Las zonas 6, 12 y 18, y municipios aledaños a la capital, son los más peligrosos del paí­s

Los lugares más afectados son el Barrio San Antonio, Santa Luisa y Quintanales en la zona 6, así­ como las colonias Maya, San Rafael II, Kennedy y residenciales Los Olivos, en la zona 18; Ciudad Real y la Reformita en la zona 12.

Los municipios no son excluidos de la problemática, pues Villa Nueva, Mixco, San José Pinula y Villa Canales, entre otros, son ví­ctimas del temor que causan estos grupos.

Según los vecinos de estos sectores la paz que robaron estos grupos va más allá de lo que únicamente se escucha, no sólo para las ví­ctimas sino, para quienes deben presenciar las bajezas de los responsables de estos hechos.

LOS PROBLEMAS

Los residentes señalan que los asesinatos a sueldo, los secuestros rápidos y la distribución de armas y drogas son los problemas de mayor trascendencia en esos sectores, donde se sabe que los autores de esos delitos son gente que opera bajo la sombra del crimen organizado, pero que nadie quiere enfrentar porque son «capaces de cometer cualquier cosa».

SICARIOS

Las principales ví­ctimas de los sicarios son los comerciantes, pequeños empresarios, transportistas y dueños de mototaxis, quienes han muerto a sangre frí­a por dos principales causas: la primera por no pagar la extorsión, pues muchos de ellos se quedaron en la calle y no pudieron reunir la cantidad exigida, pero por otro lado, su muerte fue aprovechada por los sicarios para apoderarse de la herramienta que les serví­a de apoyo económico.

Fuentes policiales confirman estos hechos, pues varios de los asesinos se convirtieron en «empresarios» al arrebatar sus pertenencias a las ví­ctimas.

En la actualidad se sabe que en la mayorí­a de las zonas en mención, los asesinos cuentan con buses del transporte colectivo, mototaxis, tiendas y hasta son dueños del servicio de cable, luego de segar la vida de las personas que en algún momento gozaron del beneficio de contar con esas fuentes de trabajo.

SECUESTROS RíPIDOS

Las últimas capturas efectuadas por investigadores policiales, confirman la versión de que los delincuentes prefieren las zonas residenciales o condominios cerrados, en donde ingresan para analizar a quien podrí­a convertirse en una potencial ví­ctima de secuestro.

Sin embargo, esta no es la única forma para cometer un plagio, pues los delincuentes aprovechan los fines de semana para visitar discotecas ubicadas principalmente en las zonas 9 y 10 para monitorear las veces que la persona frecuenta estos centros y cuánto gastan.

En algunos casos las ví­ctimas son retenidas en las zonas residenciales donde viven estos grupos, o bien si esas personas no reúnen «los requisitos» exigidos por los delincuentes únicamente son llevadas a un cajero automático o al banco, para que entregue el dinero que posee, en el peor de los casos si no cuenta con suficiente efectivo, si es hombre es golpeado o asesinado, una mujer corre con la misma suerte, al agregado que puede ser ví­ctima de una violación sexual.

DROGAS

No se sabe con precisión cuántos narcomenudistas distribuyen drogas por colonia, lo que se si sabe es que algunos tienen ví­nculos, pero existe un pequeño porcentaje que se disputa dichos territorios.

Fuentes policiales refieren que se ha llegado al punto de que hasta los propios distribuidores de droga que forman parte de un mismo grupo se han matado entre sí­ con el fin de quedarse con ese «negocio».

Un ejemplo de ello, fue lo sucedido la semana pasada, cuando se capturó a dos hombres que distribuí­an narcóticos en Montserrat II, zona 4 de Mixco, de quienes se sospecha, asesinaron a Thelma Elizabeth Barrera, de 35 años, quien era la dueña del comercio de narcóticos y cónyuge de uno de éstos.

La mujer fue hallada muerta hace más de un mes y operaba junto a los detenidos. La policí­a indica que los presuntos homicidas la mataron para obtener todas las ganancias del narcomenudeo.

ARMAS

Una de las frases que más se escucha en boca de los grupos organizados es «gana quien tenga más armas», pues a través de estos instrumentos pueden asesinar y a amenazar a cualquier persona.

Los grupos delincuenciales no consiguen únicamente las armas en el mercado negro, pues deben buscar otras estrategias para contar «con más poder», para ello deben matar o asaltar a sus ví­ctimas.

Las personas más afectadas son los guardias de seguridad privada que viajan en vehí­culos junto a los vendedores ruteros, pero también los que recogen el dinero en teléfonos públicos.

Los agentes son las personas más vulnerables, pues son copados en los lugares donde operan o viven estos grupos delincuenciales, algunos han muerto para evitar ser atracados por los delincuentes.

«INTOCABLES»

Difí­cilmente la gente que es testigo de estos hechos no denunciará lo que observa en su colonia o comunidad, porque no cuenta con la seguridad necesaria por dar a conocer lo que sabe.

A decir de los afectados, esta gente es capaz de cometer cualquier vejamen en su contra y cabe la posibilidad que los capturen, pero luego serán dejados en libertad, ya que cuentan con los recursos y las influencias para salir pronto de prisión y buscar a quien los denunció.

Por esa razón, la población teme dar a conocer la situación a la Policí­a Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), porque argumentan la falta de medidas de protección, la impunidad y el divorcio entre ambas instituciones.

Por su parte, investigadores policiales, refieren que inician las pesquisas para llevar a cabo las aprehensiones que deben ser giradas por orden de juez, pero desafortunadamente no hay mucho que hacer, porque requieren de una denuncia formal, ya que el MP solicita pruebas contundentes para iniciar un proceso legal.

A criterio de Amí­lcar Velásquez Zárate, fiscal general, la forma como la población pueden contribuir para erradicar la problemática, es realizando la denuncia respectiva y argumentando lo que acontece, pues en algunos casos sucede que la gente se retracta o ya no quiere continuar con lo que inició.

El representante del MP, dice que sin pruebas tampoco pueden detener a nadie ni emprender acciones legales.

Asimismo, indica estar consciente que ni la PNC ni el MP pueden trabajar aisladamente, pues ambas instituciones deben intercambiar información y trabajar de manera conjunta para obtener buenos resultados.

Velásquez concluye en que este año la Fiscalí­a contra el Crimen Organizado desarticuló varias bandas organizadas como las que se hacen mención, por lo que no descarta que en 2010 se capturen a los miembros de dichos grupos que hostigan a la ciudadaní­a guatemalteca.