La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal reactivó la persecución penal en contra de Salvador Gándara y Raúl Velásquez, ambos exministros de Gobernación, junto con dos contratistas más, señalados por la mala reconstrucción de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.
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El pasado 22 de febrero Walter Villatoro, juez Décimo del Ramo Penal, declaró con lugar una cuestión prejudicial y ordenó trasladar el caso por trabajos de remodelación deficientes en Fraijanes II a la vía administrativa, suspendiendo así la persecución penal contra los involucrados.
Dicha resolución fue apelada por el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Tras conocer las impugnaciones, la Sala Primera de Apelaciones resolvió revocar lo decretado por Villatoro y reactivar el proceso penal contra los exfuncionarios Gándara y Velásquez, así como a los empresarios Rodrigo Lainfiesta Rímola, y su primo, Juan Diego Lainfiesta Cajas.
De acuerdo con la resolución, la cuestión prejudicial decretada por el juez Décimo no se ajusta a la ley, ya que dicha institución jurídica está contemplada como una cuestión previa a decidir sobre la continuación del proceso penal.
“Los hechos denunciados y los medios de convicción aportados, establecen claramente conductas que infringen la ley y que deben dilucidarse en proceso penal, los cuales obviamente no dependen del resultado de otro juicio”, anotan los magistrados en su fallo.
También advierten que el procedimiento contencioso administrativo seguido por los actos irregulares en la suscripción de un convenio de administración financiera en Fraijanes II, es totalmente independiente del proceso penal, “por no tener un efecto vinculante con la cuestión prejudicial planteada”.
“Cabe señalar que las conductas criminosas atribuidas a los sindicados y los medios de investigación aportados por la entidad fiscal, fundamentan que la acción penal siga su curso”, enfatiza la Sala Primera.
Por último, la instancia de apelaciones ordena al juzgado Décimo seguir con el trámite normal del proceso penal.
En relación al fallo emitido, se prevé que Gándara deberá pagar Q15 millones que la Sala había ordenado como fianza para acceder a su libertad condicional.
LOS HECHOS
Según las investigaciones, existieron anomalías en los procesos de contratación y en la ejecución del proyecto para remodelar la cárcel de Fraijanes II, para el cual se habrían destinado Q17.4 millones.
El caso vincula a directivos de la organización no gubernamental Fundtech, empresarios, y a los exfuncionarios de Gobernación.