La Cámara de Industria de Guatemala expresó su rechazo a la recientemente aprobada Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, exponiendo que la misma fue elaborada sin consensos técnicos y restará competitividad a las empresas nacionales.
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Ante la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Trasmisión de Datos; el sector industrial junto con la Gremial de Operadores de Televisión por cable manifestaron su rechazo a dicha normativa, indicando que perjudicará el emprendimiento y la inversión de las empresas nacionales.
Los industriales mostraron su desacuerdo por la aprobación de la ley, pues señalaron que la misma tiene “serias” deficiencias técnicas y jurídicas al no haberse realizado consulta alguna a los sectores que conocen del tema.
Asimismo, advirtieron que dicha ley crea condiciones diferenciadas y no equitativas para empresas que ofrecen el mismo servicio, generando privilegios y monopolios con el amparo del Estado.
Finalmente, destacaron que existe incongruencia en la aprobación de la nueva normativa, pues por un lado se intenta justificar “la urgencia nacional” con la que fue discutida y dictaminada, por la necesidad de controlar las telecomunicaciones móviles en las cárceles; aunque el plazo para aplicarla es de 8 meses.
La iniciativa de Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad fue ingresada al Congreso de la República el 8 abril de 2014, y aprobada de urgencia nacional ese mismo día.
Según la Gremial adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), esta situación se dio sin haberse analizado ni emitido dictamen favorable por parte de alguna comisión legislativa y sin contar con el suficiente sustento técnico ni jurídico, sentando “un precedente peligroso para la competitividad del país”.
Los empresarios se unieron al pronunciamiento del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), que calificó la Ley como una “aberración jurídica” que refuerza los oligopolios y sacrifica el bien común.