Ante la limitación que podría imponerse a la Contraloría General de Cuenta (CGC), mediante la iniciativa de ley “Fortalecimiento de la Institucionalidad para la Transparencia y la Calidad del Gasto Público”, registro 4461, en temas de fiscalización a entidades de gobierno,

la Contralora, Nora Segura, y los diputados de la Bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), expresaron su inconformidad.

Ambas partes argumentaron que  dicha limitación no permitiría a la CGC fiscalizar a los entes autónomos como la Universidad de San Carlos de Guatemala y a las Municipalidades, que también forman parte del Estado pero que se rigen de manera independiente.

En la iniciativa, que fue lanzada por el Ejecutivo, se prevé un apartado en el que podría fijarse una multa de 80 mil quetzales al funcionario que no cumpla con la normativa. La multa a su vez tiene un límite basado en el sueldo del funcionario sancionado, y es que el máximo de la multa no podrá ser mayor que el 50 por ciento de su sueldo.

“Eso es una burla total a la transparencia, es una burla total a los procedimientos del Estado y están matando a la Contraloría General de Cuentas”, expresó Álvaro Trujillo, de la bancada Lider.

Además, la iniciativa aborda el retiro de los fondos privativos a la CGC, fondos que sirven para su funcionamiento, para así ser trasladados al fondo común, de los cuales solo el 50 por ciento sería entregado en el próximo año.