom, por la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico, donde se irrespetan los acuerdos y a las autoridades comunitarias.
La ADH indicó que estas comunidades fueron masacradas y divididas durante el conflicto armado interno y hoy vuelven a vivir el miedo y la persecución, ante la instalación del destacamento militar, a lo que se suman otros focos de provocación, como la intención de instalar por la fuerza tendidos de alta tensión, cobros ilegales y facturas alteradas por la empresa Energuate.
La agrupación manifiesta su preocupación por el futuro cercano de Santa Cruz Barillas, que está en la mira de esta estrategia represiva y exige que el ejército abandone los territorios de Isquisis y Pojom; los pueblos de Huehuetenango no somos conflictivos, mucho menos terroristas, concluyó.