Las cámaras del Agro, Comercio e Industria manifestaron su rechazo al incremento de la deuda pública que plantea el Ejecutivo, al que exigen transparencia y un combate frontal contra la corrupción, mientras que el Gobierno insiste en la emisión de bonos para pagar una deuda flotante de obras de infraestructura y préstamos externos incluidos en el presupuesto general
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En conferencia de prensa, los representantes del sector privado organizado sugirieron al Gobierno combatir la corrupción, priorizar el gasto y transparentar el uso de los recursos, entre otras medidas, para disponer de fondos que les permitan honrar su deuda.
Por otro lado, fueron enfáticos en rechazar el endeudamiento programado por el Ejecutivo a través de la emisión de bonos y la aprobación de préstamos.
“Este Gobierno no tiene conciencia con lo que están haciendo”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz.
Andrés Castillo, presidente de la Cámara de la Industria explicó que están de acuerdo en que el Estado debe de honrar deuda, siempre que sea con transparencia y con el respaldo de una buena obra ejecutada.
Catillo señaló que las deudas deben de ser pagadas por ingresos corrientes mediantes mecanismos que combatan la corrupción, prioricen el gasto público, transparenten el uso de los recursos monetarios, combatan el contrabando y evasión de impuestos en las aduanas.
“Es irresponsable usar deuda para pagar deuda”, comentó.
Por su parte el vicepresidente de la cámara del Agro, Ricardo Villanueva, instó a la Junta Monetaria que se basen en “análisis puramente técnicos y no por influencias políticas” al momento de emitir un dictamen sobre las condiciones para emitir bonos.
PROMESAS INCLUMPLIDAS
De acuerdo con los empresarios, en “campaña el Presidente de la República ofreció no más deuda y no más impuestos”, por lo que ahora reclaman la aprobación de “un paquete tributario anti-técnico”, así como un incremento de la deuda pública externa en 23.8% y de la interna en 9.78%.
Según los empresarios, de aprobarse los bonos, se generará más inflación, incrementando los precios de los productos y agravará la situación económica de la población con menores ingresos.
Además, se obligaría al Gobierno a destinar más ingresos de los impuestos a pagos de intereses y abono a capital de los préstamos y bonos, pondría en riesgo la calificación de país como destino de atracción de inversiones, obstaculizaría las capacidades de generación de empleo e incrementaría el déficit fiscal debido a que, adicionalmente, la recaudación de impuestos está por debajo de las proyecciones del presupuesto
LA DEUDA
Los préstamos que todavía no ha aprobado el Congreso son uno del Banco Internacional de Desarrollo (BID), por un monto de Q1,600 millones, que servirá para pagar el servicio de deuda pública y otro del Banco Mundial de Q1,600 millones, que será ejecutado por Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Q781 millones) y para del servicio de la deuda pública (Q819 millones).
Por otro lado, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi insiste en la emisión de bonos por Q3 mil 445 millones para obtener fondos con los que se pueda pagar la deuda flotante en la cartera que dirige.
Se intentó conocer la postura del Ministro de Comunicaciones, pero no respondió los llamados a su teléfono móvil.