La comunidad judía rechazó ayer la decisión de la presidenta Cristina Fernández de enviar al Parlamento para su eventual aprobación el acuerdo entre Argentina e Irán para avanzar en la resolución del atentado a una mutual judía en 1994.
Guillermo Borger, titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) –cuya sede fue objeto del atentado hace más de 18 años–, cuestionó duramente el pacto entre ambos países el viernes en una entrevista con The Associated Press y advirtió que acudirán a los tribunales internacionales para impedir que se ponga en práctica.
El ataque a la mutual judía fue perpetrado con un coche bomba, causó 85 muertos y según la justicia del país sudamericano tuvo como ideólogo al Estado iraní.
Borger dijo que el memorándum de entendimiento firmado en enero por ambos países es «una propuesta intempestiva que sorprendió» y que posiblemente desencadenará «un enfriamiento» en las relaciones cordiales que mantuvo hasta aquí la comunidad judía con la presidenta. «Espero no se quiebre», acotó el dirigente.
«El mundo le cierra las puertas a Irán, un Estado fundamentalista y negador del Holocausto», resaltó Borger.
Buenos Aires y Teherán acordaron la creación de una comisión de cinco prestigiosos juristas de nacionalidades distintas a la argentina y la iraní para avanzar con la causa en la que la justicia del país sudamericano pidió hace años la detención de ocho iraníes, sin lograr la ayuda de las autoridades del país islámico.
Para su entrada en vigor, el acuerdo debe ser aprobado por los Parlamentos de ambos países. El oficialismo tiene en Argentina el control de ambas cámaras legislativas. El canciller Héctor Timerman explicó la iniciativa días atrás a la comunidad judía, dejando sin resolver varias dudas.
El memorándum de entendimiento ya ingresó al Senado en el marco de un proyecto de ley y el Ejecutivo convocó el viernes a sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero para que sea analizado. Grupos de la oposición han anunciado que no acompañarán la iniciativa y exigieron que se presente el canciller para dar explicaciones.
Al defender el jueves el acuerdo, Fernández dijo que la posibilidad que contempla de interrogar a los acusados en Teherán no implica «ninguna renuncia de soberanía». Además subrayó que «no son vinculantes» las recomendaciones que den los juristas internacionales sobre cómo proceder con la causa en el marco de la ley y regulaciones de ambos países, a partir de las evidencias que recaben sobre cada uno de los sospechosos.
Julio Schlosser, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), también rechazó el entendimiento con Irán en declaraciones a la prensa al señalar que no es claro.
Cuestionó el hecho de que, según dice el texto del acuerdo, los únicos que podrían ser interrogados en Teherán son «los cinco iraníes que tienen alerta roja» de Interpol. Estos últimos son, según la página web de la policía internacional, el actual ministro de Defensa Ahmah Vahidi; el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan; el ex consejero de la Embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani; el ex tercer secretario de la embajada Ahmad Reza Asghari y el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai. Además se emitió otra notificación roja para el libanés Imad Fayez Mughniyah, fallecido en 2008.
Borger está convencido que aún si un juez argentino viaja a Teherán para interrogar a los acusados, el gobierno iraní nunca los entregará a la justicia para su juzgamiento en Argentina.
Bajo estas condiciones el acuerdo «es una nueva maniobra dilatoria», opinó.
Interpol no emitió notificaciones rojas para Ali Rafsanjani, Ali Akbar Velayati y Hadi Soleimanpour, que eran respectivamente el presidente de Irán, el canciller y el embajador iraní en el momento del ataque y sobre los que pesan graves acusaciones en la causa judicial argentina. Medios de prensa señalan que no se emitieron notificaciones para ellos por una cuestión formal de Interpol que recomienda no hacerlo contra altos funcionarios de países asociados a la policía internacional.
Según Interpol, las notificaciones rojas no son órdenes de detención, sino uno de los medios de que dispone esa institución para informar a sus 190 países miembros de que autoridades judiciales han expedido una orden de detención contra alguien.
No obstante, según Interpol, muchos de países consideran la notificación roja equivalente a una «solicitud de detención provisional válida», especialmente «cuando el país solicitado está vinculado al solicitante por un tratado de extradición bilateral».