«Tampoco puede aceptarse que la grave situación de peligro social deba seguir igual o peor a las actuales circunstancias; todo lo contrario, es de suponer que el estado asuma su responsabilidad […] deberí­a ser revisada por sus emisores en un plazo prudencial que no fuera mayor de un año».

Así­ apunta parcialmente el apartado VI de la declaración sin lugar a la inconstitucionalidad general total contra los acuerdos gubernativos 105-2009 y 129-2000 promovida por el diputado Manuel Antonio Baldizón Méndez y que fue resuelta en el expediente 2313-2009.